La restauración de las iglesias
Existe una deuda con las iglesias cristianas. Uno de los símbolos del estallido social del 18-O fue la quema de iglesias. De acuerdo con el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, elaborado por Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), sólo entre octubre de 2019 y octubre de 2020 se cometieron en Chile actos vandálicos y daños en 59 iglesias de todo el país.
El 27 de octubre de 2019 la catedral de Valparaíso fue objeto de ataques e intentos de prenderle fuego y el 12 de noviembre la iglesia de La Veracruz fue incendiada. El 3 de enero de 2020 la iglesia San Francisco de Borja, ocupada para las ceremonias religiosas de Carabineros, fue blanco de bombas molotov que terminaron por quemar más del 60% de la infraestructura. Famoso fue el video del derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Asunción con ocasión del primer aniversario de la revolucionara fecha.
Pero la obsesión por destruir y vandalizar los templos cristianos ocurre hace muchísimos años y no se detuvo luego del 18-O. De acuerdo con los registros del Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena de la Multigremial de La Araucanía, entre 2015 y 2018, hubo más de 40 lugares de culto incendiados intencionalmente. Los ataques contra las iglesias continuaron luego de 2020, pero no existe un recuento oficial actualizado, y, sin embargo, las noticias sobre quemas y vandalismo de iglesias se cuentan por decenas.
En mayo de este año, dos noticias traen esperanza y justicia. La primera es el comienzo del diseño de la restauración de la iglesia de La Veracruz, gracias al trabajo conjunto del Arzobispado de Santiago y un grupo de fieles (Fundación Veracruz). La permisología, de la que se ha hablado en el último tiempo, también afecta la libertad religiosa, pues el atraso en el inicio de la reconstrucción se debe a la demora del Consejo de Monumentos Nacionales en entregar los permisos finales.
La segunda noticia fue que el Cuarto Tribunal Oral de Santiago declaró culpable al acusado (prófugo por dos años) por el delito de incendio, al arrojar líquido acelerante e intentar prender fuego a la iglesia San Francisco de Borja, así como lanzar bombas incendiarias a Carabineros, y cuya sentencia y pena se conocerá este miércoles. La justicia toma su tiempo, pero llega.
Existe una deuda con las iglesias cristianas. Durante demasiados años el país ha sido testigo de la destrucción de los lugares que manifiestan parte de nuestra identidad y cultura occidental y chilena. Pero no podemos dejar que sigan carbonizadas, grafiteadas y olvidadas.
Las iglesias son lugares de oración, conversión y encuentro con Dios, instituciones permanentes de nuestra historia e infaltables en la construcción urbana de cualquier ciudad o pueblo chileno. Desde la humilde capilla rural a la grandiosa catedral citadina, se trata de lugares sagrados. No son lugares corrientes, sino especiales, en los que se realizan aquellas acciones sagradas que vinculan con lo divino. Así, es su finalidad la que revela la especial consideración con la que deben ser cuidadas, y por lo mismo, el dolor que provoca su sacrilegio al ser vandalizadas, quemadas o rayadas no es sólo por el daño material provocado, sino que daña el bien común y desalienta las almas de los creyentes.
Las autoridades eclesiásticas, los chilenos y el Estado pueden (y deben) avanzar en un camino de restauración de las iglesias de Chile, pero no sólo una restauración material, sino también espiritual. Ellas también son, en cierto modo, parte del alma de Chile.
Mabel Suffield
En 1891, Mabel Suffield zarpó de Inglaterra a Sudáfrica para casarse con un hombre trece años mayor que ella y dedicado al negocio bancario. Cuatro años después, debido a la necesidad de un mejor clima para sus dos hijos, John y Hilary, volvió a su tierra natal, pero sin su marido. No lo volverían a ver, pues murió al año siguiente.
Mabel se alojaba en casa de sus padres, pero a fines de 1896 se trasladaron a Sarehole, un lugar con colinas y bosques, que tendría efectos permanentes en el mayor de sus hijos. Los niños gozaban jugando por el campo, imaginando aventuras con ogros y dragones. Su madre, preocupada por su educación y ante la falta de recursos, decidió enseñarles a leer y a escribir, así como latín y francés, aunque no tuvo éxito con el piano, cuya música ella gozaba tocar. La botánica y el dibujo fueron parte de los temas de clases.
