Las municipalidades y sus programas de identidad de género para niños
Con cada nueva sesión, la Comisión Investigadora sobre los tratamientos transafirmativos a niños va desenredando la madeja de instituciones involucradas en lavarle el cerebro a chicos y grandes, promover la idea de que se puede transicionar de un sexo a otro -¡desde los 3 años!- y que puede terminar en hormonas y cirugías. Es cierto que hay una crisis de seguridad, otra de economía, una más de corrupción y elecciones a la vuelta de la esquina… pero estamos hablando de nuestros niños, de su integridad, de su vida, de su futuro.
Y es muy grave lo que se ha revelado. Que hay más de 2.500 niños han ingresado al PAIG; que, sólo en la red pública, más de 600 están recibiendo hormonas, y hay tres casos que son desde los 9 años; que hay padres “resistentes” que han perdido a sus hijos por orden de un tribunal de familia; que existe una derivación desde ¡un jardín infantil!; que hasta Poncio Pilatos se pondría rojo de vergüenza con el lavado de manos del Minsal, ISP y Cenabast; que el Mineduc diseña protocolos para derivar niños desde las escuelas al PAIG; que no hay seguridad de la existencia y contenido de los consentimientos informados de los padres; que hay, al menos, 42 casos de adolescentes con operaciones de reasignación de sexo.
Y la semana pasada, las municipalidades salieron al baile. En la sesión del lunes 7, la Comisión Investigadora recibió a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien señaló que existen municipalidades con programas de identidad de género para niños propios. Es decir, se abre una nueva caja: ¿Cuántas municipalidades son? ¿Que tipo de atención entregan? ¿Incluyen entrega de hormonas… a través de las Farmacias Populares, por ejemplo? ¿Cuántos niños han pasado por esos programas? ¿Cuál es el presupuesto que han destinado las municipalidades a financiar este activismo ideológico con “capacitaciones”, convenios e “insumos”?
Porque existen ejemplos. La Municipalidad de Santiago tiene una Guía de orientación en salud para personas “de la diversidad”, y los niños “trans” de 14 años que requieran acceder a terapia hormonal “deben ser derivados por el Cesfam, donde se señale “paciente trans requiere evaluación y terapia de hormonización para proceso de tránsito”; o el Programa de Atención Temprana para la Primera Infancia Diversa (ATEPID) de la Municipalidad de Macul, destinado a niños entre 0 y 9 años; o el convenio de la Municipalidad de Recoleta con una reconocida organización trans para que los menores reciban hormonas a través de su Farmacia Popular. Y así, ¿cuántas más? ¿cuántas Oficinas municipales de la Diversidad realizan derivaciones de niños al PAIG? ¿Cuántos municipios de la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, inclusión y no discriminación (Red Diversa) tienen este tipo de programas similares al PAIG y entregan hormonas mediante las Farmacias Populares -las que también son objeto de una Comisión Investigadora? ¿Cómo los municipios, lugares de ayuda y orientación a los vecinos, se convirtieron en cajas pagadoras de programas ideológicos que dañan a los niños?
La semana pasada la agrupación Do No Harm informó que, en Estados Unidos, entre 2019 y 2023, se habían realizado más de 5.700 menores se habían hecho operaciones de reasignación de sexo y más de 8.500 habían recibido tratamientos hormonales… ¿y en Chile?
La red de hospitales, liceos, municipalidades, programas sociales de niñez, organizaciones y académicos activistas opera en dar un sustento integral a una ideología que hace que la medicina dañe y no sane, que la educación adoctrine y no enseñe, que la sociedad y el Estado abandonen y no ayuden. La Comisión Investigadora tiene la oportunidad de dar los primeros pasos en reparar el daño cometido a miles de niños y buscar responsables, para que se les aplique todo el peso de la ley.
Los chilenos creen más en el cielo que en el infierno
Según la última encuesta CEP, los chilenos creen más en el cielo que el infierno. La vida, la muerte, la religión y la familia ocupan buena parte de las preguntas y vale tener en consideración las respuestas para arrojar un poco de luz sobre el Chile de hoy y las crisis que vive.
Por un lado, han disminuido quienes creen en el cielo y en el infierno, en que la vida tiene sentido porque Dios existe y en la vida después de la muerte, pero aumentó la creencia en la energía espiritual en las montañas, los árboles y los cristales, en la reencarnación, en el karma y los que creen en el mal del ojo duplican a los que no.
