Los efectos del Informe Cass, que denunció la ausencia de evidencia científica sólida en los tratamientos hormonales a niños y jóvenes con disforia de género, siguen expandiéndose. En Chile, el 8 de julio pasado se aprobó la creación de una Comisión Investigadora y en el Reino Unido, el nuevo gobierno laborista decidió mantener la suspensión de realizar, en la salud pública y privada, tratamientos hormonales a menores de edad.

Sin embargo, quienes se han opuesto a las conclusiones y recomendaciones del Informe Cass, tanto en Chile como en el extranjero, no han dudado en, como lo llaman eufemísticamente, “desinformar”.

Uno de los padres del reportaje de Sabine Drysdale relata que la psiquiatra que atendió a su hijo de 15 años y que creía ser una mujer, advirtió sobre la altísima tasa de suicidios en niños que no son apoyados por sus padres; misma advertencia recibida por otro testimonio. El argumento “hijo trans o hijo muerto” es, como describe un caso, la “espada de Damocles”, es decir, la amenaza constante de un daño o peligro o de apoyar la transición o de perder a un hijo. Ningún padre debería escuchar una insensibilidad de ese calibre. El Informe Cass concluyó que no existe respaldo sólido sobre la reducción del riesgo de suicidio debido a los tratamientos de afirmación de género, ya que la mayoría de los estudios que sostenían tal efecto tenían problemas metodológicos importantes, especialmente la falta de control adecuado de la presencia de comorbilidad psiquiátrica y su tratamiento.

Pero luego de la publicación del Informe y de la adopción de medidas por el NHS Reino Unido, activistas y agrupaciones trans denunciaron en redes sociales un gran aumento en el suicidio de pacientes actuales y recientes del Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género (GIDS) en Tavistock desde una restricción anterior de los medicamentos bloqueadores de la pubertad que siguió a una decisión judicial (Bell v. Tavistock) en diciembre de 2020: 1 suicidio en los 3 años anteriores a la sentencia y 16 muertes (en lugar de suicidios) en los 3 años posteriores. El Profesor Louis Appleby, asesor en prevención del suicidio del Departamento de Salud y Asistencia Social, realizó una revisión sistemática de los datos de muertes entre 2018 a 2024 para comprobar la veracidad de la denuncia y concluyó que no existía respaldo, puesto que, concretamente, en esos 6 años hubo 6 suicidios, 3 antes de 2020-21 y 3 después. La desinformación malintencionada, masiva y sin base estadística sobre el suicidio juvenil buscando adecuarlo a un relato ideológico y que tiene incidencia en el riesgo de suicidio de los menores con disforia de género, revela que los activistas hacen exactamente lo que decían que no había que hacer.

En Chile, la desinformación se ha dado por contar sólo una parte de la historia o por no decir nada sobre noticias preocupantes. Por ejemplo, la subsecretaria de Salud señala reiteradamente que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) no incluye hormonoterapia. Pero mantiene absoluto y conveniente silencio respecto a la parte de las normas técnicas del PAIG que indican, si se solicita, derivar al menor de edad para tratamiento hormonal, que puede ser en cualquier establecimiento de salud público o privado. También intenta “combatir la desinformación” cuando sostiene que las familias son integradas en el PAIG, lo que es cierto… sólo si están de acuerdo en que sus hijos ingresen. Sin embargo, no escuchamos ni una palabra sobre las, al menos, 5 referencias técnicas respecto a denunciar a los padres que se oponen al ingreso de su hijo al PAIG, lo que se confirma con los testimonios, públicos y privados, de familias citadas a tribunales de familia, y que en algunos casos han perdido el cuidado de sus hijos. Eso sí pasa en Chile.

Tampoco se ha referido sobre el Programa de Salud Trans (PST), que sí contempla la hormonación desde los 10 años y está implementado en 21 hospitales públicos. Según un documento del Minsal de abril de 2023, más de 1.300 niños y jóvenes chilenos están dentro la población bajo control para recibir hormonas y más de 400 en lista de espera. El PST ¡vaya coincidencia! trabaja coordinadamente con el PAIG.