Sin embargo, la enseñanza que los marcaría profundamente sería la religión y el sacrificio que implicó para ella, pues la familia Suffield era anglicana y el padre de Mabel había sido educado en una escuela metodista y no soportó que su hija se volviera una papista. Luego de la muerte de su marido, Mabel comenzó a frecuentar una iglesia católica y a recibir formación, para ser recibida en 1900, junto con May, su hermana, en la Iglesia Católica. Su cuñado, furioso, prohibió a May volver a entrar en un templo católico, y le retiró el apoyo financiero a Mabel. Sin embargo, en palabras de Carpenter, biógrafo de su hijo mayor, “nada conmovía su lealtad hacia su nueva fe, y contra toda oposición comenzó a instruir a sus dos hijos en la religión católica”.
Esto obligó a Mabel a cambiar de hogar varias veces, pero priorizó la cercanía de una nueva iglesia católica, y finalmente se asentó en el suburbio de Edgbaston, cerca del Oratorio de Birmingham, y que tenía una escuela en la que sus hijos podían recibir educación católica. Ahí conoció y recibió el apoyo y comprensión de un sacerdote de nombre Francis, de ascendencia española y con gusto por fumar pipa. Si bien ocurrieron nuevos cambios de casa, debido a las crecientes dificultades económicas, el padre Francis pasó a ser un soporte vital para la familia.
La salud de Mabel, producto del desgaste y cansancio, comenzó a deteriorarse, y estuvo internada por tres meses en 1904 con un diagnóstico de diabetes. Si bien pareció mejorarse, Mabel volvió a empeorar, entró en un coma diabético y falleció el 14 de noviembre de ese año.
John tenía 12 años cuando quedó huérfano. A los 21 escribió sobre su madre: “Mi querida madre fue en verdad una mártir, y no a todos concede Dios un camino tan sencillo hacia sus grandes dones como nos otorgó a Hilary y a mí, al darnos una madre que se mató de trabajo y preocupación para asegurar que conserváramos la fe”. Impresos quedaron en John lo que había recibido de su madre: una formación católica, el estudio por las lenguas y el amor por la naturaleza. Combinados, potenciados y fortalecidos en el tiempo, Mabel estaba presente en la mano de su hijo cuando escribía sus libros. John llegaría a ser uno de los escritores más reconocidos de todos los tiempos, identificable por su apellido: John Ronald Reuel Tolkien.
En una carta de 1953, señala que El Señor de los Anillos “es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica; de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. (…) Porque, a decir verdad, conscientemente he planeado muy poco; y debería estar agradecido por haber sido educado (desde los ocho años) en una Fe que me ha nutrido y me ha enseñado todo lo poco que sé; y eso se lo debo a mi madre, que se atuvo a su conversión y murió joven, en gran medida por las penurias de la pobreza, que fueron las consecuencias de ello”.
Soft law y derechos humanos: ¿para qué?
Durante estos días, la Cámara de Diputados discute un proyecto de ley que pretendería promover la información y discusión, en la Cámara de Diputados, de soft law en materia de derecho internacional de los derechos humanos.
Como en todo acto de naturaleza normativa, conviene preguntarse: ¿Cuál es la necesidad de que este proyecto se convierta en ley? Para responder a esto, resulta suficiente constatar que los antecedentes cuya información desea promover el proyecto se encuentran mediante una simple búsqueda en internet. Además, el soft law no es una fuente de derecho internacional establecida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, por lo que no tiene carácter vinculante.
En tales circunstancias, por tanto, resulta difícil encontrar un elemento que justifique la existencia del proyecto de ley.
Entonces, ¿qué hay detrás de este proyecto? Es la propia moción la que, en su fundamentación, entrega un indicio que podría dar una respuesta. En ella, se señala que, el (supuesto) deber de nuestro país, de revisar la legislación interna, para adaptarla a lo que la iniciativa llama “estándares de Derechos Humanos”, está íntimamente relacionado con lo señalado por órganos de supervisión de tratados. “A modo de ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile (…) evidenció la necesidad de aprobar el proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.”
¿Es casual esta referencia? Seguramente, no. La “recomendación” efectuada por el CEDAW constituye una más de los habituales pronunciamientos de organismos internacionales, en los que reina una visión sesgada, discutible y distorsionada de los derechos humanos. Ejemplos sobran: en 2018, el mismo CEDAW recomendó a Chile ampliar la ley 21.030, a fin de “despenalizar” el aborto en todos sus casos; y en 2019, una serie de Estados extranjeros solicitaron a Chile lo mismo, en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
Como se puede apreciar, el proyecto de ley es aparentemente inocuo, pero constituye una ingeniosa herramienta para promover, con supuestos ropajes de infalibilidad, una visión ideológica de los derechos humanos, que en numerosas ocasiones encuentra un lugar para promover atentados en contra de bienes fundamentales, como la vida del no nacido, la familia, entre otros.
