Natalidad y matrimonio
La grave baja de natalidad que aqueja a nuestro país empeora cada año. Así lo señalan las últimas cifras del INE en su boletín de estadísticas vitales coyunturales del mes de agosto. Al paso que vamos, las consecuencias, que ya son catastróficas, se encrudecerán cada vez más, probablemente de un modo que no hemos visto hasta ahora. En ese sentido, no está de más recordar el llamado que hizo el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, hace algunas semanas, afirmando que la crisis de la natalidad “debiese hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo los chilenos para fortalecer a la familia (y a todos sus miembros), reconociendo y preservando el don de las mujeres para dar vida”. Monseñor Chomali insistió en esta interpelación en su homilía de la celebración del Te Deum del 18 de septiembre: “La alarmante caída en la tasa de la natalidad en nuestro país nos enrostra esto. Ello exige sentido de urgencia (…) ¡Será difícil aumentar la natalidad con jóvenes sin oportunidades en su camino!”.
La gravedad de esta crisis ha sido ocasión para hacerse la gran pregunta: ¿cuáles son las razones que han llevado a tantos chilenos a no ser padres? Me quiero detener en una que es especialmente desoladora: se afirma, con toda razón, que los padres se encuentran cada vez más solos. La maternidad es un proceso solitario, muchas veces vivido desde el aislamiento. Las madres cada vez cuentan con menos redes de apoyo, por lo que les falta el soporte necesario para enfrentar la gran tarea de criar a sus hijos. Es por esto que muchos, ante las desesperanzadoras estadísticas sobre la natalidad, han subrayado la importancia de que existan más comunidades que acompañen en el proceso de crianza, y políticas públicas que las incentiven, y -en el caso de ser necesario- las creen.
Sin dejar de ser esto cierto, la verdad es que, si se toma ese diagnóstico, la causa de fondo del problema permanece aún oculta. La red de apoyo que más hace falta para tener hijos de manera segura y protegida, es el matrimonio; y, sin embargo, el matrimonio ha sido el gran ausente en la discusión. Este es el “elefante en la sala”: el rol que cumple la unión y la participación de ambos cónyuges en la crianza es simplemente irremplazable, insustituible. Lamentablemente, ninguna política pública puede remediar la ausencia de aquel que se compromete, por toda la vida, en el proyecto común de formar una familia.
Teniendo esa realidad a la vista, no es de sorprender que en Chile la maternidad sea tan solitaria y llena de riesgos si, según los datos del Registro Civil, un 75,5% de los nacimientos se producen fuera de la institución matrimonial. Es más, en el mencionado boletín publicado hace algunos días por el INE, se aprecia una preocupante caída en picada del número de matrimonios en los últimos tres años, y, al mismo tiempo, un crecimiento de los acuerdos de unión civil. Estos datos sobre el matrimonio deben ser considerados a la hora de dilucidar las causas de nuestra crisis demográfica, datos que van acompañados de una legislación que cada vez horada más la institución matrimonial, haciéndola más plástica, perecedera, y sin significado. Promover esta legislación y lamentarse que pocos niños vienen al mundo, es un sinsentido.
Sin embargo, está claro que no sólo son importantes los datos a la hora de enfrentar este problema. Hay que tomarse muy en serio el relato que se ha generado en torno a la cuestión de la natalidad. No será posible que cambiemos el rumbo demográfico si es que nos seguimos refiriendo a la maternidad como un fenómeno individual. La maternidad -y su compañera olvidada, la paternidad- no es una “decisión individualísima de la mujer”: es una disposición de dos personas, el padre y la madre, a recibir la vida.
Además, el problema de la natalidad no se resuelve sólo por tener más hijos, despreocupándose de ellos luego de su nacimiento. El “problema de la natalidad” no es sólo demográfico o estadístico, sino sustantivo. Es fundamental que los niños crezcan y se eduquen para lograr su perfección. Es tan grave la crisis de natalidad como la crisis de falta de educación, y ambas tienen la misma causa: la inestabilidad familiar y la desintegración de sus lazos. Es por esto que la apertura del padre y la madre a recibir la vida debe extenderse a la crianza presente y educación activa de los hijos.