Otro ejemplo lo encontramos en la columna “Asedio a la niñez trans”, que señala que muchas entidades internacionales (la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Americana de Endocrinología, la Sociedad Canadiense de Pediatría, entre otras) han mantenido sus guías clínicas a favor de la terapia género afirmativa, y cita uno que está en contra (el Colegio Americano de Pediatras). Lo que no dice es que también existe un gran número de asociaciones gremiales internacionales que han manifestado su apoyo al Informe Cass o que han seguido direcciones similares (la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el Colegio de Psiquiatras del Reino Unido, la Sociedad Alemana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el respaldo de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y niñas de la ONU, etc.).

Pero más reveladora es la omisión del descubrimiento del Informe Cass respecto a que las guías clínicas de las asociaciones internacionales que mantienen su postura transafirmativa no siguieron los estándares internacionales para su elaboración, se basaron en evidencia deficiente y se citaban entre sí de forma circular generando un aparente y falso consenso científico, es decir, un cartel de citas. Cambia bastante el panorama con la información completa.

Con la instalación de la Comisión Investigadora y el inicio de su trabajo de recopilación de información, podremos tener mayor certeza de la preocupante realidad en Chile, pero está claro que seguir tratando no es una opción neutra.

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El viernes recién pasado, la subsecretaria de Salud señaló en una entrevista que “la importancia de la terapia de género afirmativa son políticas de Estado, no están en discusión”, ya que “la evidencia muestra efectos positivos de la terapia de género afirmativa, incluida la terapia hormonal, en la salud mental de jóvenes trans”. Así, el principal desafío “es ofrecer lineamientos técnicos claros sobre el uso de la hormonoterapia en la niñez y adolescencia trans”. La convocatoria del Minsal a expertos y organizaciones de la sociedad civil para que revisen la evidencia científica y formulen lineamientos técnicos sobre el uso de la terapia hormonal, respondería a dicho desafío.

Como dicen por ahí, vamos viendo.

¿Las terapias de género afirmativas no están en discusión? La verdad es que sí. En Chile y en el extranjero. En nuestro país porque lo que ha provocado la discusión actual son los testimonios de padres valientes cuyo sentido común les alertaba de la irracionalidad de un tratamiento que considera absolutamente correcto lo que diga un niño y peligroso lo que crea su padre, aun cuando corra el riesgo de ser judicializado. En el extranjero, porque el Informe Cass es la evidencia más sólida, pero no la primera, según el cual no existe a la fecha ninguna evidencia favorable a los tratamientos transafirmativos en menores de edad (ni a la transición social, ni a los bloqueadores de pubertad, ni a las cirugías). Si no fuese así, la subsecretaria debería explicar los retrocesos y restricciones que países pioneros en aplicar este enfoque han ejecutado en los últimos años (Inglaterra desde el 2020, Finlandia en 2020, Noruega en 2023, Suecia en 2022) o las felicitaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres por el Informe Cass, señalando sus hallazgos y recomendaciones son fundamentales y “ha mostrado muy claramente las consecuencias devastadoras que las políticas sobre tratamientos de género han tenido sobre los derechos humanos de los niños”.

Además, eso de que haya temas sobre los cuales no se pueda discutir y que son políticas de Estado fijadas en piedra, está en las antípodas de la democracia con la que hacen gárgaras…  La ministra Orellana debe estar indignadísima: “No vetamos ninguna discusión”… ¿o sólo las que no les conviene?

¿La evidencia muestra efectos positivos de la terapia de género afirmativa, incluida la terapia hormonal? Afortunadamente, el Informe Cass se encarga de hacer trizas esta afirmación. Dicha investigación revisó 50 estudios sobre los bloqueadores de pubertad y concluyó que 24 eran de calidad baja, 25 de calidad moderada y 1, sólo 1, era de alta calidad. También revisó 53 estudios sobre hormonas masculizantes / feminizantes, y la cosa no mejoró: 19 de calidad baja, 33 de calidad moderada y nuevamente sólo 1 de calidad alta.

Esperemos que los estudios citados en los documentos del Minsal y sus programas sociales tengan una mejor calidad. Sería impensable que un Gobierno progresista implemente políticas públicas de salud destinadas a los más pequeños y vulnerables sin un respaldo científico sólido y en línea con los países desarrollados y progresistas que les gusta citar. Los efectos positivos de estos “tratamientos” no lo reciben los niños, sino los bolsillos de activistas, farmacéuticas, académicos y, por supuesto, burócratas.