PAIG… el mayor escándalo médico contra los niños en la historia
Así será recordada la política pública de salud que ha experimentado y mutilado a los niños con disforia de género. Luego de la publicación del Informe Cass en abril pasado, los efectos se han hecho notar, sea con nuevas normativas que restringen o prohíben el uso de bloqueadores de pubertad para menores de edad o se comienzan a levantar solicitudes de investigaciones en otros países… salvo en Chile.
Pero en Chile el asunto sigue pasando desapercibido. El artículo 23 de la Ley de Identidad de Género regula los programas de acompañamiento profesional a los que podrán acceder los niños con disforia de género que incluye “acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial”. Como señala el reglamento de la ley, el programa es voluntario y sólo se entrega si es “solicitado por el niño (…) de acuerdo a su edad y grado de madurez, o su familia”, salvo que el niño se oponga. Pero si los padres se oponen, contra la decisión del hijo, su negativa es ineficaz. Lo que importa es la decisión del niño, no la de los padres.
Esos programas, a cargo de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social se han materializado en el “Programa de Apoyo a la Identidad de Género” o “PAIG” que se ejecuta en todos los servicios de salud del país. Un análisis de los informes presupuestarios de las versiones 5 y 6 del PAIG , correspondientes a los años 2021 y 2023, revelan que la agenda trans se aplica con toda su fuerza en todo Chile y aún no dimensionamos el daño, irreversible en muchos casos, que se causará.
La base de la ley, de su reglamento y del PAIG es que los problemas de salud física, mental o de conducta de los niños con disforia de género tienen su origen en las reacciones negativas de la sociedad (transfobia) más que en el niño. Es decir, en lugar de explorar y revisar otros antecedentes psicológicos del niño, se opta por la vía irresponsable: potenciar (afirmar) su autopercepción, aun cuando ello no resuelva su angustia, y, de pasada, “transformar” la sociedad y la cultura, que son las que realmente ponen en riesgo su vida. La gran cantidad de “detransicionadores” se explica en parte porque los tratamientos transafirmativos no miran el pasado, sino que sólo al futuro.
Los tratamientos de afirmación de identidad de género se pueden dividir en tres líneas de acción. La primera es la afirmación personal y social del niño o joven mediante atención “género afirmativa” (personal, familiar y educativa). La segunda es el tratamiento hormonal, que puede ser supresivo (reducción de los niveles de hormonas en la pubertad y adolescencia) o de reemplazo (busca un desarrollo físico acorde a los caracteres sexuales deseados). Por último, las terapias quirúrgicas consisten principalmente en genitoplastía (creación quirúrgica de una vagina), mastectomía (cirugía para extirpar el tejido mamario) y faloplastía (creación quirúrgica de un pene).
La versión de 2021 del PAIG tiene como población objetivo a 3.743 niños de 3 a 17 años cuya identidad de género no coincida con su sexo asignado al nacer, de una población potencial de 37.427 niños. Consideran que a los 3 años la mayoría de los niños tienen un sentido estable (y manifiestan) su identidad de género. Sin embargo, reconocen que no se cuenta con estudios epidemiológicos confiables sobre su prevalencia en la población infantil, y citan un estudio de Estados Unidos de 2013, en el que se utilizan datos de 2.730 niños desde los 11 a los 13 años. Es preocupante que el PAIG sostenga que los “cuidadores” (nunca se habla de padres) sean la principal fuente de riesgo para sus hijos. Esto explica que una de las medidas del programa sea “educar” a los padres y se les “entrenará para la puesta en práctica de un repertorio de estrategias parentales que le permitan demostrar el apoyo a su hijo”.
Esta versión del PAIG contempla sólo la primera línea de acción: apoyo psicosocial al niño mediante atención “género afirmativa”, “orientación familiar” e inclusión del niño en el entorno educacional. Medidas de esta última línea incluyen “sesiones de sensibilización y entrenamiento de los integrantes de la comunidad educativa”, así como sensibilización y capacitación sobre la existencia de protocolos “sobre la utilización del nombre social, acerca de los servicios higiénicos, camerinos (…)”. Para los niños de párvulo y primer ciclo se asesorará mediante la “recomendación de cuentos infantiles relativos a la inclusión o al género”. Todo en la línea de vulnerar el derecho de los padres de educar y criar a sus hijos conforme a sus convicciones.
La versión 2023 del PAIG sube el rango de edad (de 3 a 7 años), pero aumenta la población objetivo y las intervenciones son más radicales: son 61.376 personas trans y no binarias en Chile de 10 o más años, y que en 2024 correspondería a 6.138 personas, que pueden acceder a prestaciones no solo de afirmación social, sino que también hormonal y quirúrgica.