El matrimonio tiene una función social de generación, pero también de sustento material y formación espiritual y moral. En este sentido, el matrimonio es la institución que por excelencia garantiza el bien de los hijos. No basta con preguntarse por las razones de la disminución de la natalidad, sino que también deben analizarse las razones de la corta duración de los matrimonios y las dificultades para la educación de los hijos.
El matrimonio ha sido el gran ausente en la reflexión pública sobre el problema de la natalidad, pero sin matrimonio no puede haber crecimiento demográfico sostenible. Antes y además de instituciones y políticas públicas -que pueden ser de invaluable apoyo-, necesitamos matrimonios: esa es la base fundamental de la familia y de todo el orden social.
Los embriones guardados en un freezer
Hace pocos meses, un fallo de la Corte Suprema de Alabama señaló que los no nacidos son niños, independiente de su etapa de desarrollo, ubicación física u otra característica, pero recibió críticas por desafiar la comprensión convencional de la relación jurídica con los embriones congelados y la forma de equilibrar los derechos de los progenitores con los “supuestos” derechos de los embriones, ya que esto traería complicaciones los tratamientos de fecundación asistida y a quienes tienen embriones criopreservados. Prueba de lo anterior es que clínicas de Alabama han detenido los tratamientos de FIV, para no sufrir consecuencias penales o civiles.
Conviene tener a la vista que la Convención sobre los Derechos del Niño establece desde cuando se es niño en su art. 1º “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, que, leído en conjunto con el párrafo 10º del preámbulo –“el niño (…) necesita protección y cuidado especiales (…) tanto antes como después del nacimiento”, permiten sostener que tal categoría aplica desde antes del nacimiento. La cuestión lleva, entonces, a revisar si es que el que está por nacer es un ser humano. Si lo es, entonces, es un niño.
La RAE define humano como “Dicho de un ser: que tiene naturaleza de hombre (ser racional).”, y define naturaleza como “principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución”. La ciencia ha demostrado que, desde la fecundación, comienza un proceso ordenado e irreversible del ser en gestación, que avanza por las distintas etapas del desarrollo embrionario y en las posteriores al nacimiento. Así las cosas, el embrión es un ser.
Luego, la RAE define hombre como “ser animado racional, varón o mujer”, es decir, “dotado de alma” y “dotado de razón”. Alma se define como “Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida.”, característica que cumple el embrión, como vimos al revisar la definición de naturaleza, y en cuanto a la razón, goza de ella, aunque no la ejerza hasta que tenga un desarrollo material y psicológico que le permita manifestarla, pues, de lo contrario, no cabría considerar a los recién nacidos e infantes como seres racionales, y por tanto, como personas. Por tanto, si el embrión cumple con los dos elementos de la definición de hombre (alma y racionalidad) y cumple con la definición de naturaleza, se concluye que es un ser, un ser humano.
Y si es un ser humano, conforme a la Convención sobre Derechos del Niño, es un niño, y por tanto, es persona. Si es persona, goza de derechos, entre ellos, el derecho a la vida y a su integridad física, lo que en el caso de la criopreservación incluye su derecho a desarrollarse en un ambiente idóneo para su crecimiento. Así, más que hablar de “derechos de los progenitores” y “supuestos” derechos de los embriones, se trata de “derechos de los embriones”, es decir, niños, y supuestos “derechos” de los progenitores, pues, en realidad, ellos tienen el deber de tratar a sus niños, nacidos y no nacidos, como sujetos de derechos, y no tanto un derecho a disponer de ellos como si se trataran de cosas que pueden ser guardadas en un congelador, como si fuera una cosa más entre el helado y la bolsa de hielo en el freezer.
No a la eutanasia
El Gobierno anunció que las prioridades legislativas para septiembre serán poner fin al CAE, acelerar la discusión sobre eutanasia y levantar el secreto de la Comisión Valech. Respecto a la eutanasia o “muerte digna”, el Presidente Gabriel Boric le pondrá urgencia para que se vote en el Senado.