¿El Minsal convocó a expertos y organizaciones de la sociedad civil para revisar la evidencia científica y formular lineamientos técnicos para la terapia hormonal? Se esperaría que la seriedad, rigor e imparcialidad de nuestras sociedades científicas y organizaciones sin fines de lucro podría dar luz sobre estas materias y seguir el camino de los países desarrollados. Pero la realidad es otra. De las cinco sociedades médicas, tres ya sacaron una declaración apoyando el enfoque afirmativo y de las 10 integrantes nombradas dichas asociaciones, seis están explícitamente a favor de hormonar niños. Como si fuera poco, las organizaciones sociales invitadas son las mismas que han defendido y promovido el enfoque afirmativo hace años. Cierto comediante de traje blanco me quita las palabras de la boca.

Mejor ahorrémonos esta farsa de prohibir discusiones, de designar a dedo a los aliados que ya escribieron las conclusiones, de gastar recursos y tiempo en fingir neutralidad. Ya se acabó junio, y los menores de edad sometidos a estos tratamientos que conllevan riesgos médicos tales como infertilidad y esterilidad, problemas de salud ósea, problemas cardiovasculares, alteraciones cerebrales, cáncer, entre otros, necesitan recibir una atención de salud que los beneficie, no que los dañe.

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Ante el aumento de voces y testimonios que reclaman por la hormonación estatal a menores de edad, el Minsal ha respondido de la peor manera posible: seguimos. Ese amén propio del progresismo identitario revela que no están dispuestos a reconocer la evidencia científica. El Gobierno, habiendo perdido las batallas por la seguridad y la economía, ha decidido dar la pelea por la transformación cultural de la sociedad chilena, defendiendo a “las niñeces trans”, hormonando niños y demandando a los padres que se opongan. Así, en complicidad con algunas sociedades médicas y fundaciones pro trans ha comenzado la defensa y contraataque.

El Minsal, mediante la Circular Nº7, del 14 de junio, señalo que el PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género) “no incluye tratamiento hormonal”. Pero lo cierto es que una de las prestaciones de dicho programa es el “acompañamiento en toma de decisiones difíciles”, como los “tratamientos de afirmación corporal”, según la Orientación Técnica para la implementación del PAIG: “si una persona solicita asesoramiento sobre tratamiento hormonal”, se le debe “entregar orientación y atención de acuerdo con la capacidad de resolución de la red de salud”. En la misma circular señala que “sugiere diferir el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores” y “terapia hormonal”… Es una sugerencia, no una orden… ¿y si un Hospital rechaza la sugerencia? ¿Se hará responsable la subsecretaria por no ser tajante en prohibir y detener los tratamientos hormonales?

Además, la respuesta es pésima porque, en el fondo, lo que importa es saber si la hormonación se realiza en la red pública de salud. De hecho, en la misma circular el Minsal señala que lleva un año y medio “analizando la evidencia internacional sobre terapia hormonal género afirmativa” para menores de edad “preparando los lineamientos técnicos correspondientes”. Además, en enero de este año, el Minsal realizó una capacitación virtual a través de tres videos del canal de YouTube de Salud Digital, en los que se explica la derivación de menores ingresados en el PAIG a la Terapia Hormonal Género Afirmativa… los que fueron borrados la semana pasada.

¿Quién elaborará esos lineamientos técnicos? Las mismas sociedades médicas que apoyan el enfoque afirmativo, como lo demuestra la declaración del 18 de junio, firmada por las sociedades chilenas de Pediatría, Ginecología Infantil y de la Adolescencia, y de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Las conclusiones de los lineamientos ya están escritas en esa declaración: “La manera en que cada NNA trans realiza su transición es única y depende, entre otros factores, de su edad, desarrollo físico y estado emocional, por lo que las prestaciones de salud que se entreguen deben ser adecuadas a cada realidad en particular, garantizando siempre el bien superior del NNA.”. Ah, ¿pero quién determina cuál es ese bien superior? ¿los padres? No, salvo si lo meten al PAIG y lo hormonan, porque si se oponen pueden ser denunciados… y cada vez aparecen nuevos casos de padres “judicializados” que pierden la tuición. Entonces, ¿los doctores? Sólo si apoyan el enfoque afirmativo, pues quienes realizan psicoterapia o enfoques distintos, como la espera vigilante, sufren el riesgo de ser acusados de ocupar “terapias de conversión”. No es posible esperar objetividad de esos lineamientos y mucho menos si algunas de esas sociedades imparten cursos pagados sobre el enfoque transafirmativo.