Es probable que los tratamientos hormonales para niños con disforia de género en Chile ya se hayan realizado de forma autónoma por los servicios de la red pública de salud desde hace muchos años. Desde 2023 el Hospital Las Higueras cuenta con un policlínico infanto juvenil que “entrega atención a 80 niñes de la jurisdicción y está integrado por un equipo multidisciplinario de especialidades como la endocrinología, pediatría, psicología y psiquiatría infantil». En 2018, el Hospital Gustavo Fricke atendía a 30 niños en proceso de transición y en el Hospital de La Serena se atiende a 50 niños.
Las líneas de acción del PAIG generarán un efecto de “contagio social” en niños con identidad de género, lo que a su vez provocará un aumento de la demanda de salud trans y esto generará una menor supervisión y cuidado en la realización de cualquiera de las líneas de acción. Tal como ocurrió en Finlandia, Suecia e Inglaterra.
En Chile no sabemos cuántos niños tienen disforia de género, ni cuántos reciben tratamiento hormonal, ni su edad, ni la rigurosidad científica de los protocolos hospitalarios, ni la cantidad de padres indefensos ante este nuevo cuento del tío. No necesitamos cometer el mayor desastre médico contra los niños de nuestra historia, cuando otros países están pagando las consecuencias. Aún hay tiempo para detener el PAIG.
Natalidad, familia y educación
Las últimas semanas, después de leer distintas noticias, terminé preocupado por cierto hilo conductor que intuía en ellas, pero no sabía explicar. Todas referían a cuestiones relacionadas, de alguna u otra manera, con el ejercicio de la sexualidad: la influencia de la IA en la reproducción asistida, la disminución del embarazo adolescente por uso de anticonceptivos, el descenso de la natalidad y las razones ecologistas, el maltrato y abuso sexual contra menores de edad en redes sociales, los peligros de los tratamientos transafirmativos en menores de edad, la creación de un barrio rojo en Santiago, la tendencia al alza de la aceptación social del aborto bajo cualquier circunstancia de la encuesta Bicentenario UC, el ideológico fallo del Tribunal Constitucional sobre la educación no sexista, la preferencia por los AUC en lugar de los matrimonios y el aumento de madres solteras.
Existen ciertas ideas comunes entre algunas de ellas. La primera está relacionada con las consecuencias de la liberalización sexual (prostitución y uso de anticonceptivos); la segunda, con el abuso y mal uso de la tecnología (técnicas de reproducción asistida, abuso sexual en redes sociales y tratamientos transafirmativos); y la tercera, consiste en los efectos sociales (menos matrimonios y más AUC, aceptación social del aborto, descenso de natalidad, educación sexual ideológica y crianza de niños sin padres).
Los más liberales y progresistas de izquierda y derecha dirán que no es motivo de preocupación, sino de alegría. Son los “avances civilizatorios” de la Modernidad, y estamos en el siglo XXI. Pero hay un desorden y es imposible no verlo.
El invierno demográfico ha llegado a Chile y no sabemos cuánto durará. Revertirlo requiere de una política coherente que enfrente un escenario cultural adverso. Así, por un lado, sería inconsistente que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia promoviera un aumento de los nacimientos, mientras el Ministerio de la Mujer intenta avanzar en la aceptación social del aborto.
Pero no basta con que nazcan más niños, sino que se requiere que sean criados y educados en el mejor entorno posible, que es el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, preocupados por la educación de sus hijos. Si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el matrimonio es la base principal de la familia, debería gozar de preferencia en su protección y promoción. Esto se refleja en los indicadores de menor pobreza, menor riesgo de deserción escolar y mejor desempeño escolar. Choca con lo anterior, la tendencia al aumento de los AUC y de disminución de matrimonios, considerando la mayor facilidad para romper el vínculo que tienen los primeros así como el daño para los hijos de las madres solteras que recurren a las clínicas de fertilidad y que crecen sin un padre. En este último caso, el derecho de los padres a tener un hijo -un “embrión de buena calidad”- refuerza que el problema de la natalidad se trate en términos “técnicos”, de política pública o estadística, sin considerar que se trata de un ser humano.