Es que el octubrismo ideológico no fue derrotado el 4-S. La agenda progresista no conoce de derrotas, sino de retiradas tácticas, de avances lentos y seguros, de defender la posición. El Gobierno promueve la hormonización de niños, anuncia ampliar el aborto y discriminar laboralmente la conciencia de doctores objetores, legitimar la eutanasia, volver a la carga con la ESI y tener la última palabra sobre quiénes deben ser los profesores de religión, pasando por encima de las confesiones religiosas. Y esto es lo más grave, omitiendo ridiculeces como la perspectiva de género en las caletas pesqueras o en el Ministerio de Seguridad.
El anuncio recibió críticas por ser un volador de luces, de desesperación electoral o de que no es prioritario. Válidas, pero que no van al fondo del asunto. Tampoco funciona el trueque de aprobar algunas causales por los cuidados paliativos o la objeción de conciencia personal e institucional. Argumentos como la pendiente resbaladiza de la eutanasia en Holanda o la masificación en Canadá tampoco son suficientes.
Como dijo Jérôme LeJeune, genetista antiaborto que identificó el síndrome de Down, “La calidad de una civilización se mide por el respeto que le entrega a sus miembros más débiles”. Si ya tenemos una calidad deficiente de nuestra civilización con una ley que permite asesinar a personas al inicio de su vida en el vientre de su madre, sólo puede empeorar si ahora permitimos lo mismo al final de sus días. La normalización de la cultura de la muerte contra indefensos e inocentes es esencial en la agenda y legado del Gobierno de Boric, y siempre en complicidad con la derecha liberal y progresista.
La dignidad es inherente a la persona humana y no se pierde por el sufrimiento o por la enfermedad. Esta dignidad exige ciertas conductas de la persona y cierto trato hacia ellas. Tener derecho a la vida no significa poder disponer de ella. La vida humana es un bien indisponible. Que tengamos derecho a ella no significa que tengamos derecho sobre ella. Esto se relaciona con el punto anterior: la dignidad humana exige ser respetada incluso contra la autonomía de la persona: no existe un “derecho a que violen mi dignidad”. Matar a una persona no es un acto de compasión. “Compasión” significa “sufrir con” el que sufre y no “matar al” que sufre. Lo realmente compasivo es acompañar e intentar aliviar el dolor del paciente.
Sobre esto último es que se debería trabajar realmente. Una de las críticas al proyecto de ley es que los cuidados paliativos no son un requisito para acceder a la eutanasia, aunque si lo fueran no la convierte en un acto bueno. Sin embargo, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile de 2019, los cuidados paliativos disminuyen en al menos un 50% las solicitudes de eutanasia y hay casos en que han logrado reducirse casi a cero. Esto se ha confirmado incluso por la misma OMS, cuando su comité experto en cuidados paliativos adoptó la posición de ser innecesaria la legalización de la eutanasia, debido al desarrollo y evolución de nuevos y modernos métodos de cuidados paliativos.
La preocupación del Ejecutivo y el Legislativo para aliviar el dolor de los pacientes con enfermedades terminales no encuentra solución en no impedir su muerte y consagrar su petición como un “derecho”, sino de garantizar realmente que tengan una verdadera muerte digna a través de los mejores cuidados paliativos.
¿Qué tienen en la cabeza?
Las primeras sesiones de la Comisión Investigadora creada para requerir información sobre la realización de tratamientos transafirmativos a niños han tenido a la Ministra de Salud como protagonista leyendo minutas con respuestas evasivas y que trasladan la responsabilidad a terceros. Cuál títere está claro que le gustaría colaborar mucho más de lo que se le permite.
En cada respuesta que da la Ministra insiste en que el Minsal no tiene programas que incluyan la hormonoterapia a menores de edad. Pero sus asesores no han leído que los documentos ministeriales para la implementación del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género), destinado a niños entre 3 a 17 años, incluyen en sus prestaciones la derivación a tratamientos hormonales si se solicita. Es decir, validan o legitiman la hormonación de menores de edad, aunque se ejecute fuera del programa. Resulta insólito escuchar a modo de excusa que el PST (Programa de Salud Trans), diseñado y ejecutado bajo este gobierno, sólo hormona desde los 18 años, haciendo una distinción tramposa: el diseño del PST contempla hormonoterapia desde los 10 años, pero sólo se ha aprobado financiamiento desde los 18 años, por lo que es cosa de tiempo que ocurra.