El último integrante del triunvirato son las fundaciones que apoyan la hormonización de niños, quizás con muchos integrantes actuando de buena fe, pero que en algún momento la evidencia científica será un balde de agua fría. En Holanda, país pionero en los tratamientos transafirmativos, han comenzado a aparecer demandas por la negligencia y rapidez con las que se empezó a hormonar a los niños, por lo que no debería sorprendernos que en el próximo tiempo esto se comience a replicar, especialmente cuando existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos normativos para realizar este tipo de acompañamientos, y que en los tribunales de familia han hecho la vista gorda. Sus cartas han apuntado a la descalificación y el lobby que han hecho a las autoridades sanitarias para no detener la hormonación se refleja en la reunión que tuvieron con el Minsal y una orden de la circular Nº7 ya mencionada: “Adicionalmente, se instruye a los equipos tratantes reforzar el acompañamiento psicosocial en personas que se encuentren a la espera del inicio de tratamiento hormonal”… no vaya ser que algunos padres empiecen a despertar y oponerse a que su hijo siga un camino de dolorosos efectos irreversibles y luchar contra los “rescates” de los activistas.

La intención de asegurar que no existan desistimientos refleja el grado de desesperación por mantener, cueste lo que cueste, el encanto del hechizo trans. Y el Minsal sigue agitando la varita.

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El Premio Nacional de Periodismo de este año ya tiene nombre: Sabyne Drysdale, autora del reportaje sobre la horrorosa realidad de los niños trans en Chile, publicado en el portal digital de la radio Bio Bío. Las aristas que se han abierto son numerosas y es necesario exigir responsabilidades. Una de ellas es a las universidades y sociedades médicas.

El reportaje menciona a tres universidades. La UC, cuyo equipo de atención de la Red UC Christus es referente nacional; la UDP, cuyo “proyecto T” incluye “un servicio gratuito de psicoterapia trans afirmativa con “enfoque de derechos humanos” para niños en edad escolar con quienes practican terapia sicológica los estudiantes de esa carrera”, “sesiones de entrenamiento vocal con fonoaudiólogos” y un convenio con el Liceo Carmela Carvajal; y la Universidad de Chile, cuyo Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera) lleva “catorce años atendiendo adolescentes trans con el enfoque afirmativo”.

La frivolidad de la UC quedó claramente manifestada en su comunicado y en el silencio de la FEUC y de otras facultades. La UDP no se hizo cargo en su carta a El Mercurio de tener a estudiantes de Psicología haciendo su práctica con niños con disforia de género, ocupando el enfoque afirmativo que Cass, y otros países anteriormente, han abandonado. La U. de Chile no se dio por aludida. 

¿Qué ocurre en otras universidades? ¿La Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso seguirá participando en las Jornadas de Difusión del famoso PAIG (“Crece con Orgullo”) en el marco del trabajo colaborativo con el Servicio de Salud Aconcagua? ¿Las acciones que ha llevado a cabo el Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (Cedia) de la Universidad de Talca, como el curso “Niñez y adolescencia trans: mirada integral a una realidad urgente” de 2022, han tenido en cuenta las advertencias internacionales de los países pioneros? ¿La directora del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule y la Directora de Equidad de Género y Diversidad de la misma universidad seguirán vinculadas de forma complaciente con el Hospital Regional de Talca, cuyo PAIG apoyaron en crear y promover? ¿Cuántas universidades han realizado capacitaciones, convenios, diplomados, centros y un largo de etcétera en esta línea? ¿El Consejo de Rectores tiene algo que decir? ¿Cuántas generaciones de psicólogos, doctores y profesionales de la salud se han “formado” bajo este enfoque? ¿Cuántos Fondecyt y becas se han adjudicado para investigar y formarse en el enfoque transafirmativo a menores de edad con disforia de género