Por otro lado, la relación con Dios es personal, prescindiendo de confesiones religiosas, lo que se manifiesta en diferentes aristas relacionadas con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. En este sentido, aumentó la cantidad de personas que no están de acuerdo con que la religión es hoy tan relevante para la vida como lo fue en el pasado (48%), un 50% considera que la religión es poco o nada importante en la sociedad, debido a que es una fuente de escándalos y desconfianza o es irrelevante. La irrelevancia y desconfianza en la religión también se puede explicar por la disminución de la confianza en la Iglesia Católica y en las iglesias evangélicas -lo que también se refleja en el aumento de quienes nunca asisten a servicios religiosos- y en la bajísima confianza en los sacerdotes y pastores.
Esta irrelevancia y desconfianza se manifiesta en la postura sobre los temas “valóricos”. El 75% de los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo en que las autoridades religiosas no deberían tratar de influir en la forma en que votan las personas y un 72% cree que no deberían influir en las decisiones del gobierno.
Lo anterior es inseparable con la legitimación del aborto, porque entre 1999 y 2024 disminuyó el número de quienes aprueban la prohibición total (de un 55% a un 15%), y aumentó el de quienes lo aprueban en casos especiales (de un 35% a un 50%) y en cualquier caso (de un 10% a un 34%). La eutanasia también ha sido validada entre 2017 y 2024, aumentando su permisión total (de un 14% a un 29%), manteniendo estable su permisión en casos especiales (57%) y disminuyendo quienes creen en su prohibición total (de22% a 11%).
Llama la atención el aumento de quienes aceptan el aborto si una familia tiene muy bajos ingresos y no puede financiar tener más hijos: entre 1998 y 2024 quienes se oponían bajaron de 81% a 50% y quienes lo consideran correcto subieron de un 16% a un 46%. Por último, entre 2011 y 2024 aumentó de un 26% a un 60% quienes están de acuerdo en que una pareja del mismo sexo puede criar tan bien a un niño como una pareja heterosexual y disminuyó en el mismo porcentaje quienes creen lo contrario (de 58% a 25%).
Estas opiniones se contraponen a la defensa y promoción que el cristianismo ha dado sobre el derecho a la vida desde su inicio hasta su término natural y a la conformación heterosexual e indisoluble del matrimonio. Llaman la atención las cifras sobre la actual crisis de natalidad (1,2 hijos por mujer).
Todo lo anterior merece análisis en diferentes niveles y capas de profundidad. Las confesiones religiosas se encuentran ante una sociedad que desconfía de ellas, que prefiere que hablen en iglesias vacías, mientras la cultura, la educación y las leyes avanzan en sentido opuesto a los bienes que defienden y promueven. Pero más grave aún es el retorno a un paganismo y a la ausencia de trascendencia. La oposición al aborto y a la eutanasia debe estar acompañada del reencantamiento a la juventud de la persona de Jesús, de la necesidad de la Iglesia y de la idea de formar una familia.
La crisis de desarticulación del matrimonio tiene como consecuencia directa la disminución de la natalidad e indirectamente alcanza a todo ámbito de la sociedad. Según la CEP, la familia fue, por lejos, el aspecto que más define la identidad personal de un individuo. Y si los cimientos son frágiles, el edificio se tambalea.
Ley de convivencia escolar, circular 812 y PAIG
Recientemente, el Presidente de la República hizo presente la urgencia suma al proyecto de ley de convivencia escolar. La iniciativa fue despachada de la Comisión de Educación de la Cámara, por lo que su discusión en la sala es inminente.
Nadie pone en duda los problemas que afectan la convivencia educativa. No obstante, llama la atención la obsesión del Ejecutivo y de un grupo importante de parlamentarios oficialistas de incluir cuestiones ideológicas en proyectos que pretenden solucionar inconvenientes reales.
Nos explicamos. Entre otras disposiciones, la iniciativa establece un nuevo “piso mínimo” a los reglamentos internos de los establecimientos educacionales (actualmente esto está regulado por normas administrativas, no legales). Entre las reformas obligatorias que un colegio tendría que hacer a sus reglamentos, se encuentra una bastante particular. Los establecimientos deberán promover, en sus reglamentos, el “respeto” y el “reconocimiento” de la “identidad sexoafectiva y de género”.
Además, el proyecto incorpora algunas categorías de discriminación arbitraria. ¿Se omitió una referencia a la sexualidad y a la autopercepción de género? Como se puede suponer, no. La iniciativa incluyó una referencia a la “identidad sexual” de los niños, siendo la primera referencia a este elemento en la ley general de educación.
¿Por qué resulta preocupante todo esto? Una parte considerable de las acciones transafirmativas a nivel social e individual (es decir, aquellas que buscan reforzar la autopercepción del menor, en lugar de indagar en las causas de dicha situación) tienen en común la invocación de causas como el “respeto”, el “reconocimiento” o la “no discriminación” a la “infancia trans”, por lo que es razonable suponer que, con la entrada en vigencia del proyecto de ley, estas cuestionables acciones aumentarán.