A pesar de esto, la Ministra reconoció que de los 1.900 niños ingresados al PAIG, 600 de ellos recibe hormonas, es decir, a un año de implementación un tercio ya está con hormonas, pero no se sabe cuántos fueron derivados desde el PAIG, ni el tipo de hormonas, ni el sexo ni las edades. Tampoco se sabe la cifra de menores hormonados en la red pública que no han ingresado al PAIG y la cantidad en el sistema privado será imposible de conocer. ¿Y cómo supo que eran 600? Porque mandó un mail a los Servicios de Salud preguntándolo. Si ese es el nivel de diligencia para obtener información crucial, poca esperanza hay.
El Minsal tampoco se hace cargo de las otras peligrosas irregularidades del PAIG, no relacionadas con la hormonoterapia. Por ejemplo, la judicialización de los padres “resistentes”, como quedó demostrado al escuchar un testimonio de un padre a quien un tribunal le quitó el cuidado personal de una hija por no estar de acuerdo en llamarla por un nombre masculino y que ya lleva ocho meses separado e incluso con visitas semanales de Carabineros durante dos meses.
Primero dijeron que no había hormonas, luego que sí, pero casos excepcionales, y terminamos con 1/3 de niños hormonados. Y eso solo en dos sesiones. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Cuánto más falta por saber? El Minsal no puede darse el gustito ideológico -bien caro, por lo demás- de seguir ocultando información, de justificar lo que se está haciendo y de no asumir la responsabilidad en diseñar y ejecutar un programa que está destruyendo cuerpos y vidas de niños o de tomar las medidas para impedir que siga ocurriendo. Si se supone que es el ente rector del sistema de salud.
En la sesión pasada, justificaron, en base a la autonomía progresiva, que los niños podían consentir en ingresar a este tipo de programas, y que a los padres sólo les informaban de esto. O en otras palabras, que da lo mismo que los padres se opongan. Cuando uno lee los comentarios en redes sociales sobre lo que está ocurriendo, no puede sino repetir con incredulidad: ¿Qué tienen en la cabeza para seguir avanzando y defendiendo esta locura?
Cuando el anticristianismo se hace costumbre
El acto inaugural de los Juegos Olímpicos, que ridiculizó la Última Cena de Jesús y sus Apóstoles, puso nuevamente sobre la mesa las constantes humillaciones que debemos aguantar muchos creyentes, especialmente por las burlas a representaciones de las personas más importantes del cristianismo. Ha ocurrido, con diferentes niveles de gravedad, en eventos internacionales y en muchos países, y Chile no ha sido la excepción.
La persecución contra los cristianos en la actualidad es un martirio que ocurre en todas partes del mundo. Durante 2023, solo en Nicaragua, Bielorrusia, China y Nigeria, 132 sacerdotes y religiosos fueron detenidos, secuestrados o asesinados, según el reporte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Rápidamente se ha olvidado la masacre de casi 140 cristianos nigerianos para las fiestas navideñas. Pero también la blasfemia y el sacrilegio se han extendido. La blasfemia se puede entender como una actuación injuriosa contra las personas santas y cosas sagradas, o contra lo sagrado. Es tan grave la normalización de la blasfemia y el sacrilegio en una sociedad como la apatía y silencio cómplice de los creyentes que no se atreven a oponerse.
Chile no ha sido ajeno a este desprecio por el mundo cristiano. Iglesias quemadas por grupos mapuches y para el 18-O, templos vandalizados en las marchas feministas y sagrarios profanados en Halloween son noticias esperables para esas fechas. Pero hay otros modos, quizás menos dañinos materialmente, pero igualmente graves. Por ejemplo, cuando se puso un pañuelo abortista a una estatua de la Virgen María en la Casa Central de la Universidad Católica o la performance en el programa “Las Gansas” de La Red con insultos al Papa, a los católicos en general y actos obscenos con un rosario, del mismo estilo que el banderazo del Apruebo en Valparaíso. En otro nivel de gravedad, pero igualmente vejatorio, son las estatuas de la Virgen María en varias sucursales del bar “La Virgen”. Es un insulto para los católicos que al interior y exterior de los locales hayan instalado estatuas o imágenes a modo de decoración, como si fuese un simple cuadro o adorno más. También ha hecho noticia el reconocimiento legal de la organización satánica Templo de Satán, que basa su religión en el símbolo de Satán como el adversario a toda imposición dogmática. Y así suma y sigue una larga lista.