En el mundo de las sociedades médicas el asunto no pinta mejor. El martes de la semana pasada la Sociedad Chilena de Pediatría publicaba en X la promoción del curso online “LGBTIQA+. Comprendiendo la diversidad y su inclusión”, con 19 clases entre junio y agosto de este año, dirigido a “médicos generales, pediatras, médicos becados y otros profesionales de la salud interesados en actualizar sus conocimientos sobre diversidad sexual en la adolescencia”, cuyo objetivo es “Adquirir conocimientos teóricos y herramientas básicas para el ejercicio profesional en el trabajo con infancias y adolescencias LGBTIQA+ desde una perspectiva afirmativa, de género y derechos humanos”. ¿Auspiciadores? Laboratorios Saval… La filial Urología Funcional, Femenina y Reconstructiva de la Sociedad Chilena de Urología realizó en abril de este año, sin distinguir respecto a la edad, un taller de técnicas quirúrgicas para creación de vaginoplastía en mujeres trans.

La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes publicó un comunicado el 13 de junio reconociendo que “los tratamientos hormonales de supresión de pubertad y tratamiento hormonal de reafirmación de género, han sido realizados hasta la fecha, siguiendo guías clínicas y recomendaciones de sociedades científicas internacionales vigentes, así como de acuerdo a normas y directrices del MINSAL”, las que sólo promueven el enfoque afirmativo, y concuerdan que los “tratamientos hormonales no son de primera línea y que no todos los adolescentes requieren estas terapias farmacólógicas”, así como la necesidad de contar con “evidencia científica de mejor calidad, respecto de los efectos de los tratamientos hormonales”, así como contar con “más estudios que aclaren los beneficios y efectos adversos a largo plazo”. Los tratamientos hormonales no son de primera, segunda ni tercera línea. Palabras muy bonitas y que suenan prudentes, pero, al igual que la Defensoría de la Niñez, buscan culpar a otros… ¿realmente ninguno de sus integrantes participó en la elaboración de la normativa sanitaria a la que aluden?

Lo cierto es que la transición hormonal para menores de 18 años es una realidad, desde hace muchos tiempo, en la red pública de salud y en los establecimientos privados, sea por derivaciones del PAIG, por la oferta del Programa de Salud Trans, iniciativa de este Gobierno, o por la atención autónoma de los hospitales públicos como ha sido costumbre.  Y en este entramado, las universidades y sociedades médicas han participado y se han beneficiado. Probablemente, las farmacéuticas también, ¿o no?

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El excelente reportaje de Sabine Drysdale en el portal digital de la radio Bio Bío debe estar por alcanzar las 100.000 visitas. Sus entrevistas a siete testimonios dolorosos sobre padres de niños con disforia de género que recibieron bloqueadores de pubertad, el de un valiente ex activista trans, que publicó su experiencia en una nota aparte, y las entrevistas a 4 profesionales de establecimientos privados de salud, ha sido elogiado, comentado y difundido, pues la brutalidad de las historias refleja el daño que se provoca a los menores de edad cuando la ideología se apodera de la ciencia y la medicina se ejerce sin evidencia científica sólida. Las reacciones de las instituciones responsables de la realización de estos tratamientos, de su fiscalización y de la protección de los niños han sido una vergüenza y una decepción.

Si el barco de la medicina trans se comienza a hundir por el mortal torpedo que ha significado el Informe Cass, es previsible que los activistas y defensores del modelo transafirmativo comiencen a huir. La Defensoría de la Niñez es el primero. Es aún más grave que sean los primeros en evadir responsabilidades, porque su rol es proteger a los menores de edad que estaban siendo hormonados y no promocionar una atención de salud que tiene mucho de ideología y poco de razón. Y la evidencia sobre el activismo trans, tanto bajo Anuar Quesille como Patricia Muñoz, es abundante. Con su comunicado sólo intenta responsabilizar al Minsal y es notable la ausencia de anuncios dirigidos a fiscalizar las denuncias y casos incluidos en el reportaje.