Basta mirar lo que ha ocurrido en la circular 812 de la Superintendencia de Educación que obliga a todos los funcionarios de un establecimiento educacional a reconocer el nombre social de un niño o adolescente, cuando lo pida el padre, la madre o el apoderado, cuando el niño es menor de 14 años o por s la sola solicitud del adolescente, cuando tenga más de 14 años.
Y todo lo anterior, teniendo como telón de fondo, la indagatoria que realiza la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), que entrega apoyo a la transición social desde los 3 hasta los 17 años. En la sesión de la semana pasada, la Subsecretaría de Educación Parvularia informó que se está elaborando un protocolo de derivación desde los establecimientos educacionales hacia el PAIG. Conocidos son los casos de padres judicializados por oponerse a que sus hijos ingresen a este programa o que reciban apoyo en su transición escolar dentro de los establecimientos educacionales, y que han terminado separados de sus hijos por orden un tribunal de familia, por considerar que existe una vulneración del “derecho a la identidad de género” del menor.
La circular 812, el PAIG y la ideologización del proyecto de ley de convivencia escolar no son cuestiones aisladas y desconectadas, sino que responden a una intención claramente definida y diseñada de inducir a los niños desde su más tierna infancia a hacerse preguntas que no se plantearían por sí mismos. La intervención ideológica del Estado afectará a los niños, porque la transición social tiene efectos psicológicos y quienes acceden a ella tiene mayor probabilidad de pasar a la vía médica (hormonas y operaciones), como señaló el Informe Cass.
Pensemos en un profesor que, ante la evidencia surgida en este último tiempo, evalúa seriamente no llamar, con su nombre social, a un niño con disforia de género, o en un colegio que no acepta que un adolescente use el baño de mujeres o se rehúsa a recibir cuentos sobre género para los niños más chicos, como ordena el PAIG ¿Qué ocurrirá con ese profesor? ¿A qué se arriesga ese colegio? Se expondrá a sanciones injustas y descomunales por el incumplimiento de la circular 812, del reglamento interno del establecimiento o por resistirse a que su hijo sea derivado al PAIG, según el protocolo del Mineduc. El reciente caso de cancelación a un profesor universitario por opinar que los colegios no son seguros para los niños porque pueden iniciar su proceso de transición desde los 3 años, debería ser ejemplo suficiente del extremo al que el lobby trans está dispuesto a llegar.
*Gustavo Baehr Neira y Roberto Astaburuaga Briseño – Abogados de Comunidad y Justicia
Natalidad y matrimonio
La grave baja de natalidad que aqueja a nuestro país empeora cada año. Así lo señalan las últimas cifras del INE en su boletín de estadísticas vitales coyunturales del mes de agosto. Al paso que vamos, las consecuencias, que ya son catastróficas, se encrudecerán cada vez más, probablemente de un modo que no hemos visto hasta ahora. En ese sentido, no está de más recordar el llamado que hizo el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, hace algunas semanas, afirmando que la crisis de la natalidad “debiese hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo los chilenos para fortalecer a la familia (y a todos sus miembros), reconociendo y preservando el don de las mujeres para dar vida”. Monseñor Chomali insistió en esta interpelación en su homilía de la celebración del Te Deum del 18 de septiembre: “La alarmante caída en la tasa de la natalidad en nuestro país nos enrostra esto. Ello exige sentido de urgencia (…) ¡Será difícil aumentar la natalidad con jóvenes sin oportunidades en su camino!”.
La gravedad de esta crisis ha sido ocasión para hacerse la gran pregunta: ¿cuáles son las razones que han llevado a tantos chilenos a no ser padres? Me quiero detener en una que es especialmente desoladora: se afirma, con toda razón, que los padres se encuentran cada vez más solos. La maternidad es un proceso solitario, muchas veces vivido desde el aislamiento. Las madres cada vez cuentan con menos redes de apoyo, por lo que les falta el soporte necesario para enfrentar la gran tarea de criar a sus hijos. Es por esto que muchos, ante las desesperanzadoras estadísticas sobre la natalidad, han subrayado la importancia de que existan más comunidades que acompañen en el proceso de crianza, y políticas públicas que las incentiven, y -en el caso de ser necesario- las creen.