Otra fuente de ataque a los cristianos, y a todas las religiones en general, es el cumplimiento de una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, que le ordena modificar nuestra normativa para que la elección de los profesores de religión no discrimine arbitrariamente. El Gobierno, por supuesto, ha aprovechado la oportunidad para tratar de controlar que la calificación de la idoneidad quede radicada finalmente en el Estado y ya no en las autoridades eclesiásticas. Curiosamente, para decirlo en términos suaves, el argumento de la separación Iglesia – Estado que se escucha cuando la Iglesia Católica se opone a temas como la píldora anticonceptiva, el “matrimonio” igualitario, el aborto o la eutanasia -progresos de nuestro tiempo, en palabras de un senador- ahora no se escucha.
Mediante avances sutiles y pasos tácticos, pero lentamente el anticristianismo, en distintos niveles y con diferente intensidad, ha ido calando en el mundo y en Chile. Es tiempo de que personas e instituciones defiendan su fe en el espacio público.
La reverencia de las Pontificias Universidades Católicas al lobby trans
La semana pasada, José Gallardo Matus, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tuvo la valentía de señalar públicamente en el Claustro Pleno Ordinario que el cambio de sexo no existe y que es una mentira, que ninguna reflexión profunda (individual o colectiva) ni las hormonas o cirugías podrá cambiar la naturaleza sexuada del ser humano, que los colegios no son seguros para los niños porque pueden iniciar su cambio de sexo desde los 3 años y si los padres son denunciados en tribunales de familia si se oponen a que sus hijos ingresen a los programas estatales de acompañamiento a la identidad de género, que la Ley de Identidad de Género debe derogarse y que su Universidad “debe revisar de manera urgente todos los reglamentos y protocolos que avalan la farsa de la identidad de género”.
Obviamente, las organizaciones “defensoras de la diversidad” armaron el escándalo rutinario y exigieron las penas del infierno. Por supuesto, la Universidad, a través de un comunicado del rector Nelson Vásquez, se “distanció” de las opiniones del atrevido profesor, lamentando que estas hubiesen herido u ocasionado dolor en estudiantes y profesores, y recalcando que la Universidad no está de acuerdo con él.
Este episodio se suma al reportaje de Sabine Drysdale y la entrevista a dos doctores de la Red UC Christus, profesores de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes realizaban tratamientos transafirmativos (social, hormonal y quirúrgica) a menores de edad. No hubo reacciones públicas a nivel de rectoría, sino un simple comunicado de que no se realizarían nuevos tratamientos. Nada más.
Vale entonces preguntarse… ¿qué tienen estas universidades de pontificias y de católicas cuando se apartan del Magisterio de la Iglesia, ignoran o malinterpretan la Declaración Dignitas Infinita y se inclinan ante el lobby trans? Nos acercamos cada vez más al caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que en 2012 el Vaticano le quitó los títulos de “Pontificia” y “Católica” por no adecuar sus estatutos a las normas de la Santa Sede. ¿Cómo es posible que la PUCV no comparta los dichos del profesor que están en perfecta sintonía con la Declaración Dignitas Infinita, que considera que el cambio de sexo es un grave atentado a la dignidad humana (Nº60)?
Esto no sólo se trata de otro caso de persecución y cancelación a un profesor por sus opiniones, sino de la incapacidad de las universidades católicas de actuar, en todo tipo de materias, de acuerdo con los principios y fe de la Iglesia Católica. Sin lo segundo, fácilmente se entiende por qué ocurre lo primero. Se espera que las universidades católicas sean coherentes con la doctrina católica en su interior, y que también sean líderes en defenderla públicamente y denunciar cuando el Estado atenta contra ella, por muy impopular que sea.