El Minsal también ha intentado tapar un escándalo que al Gobierno le puede costar una nueva crisis que añadir. El Programa de Salud Trans, al que se puede ingresar desde los 10 años, garantiza como prestación la administración de hormonas a menores de edad y fue aprobado por esta administración. Pero estábamos avisados. Basta leer el programa de gobierno de Gabriel Boric. “(…) Incorporaremos una canasta de prestaciones trans-no binaries como garantía explícita en salud (…) que contemple la atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica” (p. 48), para “Garantizar prestaciones de salud especializadas enfocándonos en (…) personas LGTBIQ+, personas mayores y adolescentes” (p. 124).

Nos habían anunciado que iban a desestabilizar al país con sus transformaciones, pero ¿desestabilizar a los niños con hormonas sin respaldo científico? ¿Estos son los adalides del progreso? ¿Los mismos que se han llenado la boca con el discurso de proteger a los niños y el sambenito de la autonomía progresiva? ¿Son conscientes de que la suspensión temporal de los bloqueadores de pubertad en la red pública de salud generará un desplazamiento masivo al sistema privado de todos los menores ingresados en el PAIG y quieren pasar a la terapia hormonal? ¿Dicen que están en contra del lucro y han financiado a las organizaciones protrans para que hagan capacitaciones hasta en los paraderos con el enfoque afirmativo? ¿Seguimos? ¿Seguimos hormonando niños, alimentando la industria farmacéutica y promoviendo atención de salud no basada en evidencia?

En el caso de la Universidad Católica, la expertise y experiencia de sus equipos de la Red de Salud UC Christus, su ideario católico y la fidelidad a la Doctrina Social de la Iglesia -que, en esta materia, termina, y no comienza, con Dignitas Infinita-, y su brevísimo comunicado en el que informan la detención de bloqueadores de pubertad a pacientes nuevos, agravan triplemente la falta. Los doctores entrevistados en el reportaje son “expertos y referentes a nivel nacional en tratamientos de bloqueo de pubertad y hormonas cruzadas en pacientes pediátricos transgénero” que han atendido a 200 niños en 10 años.

Es grave e incomprensible que, a pesar de su prestigio nacional, consideren que el Informe Cass sólo “pone una nota de cautela respecto del tratamiento hormonal” a menores de 18 años, cuando el Informe explícitamente señala que no hay evidencia de que los bloqueadores de pubertad “compren tiempo para pensar”, ni se demuestran cambios en la satisfacción corporal o el bienestar psicológico. La reciente medida de Inglaterra de prohibir el uso de bloqueadores de pubertad en la salud pública y privada revela que no es una nota de cautela, sino una acción responsable e inmediata para proteger a los niños.

El ideario de la UC se ve mancillado cuando sostienen que Dignitas Infinita “llama también a la prudencia en estas atenciones de salud”, cuando dicha declaración es tajante en respetar el cuerpo y que las operaciones de cambio de sexo, como las mastectomías que realiza(ba) la UC, atentan contra la dignidad personal: “Sobre la necesidad de respetar el orden natural de la persona humana, el Papa Francisco enseña que «lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada».^[109] De ahí que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corra el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción.”.

Lo que genera ira e incredulidad es que, si no fuera por el milagroso reportaje, ni la UC hubiese detenido los tratamientos, ni la Defensoría se habría lavado las manos ni el Minsal intentaría apagar el incendio con bencina. Porque lo que hay detrás de los comunicados de dichas instituciones, es el reconocimiento de haber detenido algo que sabían que estaba ocurriendo y que no estaba bien.

La Defensoría de la Niñez, los partidos políticos, Cenabast, el INDH, el Minsal, los establecimientos privados de salud, los tribunales de familia, el ISP, las universidades, el Mineduc, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez y tantos más… ¿dónde estaban? ¿Se hacen responsables de su acción directa y su silencio cómplice?

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El miércoles pasado el Minsal entregó la Cuenta Pública sobre su gestión durante del 2023. Uno de los anuncios, calificado como prioritario para el Gobierno de Gabriel Boric, llamó la atención: la implementación y desafíos del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) para menores de 18 años. La ejecución de este programa social es contradictoria, y por ello, peligrosísima y dañina, con uno de los principios básicos de la atención sanitaria: basarse en evidencia.