Sin dejar de ser esto cierto, la verdad es que, si se toma ese diagnóstico, la causa de fondo del problema permanece aún oculta. La red de apoyo que más hace falta para tener hijos de manera segura y protegida, es el matrimonio; y, sin embargo, el matrimonio ha sido el gran ausente en la discusión. Este es el “elefante en la sala”: el rol que cumple la unión y la participación de ambos cónyuges en la crianza es simplemente irremplazable, insustituible. Lamentablemente, ninguna política pública puede remediar la ausencia de aquel que se compromete, por toda la vida, en el proyecto común de formar una familia.
Teniendo esa realidad a la vista, no es de sorprender que en Chile la maternidad sea tan solitaria y llena de riesgos si, según los datos del Registro Civil, un 75,5% de los nacimientos se producen fuera de la institución matrimonial. Es más, en el mencionado boletín publicado hace algunos días por el INE, se aprecia una preocupante caída en picada del número de matrimonios en los últimos tres años, y, al mismo tiempo, un crecimiento de los acuerdos de unión civil. Estos datos sobre el matrimonio deben ser considerados a la hora de dilucidar las causas de nuestra crisis demográfica, datos que van acompañados de una legislación que cada vez horada más la institución matrimonial, haciéndola más plástica, perecedera, y sin significado. Promover esta legislación y lamentarse que pocos niños vienen al mundo, es un sinsentido.
Sin embargo, está claro que no sólo son importantes los datos a la hora de enfrentar este problema. Hay que tomarse muy en serio el relato que se ha generado en torno a la cuestión de la natalidad. No será posible que cambiemos el rumbo demográfico si es que nos seguimos refiriendo a la maternidad como un fenómeno individual. La maternidad -y su compañera olvidada, la paternidad- no es una “decisión individualísima de la mujer”: es una disposición de dos personas, el padre y la madre, a recibir la vida.
Además, el problema de la natalidad no se resuelve sólo por tener más hijos, despreocupándose de ellos luego de su nacimiento. El “problema de la natalidad” no es sólo demográfico o estadístico, sino sustantivo. Es fundamental que los niños crezcan y se eduquen para lograr su perfección. Es tan grave la crisis de natalidad como la crisis de falta de educación, y ambas tienen la misma causa: la inestabilidad familiar y la desintegración de sus lazos. Es por esto que la apertura del padre y la madre a recibir la vida debe extenderse a la crianza presente y educación activa de los hijos.
El matrimonio tiene una función social de generación, pero también de sustento material y formación espiritual y moral. En este sentido, el matrimonio es la institución que por excelencia garantiza el bien de los hijos. No basta con preguntarse por las razones de la disminución de la natalidad, sino que también deben analizarse las razones de la corta duración de los matrimonios y las dificultades para la educación de los hijos.
El matrimonio ha sido el gran ausente en la reflexión pública sobre el problema de la natalidad, pero sin matrimonio no puede haber crecimiento demográfico sostenible. Antes y además de instituciones y políticas públicas -que pueden ser de invaluable apoyo-, necesitamos matrimonios: esa es la base fundamental de la familia y de todo el orden social.
Los embriones guardados en un freezer
Hace pocos meses, un fallo de la Corte Suprema de Alabama señaló que los no nacidos son niños, independiente de su etapa de desarrollo, ubicación física u otra característica, pero recibió críticas por desafiar la comprensión convencional de la relación jurídica con los embriones congelados y la forma de equilibrar los derechos de los progenitores con los “supuestos” derechos de los embriones, ya que esto traería complicaciones los tratamientos de fecundación asistida y a quienes tienen embriones criopreservados. Prueba de lo anterior es que clínicas de Alabama han detenido los tratamientos de FIV, para no sufrir consecuencias penales o civiles.
Conviene tener a la vista que la Convención sobre los Derechos del Niño establece desde cuando se es niño en su art. 1º “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, que, leído en conjunto con el párrafo 10º del preámbulo –“el niño (…) necesita protección y cuidado especiales (…) tanto antes como después del nacimiento”, permiten sostener que tal categoría aplica desde antes del nacimiento. La cuestión lleva, entonces, a revisar si es que el que está por nacer es un ser humano. Si lo es, entonces, es un niño.
La RAE define humano como “Dicho de un ser: que tiene naturaleza de hombre (ser racional).”, y define naturaleza como “principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución”. La ciencia ha demostrado que, desde la fecundación, comienza un proceso ordenado e irreversible del ser en gestación, que avanza por las distintas etapas del desarrollo embrionario y en las posteriores al nacimiento. Así las cosas, el embrión es un ser.