Vale la pena recordar lo señalado en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas: “Puesto que el objetivo de una Universidad Católica es el de garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura, ella debe poseer, en cuanto católica, las características esenciales siguientes: (…) la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia (…)” (Nº13).
600 adolescentes sometidos a hormonas trans
La semana pasada, TVN emitió un nuevo Informe Especial, dirigido por Santiago Pavlovic y titulado “Nuestros niños trans”, en el que aborda los casos de mayores y menores de edad que realizan su “transición” al sexo opuesto. Drysdale y Pavlovic han abierto la puerta para mostrar la aterradora realidad de la hormonación trans a niños y jóvenes y sus consecuencias irreversibles, los jueces que le quitan a los padres “opositores” la tuición de sus hijos y la feroz cancelación de las fundaciones activistas contra los que critican su modelo transafirmativo.
La información se ha ido conociendo con cuentagotas, pero cada testimonio y documento nuevo sólo hace crecer la preocupación por el daño que el Estado está provocando en miles de niños y padres. Literalmente, miles. La subsecretaria de Salud reconoció que, en la red pública de salud, 600 niños entre 10 a 17 años están recibiendo tratamiento hormonal, sea para bloquear su pubertad o para hormonación cruzada, que tienen efectos graves e irreversibles en los huesos, esterilidad, problemas en el corazón, etc. No sabemos desde hace cuánto tiempo reciben estas hormonas, si su uso está autorizado por el ISP, si los padres fueron coaccionados con la frase “hijo trans o hijo muerto”.
Dicen que el programa del Estado (PAIG o Crece con Orgullo), dirigido a niños entre 3 a 17 años y al que ya han ingresado más de 2.000 menores, no contiene terapia hormonal, sino que sólo “acompañamiento psicológico”. Pero lo que se niegan a reconocer es que ese programa sí hace derivaciones para tratamiento hormonal. ¿Cuántos, de esos 600 niños hormonados, partieron con el PAIG? ¿Cuántos de ellos se han derivado a la salud privada? Tampoco sabemos cuál es el periodo de tiempo que se ocupó para contabilizar los casos. Si contáramos desde, por ejemplo, el 2015, y sólo en la red pública, podríamos estar hablando de más de mil niños que están recibiendo un tratamiento hormonal que no tiene respaldo científico.
¿Cómo se le devuelve a Orlando (testimonio de Informe Especial) el tiempo que ha perdido con su hija de 15 años porque un juez decidió que sabía qué era lo mejor para ella y, por eso, los separó? ¿Quién le devuelve la tranquilidad a Ángela de que su hija ya no será acosada por los integrantes del PAIG para que siga su transición, a pesar de que ella no quiere volver? ¿Cuándo podrá José volver a ver a su hijo, arrebatado cuando tenía 3 años por jugar con barbies y que ya al año siguiente marchaba con faldas?
Una de las cuestiones más llamativas del reportaje de TVN, fue la negación de la diputado trans Emilia Schneider a reconocer que se debe respetar la decisión del padre de no autorizar el ingreso de su hijo estos programas y terapias de transición social y hormonal, al sostener que “el interés superior del niño está por sobre toda otra consideración”. Aplicando esa lógica, todas las normas que establecen prohibiciones según edades pierden sentido (ej. comprar alcohol o cigarros, firmar contratos, salir del país, etc.). Es preocupante que un integrante del Congreso, quien debe respetar y hacer respetar la Constitución, se esfuerce en no reconocer el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, siendo, además, presidente de la Comisión de Educación.
El Estado está fallando estrepitosamente en todo lo que se refiere a población infantil: retraso en la entrega de útiles escolares, incapacidad de garantizar la seguridad y orden en liceos, crisis en los centros de Mejor Niñez… y a toda esta intranquilidad de los padres ¿ahora hay que sumarle que un establecimiento educacional, ante la sola opinión del niño, y sin avisarles, comience a tratarlo según su autopercepción, o incluso, derivarlo a estos programas de “acompañamiento”? ¿Cómo es posible que el presupuesto para el PAIG sea de 3.500 millones de pesos anuales?