Si bien la ministra se refirió escuetamente a este punto, el borrador de la Cuenta Pública entrega más información. El PAIG realiza “acompañamiento psicosocial” a niños y jóvenes “trans y/o género no conforme y sus familias” para “reducir la exposición a factores de riesgo de discriminación” y “promover el nivel más alto posible de salud física y mental, poniendo término a la patologización de la identidad de género” que abarca los ámbitos “individual, familiar o institucional, y comunidad educativa”. Ya está instalado en 37 establecimientos de salud pública y en septiembre del año pasado finalizó la contratación de los equipos profesionales. ¿Cuántos niños y jóvenes ingresaron durante el 2023? 1.202. ¿Cuántos ingresos adicionales nuevos se esperan para este año? 2.940. Para fines de este año, más de 4.000 menores de 18 años serán las víctimas de la pseudociencia de género, poniendo en riesgo su integridad física y mental.

¿Por qué el PAIG es peligroso y dañino? Por que contradice los estudios y cambios de tendencias de los países pioneros en los tratamientos transafirmativos en menores de edad, quienes adoptan enfoques muchísimo más prohibitivos y restrictivos para los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores de edad. Especialmente el Informe de la Dra. Hillary Cass en Inglaterra (publicado en abril de este año), el de la Dra. Lisa Littman (2019), autora del concepto Disforia de Género de Inicio Veloz (DGIV), así como en Noruega (2023), Finlandia (2020) y Suecia (2019). Una segunda razón es que se han desmontado los mitos sobre lo beneficioso del método afirmativo, que es el ocupado por el PAIG. No se trata de un método flexible en cuanto a la exploración de la identidad de género, sino que direcciona al menor a tomar una decisión apresurada. Tampoco es cierto que casi el 100% de los menores no se arrepientan de su transición, sino que casi la totalidad de los menores supera la incongruencia de género en el camino a la adultez, de acuerdo a estudios de 1997, 2008, 2013 y 2024. Por último, no existe evidencia sólida de que este enfoque constituya un alivio psicológico y evite de mejor manera los riesgos de autolesión y suicidio.

Por supuesto, el Minsal puede intentar calmar las aguas señalando que se trata de una falsa alarma porque el PAIG sólo se refiere al enfoque social y no incluye tratamientos hormonales ni quirúrgicos. Pero sería reírse en la cara de los chilenos, especialmente de los padres angustiados que se compran esta estafa que tiene mucho de ideología y nada de ciencia. El PAIG no es sólo un enfoque social, ya de por sí preocupante porque considera a los padres como los principales factores de riesgo y que pueden ser demandados ante tribunales si se oponen a que su hijo ingrese al programa, y su principal riesgo es que confirma al menor y su familia en la vía afirmativa y, así, condiciona -por no decir exige- el paso siguiente: hormonas, cuando menos. El PAIG también incluye, como señala la “Orientación Técnica para la Implementación del PAIG” (Minsal, 2023), dentro de las prestaciones el “Acompañamiento en la toma de decisiones difíciles del NNA”… Decisiones difíciles como “tratamientos de afirmación corporal”, eufemismo de tratamientos quirúrgicos, que no son otra cosa que castraciones y mutilaciones (delitos castigados en los arts. 395 y 396 del Código Penal). Los tratamientos hormonales también se incluyen, puesto que la atención secundaria deberá organizarse para realizar la “derivación a servicios clínicos de endocrinología, ginecología, urología u otros servicios que sean requeridos acorde a las necesidades específicas en relación con la identidad o expresión de género de cada persona”. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) enumeró más de 41.000 reacciones adversas entre 2004 y 2019 asociadas con la leuprolida, que incluye Lupron y medicamentos similares utilizados en clínicas de género. Casi 26.000 de ellos fueron clasificados como “casos graves”, que incluyeron más de 6.000 muertes.

Esperemos que en la próxima cuenta pública del Minsal la Ministra informe que se ha detenido la ejecución del PAIG. Más de 4.000 niños pagarán el precio si no lo hace.

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