Luego, la RAE define hombre como “ser animado racional, varón o mujer”, es decir, “dotado de alma” y “dotado de razón”. Alma se define como “Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida.”, característica que cumple el embrión, como vimos al revisar la definición de naturaleza, y en cuanto a la razón, goza de ella, aunque no la ejerza hasta que tenga un desarrollo material y psicológico que le permita manifestarla, pues, de lo contrario, no cabría considerar a los recién nacidos e infantes como seres racionales, y por tanto, como personas. Por tanto, si el embrión cumple con los dos elementos de la definición de hombre (alma y racionalidad) y cumple con la definición de naturaleza, se concluye que es un ser, un ser humano.
Y si es un ser humano, conforme a la Convención sobre Derechos del Niño, es un niño, y por tanto, es persona. Si es persona, goza de derechos, entre ellos, el derecho a la vida y a su integridad física, lo que en el caso de la criopreservación incluye su derecho a desarrollarse en un ambiente idóneo para su crecimiento. Así, más que hablar de “derechos de los progenitores” y “supuestos” derechos de los embriones, se trata de “derechos de los embriones”, es decir, niños, y supuestos “derechos” de los progenitores, pues, en realidad, ellos tienen el deber de tratar a sus niños, nacidos y no nacidos, como sujetos de derechos, y no tanto un derecho a disponer de ellos como si se trataran de cosas que pueden ser guardadas en un congelador, como si fuera una cosa más entre el helado y la bolsa de hielo en el freezer.
No a la eutanasia
El Gobierno anunció que las prioridades legislativas para septiembre serán poner fin al CAE, acelerar la discusión sobre eutanasia y levantar el secreto de la Comisión Valech. Respecto a la eutanasia o “muerte digna”, el Presidente Gabriel Boric le pondrá urgencia para que se vote en el Senado.
Es que el octubrismo ideológico no fue derrotado el 4-S. La agenda progresista no conoce de derrotas, sino de retiradas tácticas, de avances lentos y seguros, de defender la posición. El Gobierno promueve la hormonización de niños, anuncia ampliar el aborto y discriminar laboralmente la conciencia de doctores objetores, legitimar la eutanasia, volver a la carga con la ESI y tener la última palabra sobre quiénes deben ser los profesores de religión, pasando por encima de las confesiones religiosas. Y esto es lo más grave, omitiendo ridiculeces como la perspectiva de género en las caletas pesqueras o en el Ministerio de Seguridad.
El anuncio recibió críticas por ser un volador de luces, de desesperación electoral o de que no es prioritario. Válidas, pero que no van al fondo del asunto. Tampoco funciona el trueque de aprobar algunas causales por los cuidados paliativos o la objeción de conciencia personal e institucional. Argumentos como la pendiente resbaladiza de la eutanasia en Holanda o la masificación en Canadá tampoco son suficientes.
Como dijo Jérôme LeJeune, genetista antiaborto que identificó el síndrome de Down, “La calidad de una civilización se mide por el respeto que le entrega a sus miembros más débiles”. Si ya tenemos una calidad deficiente de nuestra civilización con una ley que permite asesinar a personas al inicio de su vida en el vientre de su madre, sólo puede empeorar si ahora permitimos lo mismo al final de sus días. La normalización de la cultura de la muerte contra indefensos e inocentes es esencial en la agenda y legado del Gobierno de Boric, y siempre en complicidad con la derecha liberal y progresista.
La dignidad es inherente a la persona humana y no se pierde por el sufrimiento o por la enfermedad. Esta dignidad exige ciertas conductas de la persona y cierto trato hacia ellas. Tener derecho a la vida no significa poder disponer de ella. La vida humana es un bien indisponible. Que tengamos derecho a ella no significa que tengamos derecho sobre ella. Esto se relaciona con el punto anterior: la dignidad humana exige ser respetada incluso contra la autonomía de la persona: no existe un “derecho a que violen mi dignidad”. Matar a una persona no es un acto de compasión. “Compasión” significa “sufrir con” el que sufre y no “matar al” que sufre. Lo realmente compasivo es acompañar e intentar aliviar el dolor del paciente.
Sobre esto último es que se debería trabajar realmente. Una de las críticas al proyecto de ley es que los cuidados paliativos no son un requisito para acceder a la eutanasia, aunque si lo fueran no la convierte en un acto bueno. Sin embargo, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile de 2019, los cuidados paliativos disminuyen en al menos un 50% las solicitudes de eutanasia y hay casos en que han logrado reducirse casi a cero. Esto se ha confirmado incluso por la misma OMS, cuando su comité experto en cuidados paliativos adoptó la posición de ser innecesaria la legalización de la eutanasia, debido al desarrollo y evolución de nuevos y modernos métodos de cuidados paliativos.