Son sólo algunas de las preguntas que la Ministra de Salud deberá responder hoy, en la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a la que fue citada y que revisará todas las aristas educacionales, presupuestarias, sanitarias, etc. El legado de este Gobierno será la experimentación científica en niños, el quiebre de familias y el financiamiento a los “monos peludos”.
Las Olimpiadas entre lo divino y lo profano
Uno esperaría que los Juegos Olímpicos fuesen noticia en estos días sólo por las competencias deportivas y la actualización del medallero. Pero la blasfema ceremonia de inauguración ha sido la razón para poner sobre la mesa la constante burla a lo sagrado del cristianismo en Occidente, convirtiéndolo en un nuevo deporte olímpico.
Autoridades estatales y eclesiásticas expresaron su rechazo contra la ridiculización que se hizo de “La Última Cena”, entre ellos, 25 cardenales y obispos católicos, el viceprimer ministro eslovaco o la institución religiosa Al Azhar, principal referencia islámica sunita. La organización olímpica pidió perdón y afirmó que no hubo intención de faltar el respeto a ningún grupo religioso. Una afrenta similar sufrió el surfista brasileño Joao Chianca, quien denunció en una publicación en sus redes sociales -posteriormente eliminada- que se le prohibió tener la imagen del Cristo Redentor en sus tablas de surf, ya que los Juegos Olímpicos apuntan a la neutralidad total en materia religiosa. En los JJ.OO. no hay contradicción en que la neutralidad religiosa implica prohibir referencias cristianas a los deportistas y permitir burlas a la persona más importante de los cristianos.
Sin embargo, los deportistas, de distintas nacionalidades y categorías deportivas, no han tenido temor en manifestar públicamente su fe. La medallista de oro estadounidense en 1.500 metros estilo libre, Katie Ledecky, ha señalado la importancia que tiene para ella su fe católica. La sudafricana Tatjana Smith, medalla de oro en 100 metros en natación, mostró una camisa con el listado de personas a las que agradecía, comenzando por: “Dios-Jesús-Espíritu Santo”. Con una medalla de plata en natación, el británico Adam Peaty publicó en su Instagram un versículo del libro de los Proverbios: “Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia; reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas”. El surfista brasileño Gabriel Medina, luego de clasificar a los cuartos de final, y la brasilera ganadora del bronce en skate callejero femenino, Rayssa Leal, hicieron publicaciones similares. El guatemalteco Jean Pierre Brol, que ganó medalla de bronce en tiro, luego agradeció a Dios por el triunfo y contó que antes de empezar una competencia le pedía que le diese sabiduría y templanza. O el famoso tenista Novak Djokovic, quien ha mostrado constantemente su cruz ortodoxa. Y así quizás en tantos otros casos.
¿Qué habrán pensado todos estos deportistas en la inauguración parisina? Como dijo San Juan Pablo II: “Francia, hija mayor de la Iglesia, ¿qué hiciste de tu bautismo?”. Mientras los cristianos son perseguidos en Oriente, en Occidente son objeto de burla. Pero si allá la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos, acá pocos alzan la voz… ¿serán los cristianos orientales los que salven a sus hermanos occidentales?
Lo que ha ocurrido en París no se reduce simplemente a la “batalla cultural” contra grupos ideológicos que intentan imponer su agenda abortista y transgénero en cada rincón que encuentran. Tampoco se trata de una crisis del cristianismo, en cuanto pilar de la civilización occidental, como si sólo valiera su legado cultural, quitando cualquier elemento trascendente. Es más profundo. Es una cuestión de religión, de fe, con la que el deportista olímpico se identifica, vive y se emociona aún más que con el deporte que practica.
Como dijo Novak: “Antes de ser un atleta, soy un cristiano ortodoxo. Mi espalda siempre está custodiada por Dios y los ángeles”.
No + ESI
A raíz de la condena a Eduardo Macaya por delitos de abuso sexual a menores de edad, algunos parlamentarios anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que incluya en la educación sexual la prevención del abuso sexual infantil y el respeto a la diversidad. Pese a los múltiples portazos que ha recibido la idea de imponer un adoctrinamiento ideológico a los alumnos -una y otra vez los chilenos les dicen que no- los mismos de siempre vuelven a insistir.