La preocupación del Ejecutivo y el Legislativo para aliviar el dolor de los pacientes con enfermedades terminales no encuentra solución en no impedir su muerte y consagrar su petición como un “derecho”, sino de garantizar realmente que tengan una verdadera muerte digna a través de los mejores cuidados paliativos.
¿Qué tienen en la cabeza?
Las primeras sesiones de la Comisión Investigadora creada para requerir información sobre la realización de tratamientos transafirmativos a niños han tenido a la Ministra de Salud como protagonista leyendo minutas con respuestas evasivas y que trasladan la responsabilidad a terceros. Cuál títere está claro que le gustaría colaborar mucho más de lo que se le permite.
En cada respuesta que da la Ministra insiste en que el Minsal no tiene programas que incluyan la hormonoterapia a menores de edad. Pero sus asesores no han leído que los documentos ministeriales para la implementación del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género), destinado a niños entre 3 a 17 años, incluyen en sus prestaciones la derivación a tratamientos hormonales si se solicita. Es decir, validan o legitiman la hormonación de menores de edad, aunque se ejecute fuera del programa. Resulta insólito escuchar a modo de excusa que el PST (Programa de Salud Trans), diseñado y ejecutado bajo este gobierno, sólo hormona desde los 18 años, haciendo una distinción tramposa: el diseño del PST contempla hormonoterapia desde los 10 años, pero sólo se ha aprobado financiamiento desde los 18 años, por lo que es cosa de tiempo que ocurra.
A pesar de esto, la Ministra reconoció que de los 1.900 niños ingresados al PAIG, 600 de ellos recibe hormonas, es decir, a un año de implementación un tercio ya está con hormonas, pero no se sabe cuántos fueron derivados desde el PAIG, ni el tipo de hormonas, ni el sexo ni las edades. Tampoco se sabe la cifra de menores hormonados en la red pública que no han ingresado al PAIG y la cantidad en el sistema privado será imposible de conocer. ¿Y cómo supo que eran 600? Porque mandó un mail a los Servicios de Salud preguntándolo. Si ese es el nivel de diligencia para obtener información crucial, poca esperanza hay.
El Minsal tampoco se hace cargo de las otras peligrosas irregularidades del PAIG, no relacionadas con la hormonoterapia. Por ejemplo, la judicialización de los padres “resistentes”, como quedó demostrado al escuchar un testimonio de un padre a quien un tribunal le quitó el cuidado personal de una hija por no estar de acuerdo en llamarla por un nombre masculino y que ya lleva ocho meses separado e incluso con visitas semanales de Carabineros durante dos meses.
Primero dijeron que no había hormonas, luego que sí, pero casos excepcionales, y terminamos con 1/3 de niños hormonados. Y eso solo en dos sesiones. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Cuánto más falta por saber? El Minsal no puede darse el gustito ideológico -bien caro, por lo demás- de seguir ocultando información, de justificar lo que se está haciendo y de no asumir la responsabilidad en diseñar y ejecutar un programa que está destruyendo cuerpos y vidas de niños o de tomar las medidas para impedir que siga ocurriendo. Si se supone que es el ente rector del sistema de salud.
En la sesión pasada, justificaron, en base a la autonomía progresiva, que los niños podían consentir en ingresar a este tipo de programas, y que a los padres sólo les informaban de esto. O en otras palabras, que da lo mismo que los padres se opongan. Cuando uno lee los comentarios en redes sociales sobre lo que está ocurriendo, no puede sino repetir con incredulidad: ¿Qué tienen en la cabeza para seguir avanzando y defendiendo esta locura?
Cuando el anticristianismo se hace costumbre
El acto inaugural de los Juegos Olímpicos, que ridiculizó la Última Cena de Jesús y sus Apóstoles, puso nuevamente sobre la mesa las constantes humillaciones que debemos aguantar muchos creyentes, especialmente por las burlas a representaciones de las personas más importantes del cristianismo. Ha ocurrido, con diferentes niveles de gravedad, en eventos internacionales y en muchos países, y Chile no ha sido la excepción.
La persecución contra los cristianos en la actualidad es un martirio que ocurre en todas partes del mundo. Durante 2023, solo en Nicaragua, Bielorrusia, China y Nigeria, 132 sacerdotes y religiosos fueron detenidos, secuestrados o asesinados, según el reporte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Rápidamente se ha olvidado la masacre de casi 140 cristianos nigerianos para las fiestas navideñas. Pero también la blasfemia y el sacrilegio se han extendido. La blasfemia se puede entender como una actuación injuriosa contra las personas santas y cosas sagradas, o contra lo sagrado. Es tan grave la normalización de la blasfemia y el sacrilegio en una sociedad como la apatía y silencio cómplice de los creyentes que no se atreven a oponerse.
Chile no ha sido ajeno a este desprecio por el mundo cristiano. Iglesias quemadas por grupos mapuches y para el 18-O, templos vandalizados en las marchas feministas y sagrarios profanados en Halloween son noticias esperables para esas fechas. Pero hay otros modos, quizás menos dañinos materialmente, pero igualmente graves. Por ejemplo, cuando se puso un pañuelo abortista a una estatua de la Virgen María en la Casa Central de la Universidad Católica o la performance en el programa “Las Gansas” de La Red con insultos al Papa, a los católicos en general y actos obscenos con un rosario, del mismo estilo que el banderazo del Apruebo en Valparaíso. En otro nivel de gravedad, pero igualmente vejatorio, son las estatuas de la Virgen María en varias sucursales del bar “La Virgen”. Es un insulto para los católicos que al interior y exterior de los locales hayan instalado estatuas o imágenes a modo de decoración, como si fuese un simple cuadro o adorno más. También ha hecho noticia el reconocimiento legal de la organización satánica Templo de Satán, que basa su religión en el símbolo de Satán como el adversario a toda imposición dogmática. Y así suma y sigue una larga lista.
Otra fuente de ataque a los cristianos, y a todas las religiones en general, es el cumplimiento de una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, que le ordena modificar nuestra normativa para que la elección de los profesores de religión no discrimine arbitrariamente. El Gobierno, por supuesto, ha aprovechado la oportunidad para tratar de controlar que la calificación de la idoneidad quede radicada finalmente en el Estado y ya no en las autoridades eclesiásticas. Curiosamente, para decirlo en términos suaves, el argumento de la separación Iglesia – Estado que se escucha cuando la Iglesia Católica se opone a temas como la píldora anticonceptiva, el “matrimonio” igualitario, el aborto o la eutanasia -progresos de nuestro tiempo, en palabras de un senador- ahora no se escucha.
Mediante avances sutiles y pasos tácticos, pero lentamente el anticristianismo, en distintos niveles y con diferente intensidad, ha ido calando en el mundo y en Chile. Es tiempo de que personas e instituciones defiendan su fe en el espacio público.
La reverencia de las Pontificias Universidades Católicas al lobby trans
La semana pasada, José Gallardo Matus, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tuvo la valentía de señalar públicamente en el Claustro Pleno Ordinario que el cambio de sexo no existe y que es una mentira, que ninguna reflexión profunda (individual o colectiva) ni las hormonas o cirugías podrá cambiar la naturaleza sexuada del ser humano, que los colegios no son seguros para los niños porque pueden iniciar su cambio de sexo desde los 3 años y si los padres son denunciados en tribunales de familia si se oponen a que sus hijos ingresen a los programas estatales de acompañamiento a la identidad de género, que la Ley de Identidad de Género debe derogarse y que su Universidad “debe revisar de manera urgente todos los reglamentos y protocolos que avalan la farsa de la identidad de género”.
Obviamente, las organizaciones “defensoras de la diversidad” armaron el escándalo rutinario y exigieron las penas del infierno. Por supuesto, la Universidad, a través de un comunicado del rector Nelson Vásquez, se “distanció” de las opiniones del atrevido profesor, lamentando que estas hubiesen herido u ocasionado dolor en estudiantes y profesores, y recalcando que la Universidad no está de acuerdo con él.
Este episodio se suma al reportaje de Sabine Drysdale y la entrevista a dos doctores de la Red UC Christus, profesores de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes realizaban tratamientos transafirmativos (social, hormonal y quirúrgica) a menores de edad. No hubo reacciones públicas a nivel de rectoría, sino un simple comunicado de que no se realizarían nuevos tratamientos. Nada más.
Vale entonces preguntarse… ¿qué tienen estas universidades de pontificias y de católicas cuando se apartan del Magisterio de la Iglesia, ignoran o malinterpretan la Declaración Dignitas Infinita y se inclinan ante el lobby trans? Nos acercamos cada vez más al caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que en 2012 el Vaticano le quitó los títulos de “Pontificia” y “Católica” por no adecuar sus estatutos a las normas de la Santa Sede. ¿Cómo es posible que la PUCV no comparta los dichos del profesor que están en perfecta sintonía con la Declaración Dignitas Infinita, que considera que el cambio de sexo es un grave atentado a la dignidad humana (Nº60)?
Esto no sólo se trata de otro caso de persecución y cancelación a un profesor por sus opiniones, sino de la incapacidad de las universidades católicas de actuar, en todo tipo de materias, de acuerdo con los principios y fe de la Iglesia Católica. Sin lo segundo, fácilmente se entiende por qué ocurre lo primero. Se espera que las universidades católicas sean coherentes con la doctrina católica en su interior, y que también sean líderes en defenderla públicamente y denunciar cuando el Estado atenta contra ella, por muy impopular que sea.