En 2020, la Cámara rechazó un proyecto de ley que introducía la ESI (Educación Sexual Integral) con elementos ideológicos y afectaba el derecho de los padres. En 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del proyecto de ley de Garantías de la Niñez referidos a la educación no sexista y que afectaban los derechos parentales. En 2022, se rechazó el proyecto de Constitución que consagraba el carácter no sexista del derecho a la educación y el derecho a una educación sexual integral “que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad (…) el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad”, y que excluía a los padres a pesar de las decenas de miles de firmas de las Iniciativa Populares de Norma. En 2023, la prioridad para el Ministro de Educación fue la implementación de la ESI, lo que se vio reflejado en las cuestionadas Jornadas de Educación No Sexista y la actualización de una guía de sexualidad afectiva, que si bien terminó con una acusación constitucional rechazada, fue uno de los factores de su salida pocos meses después. En 2024, el Gobierno metió a último minuto el concepto de educación no sexista en el proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres, y si bien el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional el concepto, lo interpretó de una manera tan restringida que excluía cualquier componente ideológico. Y ahora escuchamos -por sexta vez- su grito de guerra: ¡seguimos!
Una y otra vez intentan meter la ESI a la fuerza y una y otra vez los padres les dicen que no. Ningún chileno quiere que un niño sea abusado sexualmente, pero tampoco quieren que se adoctrine sexualmente a sus hijos. El mismo sector que insiste en la idea de que existe evidencia de que la ESI sirve para prevenir el abuso sexual infantil, fue el que defendió que la evidencia respaldaba el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, como quedó en la Ley de Identidad de Género del 2018. Resulta que ahora tenemos una comisión investigadora que debe averiguar cuántos niños y jóvenes con disforia de género han recibido tratamientos hormonales que carecen de evidencia científica sólida que los respalde y que traen daños irreversibles de por vida.
La ESI no es un programa de concientización de los riesgos de abuso ni ayuda a reforzar de manera consistente en los niños y jóvenes el rechazo a los contactos de carácter sexual, porque se contradice con la máxima de sus promotores que pontificando que los contactos sexuales, en cuanto consentidos, son inobjetables, no violentos y generadores de buenas sensaciones. La supuesta eficacia de la educación sexualizante de menores de edad en prevenir abusos sexuales es en realidad mera especulación-justificación ideológica, no empírica.
La oposición a la ESI se explica no sólo por el rechazo a la obsesión de exhumar el proyecto constitucional octubrista, ni por el historial de fracasos de imponerla, ni por la desconexión de atender situaciones educacionales graves que hoy requieren soluciones impostergables, sino que por tratarse de una ideología que excluye a los padres, adoctrina y confunde a los niños, carece de evidencia que respalde su rol preventivo y ofrece una visión materialista, reduccionista y hedonista de la sexualidad. Y los padres no quieren eso para sus hijos.
Convivencia escolar
Señor Director:
Desde hace más de un mes, se discute en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos.
Aduciendo la necesidad de solucionar problemas de convivencia escolar, el proyecto establece medidas de carácter ideológico y sesgado, que afectan la libertad de los centros educativos para definir sus propios reglamentos internos y atropellan la libertad de conciencia. A modo de ejemplo, la iniciativa obliga a todas las comunidades educativas a reconocer el enfoque transafirmativo, mediante una modificación impuesta a los reglamentos internos.
Desde el inicio de la discusión hasta la segunda semana de julio, la Comisión sólo ha escuchado a un expositor con una opinión crítica al proyecto; todos los demás han expuesto a favor. Cada uno de nosotros solicitó audiencia ante la Comisión; sin embargo, estas solicitudes fueron desestimadas. Considerando la pluralidad de visiones legítimas sobre los temas en discusión, nos parece que este sesgo resulta sencillamente injustificable.
Gonzalo Letelier – Asociación de Padres y Educadores por la Libertad de Educación (LIBEDUC); Eduardo Hernández – Unión Nacional de Profesionales de la Educación de Chile (UNAPECH); Ignacio Hüe – Universidad San Sebastián; Gustavo Baehr – Abogado Comunidad y Justicia