Vale la pena recordar lo señalado en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas: “Puesto que el objetivo de una Universidad Católica es el de garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura, ella debe poseer, en cuanto católica, las características esenciales siguientes: (…) la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia (…)” (Nº13).
600 adolescentes sometidos a hormonas trans
La semana pasada, TVN emitió un nuevo Informe Especial, dirigido por Santiago Pavlovic y titulado “Nuestros niños trans”, en el que aborda los casos de mayores y menores de edad que realizan su “transición” al sexo opuesto. Drysdale y Pavlovic han abierto la puerta para mostrar la aterradora realidad de la hormonación trans a niños y jóvenes y sus consecuencias irreversibles, los jueces que le quitan a los padres “opositores” la tuición de sus hijos y la feroz cancelación de las fundaciones activistas contra los que critican su modelo transafirmativo.
La información se ha ido conociendo con cuentagotas, pero cada testimonio y documento nuevo sólo hace crecer la preocupación por el daño que el Estado está provocando en miles de niños y padres. Literalmente, miles. La subsecretaria de Salud reconoció que, en la red pública de salud, 600 niños entre 10 a 17 años están recibiendo tratamiento hormonal, sea para bloquear su pubertad o para hormonación cruzada, que tienen efectos graves e irreversibles en los huesos, esterilidad, problemas en el corazón, etc. No sabemos desde hace cuánto tiempo reciben estas hormonas, si su uso está autorizado por el ISP, si los padres fueron coaccionados con la frase “hijo trans o hijo muerto”.
Dicen que el programa del Estado (PAIG o Crece con Orgullo), dirigido a niños entre 3 a 17 años y al que ya han ingresado más de 2.000 menores, no contiene terapia hormonal, sino que sólo “acompañamiento psicológico”. Pero lo que se niegan a reconocer es que ese programa sí hace derivaciones para tratamiento hormonal. ¿Cuántos, de esos 600 niños hormonados, partieron con el PAIG? ¿Cuántos de ellos se han derivado a la salud privada? Tampoco sabemos cuál es el periodo de tiempo que se ocupó para contabilizar los casos. Si contáramos desde, por ejemplo, el 2015, y sólo en la red pública, podríamos estar hablando de más de mil niños que están recibiendo un tratamiento hormonal que no tiene respaldo científico.
¿Cómo se le devuelve a Orlando (testimonio de Informe Especial) el tiempo que ha perdido con su hija de 15 años porque un juez decidió que sabía qué era lo mejor para ella y, por eso, los separó? ¿Quién le devuelve la tranquilidad a Ángela de que su hija ya no será acosada por los integrantes del PAIG para que siga su transición, a pesar de que ella no quiere volver? ¿Cuándo podrá José volver a ver a su hijo, arrebatado cuando tenía 3 años por jugar con barbies y que ya al año siguiente marchaba con faldas?
Una de las cuestiones más llamativas del reportaje de TVN, fue la negación de la diputado trans Emilia Schneider a reconocer que se debe respetar la decisión del padre de no autorizar el ingreso de su hijo estos programas y terapias de transición social y hormonal, al sostener que “el interés superior del niño está por sobre toda otra consideración”. Aplicando esa lógica, todas las normas que establecen prohibiciones según edades pierden sentido (ej. comprar alcohol o cigarros, firmar contratos, salir del país, etc.). Es preocupante que un integrante del Congreso, quien debe respetar y hacer respetar la Constitución, se esfuerce en no reconocer el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, siendo, además, presidente de la Comisión de Educación.
El Estado está fallando estrepitosamente en todo lo que se refiere a población infantil: retraso en la entrega de útiles escolares, incapacidad de garantizar la seguridad y orden en liceos, crisis en los centros de Mejor Niñez… y a toda esta intranquilidad de los padres ¿ahora hay que sumarle que un establecimiento educacional, ante la sola opinión del niño, y sin avisarles, comience a tratarlo según su autopercepción, o incluso, derivarlo a estos programas de “acompañamiento”? ¿Cómo es posible que el presupuesto para el PAIG sea de 3.500 millones de pesos anuales?
Son sólo algunas de las preguntas que la Ministra de Salud deberá responder hoy, en la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a la que fue citada y que revisará todas las aristas educacionales, presupuestarias, sanitarias, etc. El legado de este Gobierno será la experimentación científica en niños, el quiebre de familias y el financiamiento a los “monos peludos”.