Por último, no sabemos las consecuencias que tendrá la forma en que se han educado las generaciones desde el 2000 en adelante. Las ideologías identitarias ya han demostrado sus efectos en desacreditar el matrimonio al proponer una alternativa más cómoda al difícil compromiso que lo involucra, en desincentivar la procreación y cuidado de una nueva vida por la conservación de plantas y animales, y en debilitar la autoridad de los padres por ser “adultocéntrica” y atentar contra los “derechos” de las “niñeces”. La tecnología de los últimos años ha significado para los niños un encierro en sí mismos, expuestos a la pornografía, bullying y toda clase de material sin control. Los niños y jóvenes han sido educados en un mundo de derechos y no de deberes, de exigir y no de ser responsables. Y esto ha llegado a la locura de considerar normal, e incluso a promocionar, que se medique, muchas veces de forma irreversible, y mutile a los niños que se autoperciben del sexo opuesto, aun sin evidencia científica.
Está claro que los slogans “sexo sin compromiso” y “mi cuerpo, mi decisión” han pasado la cuenta, pero no podía ser de otra manera. La siembra fue persistente, y la cosecha ha sido abundante. Y aun así, a pesar de todo, el matrimonio, la familia y la sana educación siguen existiendo y sorteando, consciente o inconscientemente, cada nuevo escollo que aparece. Hay esperanza.
El peligro de los tratamientos trans de la salud pública en los niños: sin evidencia científica
La semana pasada el Gobierno publicó en la cuenta de X del Ministerio de Salud una invitación a participar en el proceso de consulta pública del documento “Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso”. En resumen, se trata de una propuesta sobre un enfoque integral que incluya las acciones afirmativas de género en salud pública para las personas trans.
El enfoque es afirmativo, es decir, la atención sanitaria comienza asumiendo que la mejor (y única) opción para el paciente es afirmar su identidad de género, en lugar de indagar el origen del malestar en otras causas. Acciones afirmativas que se realizan en Chile incluyen el uso de nombre social y/o modificación legal de sexo registral, uso de hormonas, cirugías estéticas de cuello o cara, cirugías de mamas, cirugías de genitales o reproductivas, modelación estética corporal y otras formas. En este sentido, se destaca que, en relación al uso de hormonas, los estudios han relevado que cerca del 70% mantiene su administración después de cuatro años, siendo más para aquellos que buscan la feminización (81% versus un 64,4% para masculinización) y para los que inician antes de los 18 años (74,4% versus a 64,4% en edades superiores a la mayoría de edad). En el caso de las cirugías, existe una baja tasa de arrepentimiento y alta satisfacción, relacionado con la aceptación social de la nueva identidad de género”.
Dejando de lado las preocupantes cifras, el Ministerio de Salud justifica la necesidad de avanzar en prestaciones específicas en razón de «la evidencia disponible sobre los efectos positivos que estas generan en la vida de las personas que las solicitan. Por ejemplo, cerca de un 80% de quienes pasaron por procesos de hormonación y cirugías afirmativas logra insertarse a la vida laboral y mejoran su calidad de vida, y un 72% mejora también su bienestar sexual. Asimismo, intervenciones psicosociales muestran resultados positivos en la disminución del aislamiento, aumento del conocimiento y mejora en el apoyo social para personas trans y sus grupos familiares«.
¿Cuál es el problema de todo esto? Al menos, identificamos tres.
El primero es que se trata de un documento no vinculante, pero que tiene efectos esenciales en la vida de las personas, especialmente en los casos de los niños y de sus padres. Como se plantea desde un punto de vista transafirmativo, no se nombra el derecho de los padres de decidir en estas materias.
El segundo es que la supuesta evidencia científica en la que funda la necesidad de avanzar en prestaciones está altamente cuestionada luego de la publicación del Informe Cass, que reveló las autoridades médicas crearon una falsa legitimidad, ya que el consenso científico sobre el respaldo a la transición juvenil se creaba en un círculo cerrado de referencias cruzadas entre los mismos autores y documentos. Es decir, los tratamientos que el Ministerio de Salud pretende entregar no cuentan con respaldo científico mínimo y por tanto proponen actuar en base a una pseudo ciencia que diluye la ideología que la sustenta. ¿Quién paga? Los niños.
En tercer lugar, el documento del Gobierno, en un conveniente silencio, no hace mención a los cambios más recientes en Europa (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra, Francia), en donde las legislaciones de los países pioneros en tratamientos transafirmativos en menores de edad han comenzado a retroceder al comprobar las trágicas consecuencias y la baja calidad de la evidencia sobre la que se han elaborado las políticas públicas. Estas consecuencias negativas no se advierten en los documentos gubernamentales y, además, están desactualizados.
En Chile no existen cifras oficiales sobre la atención en salud a niños con disforia de género. De acuerdo a un artículo chileno de marzo de este año que cuestiona el modo de tratar estos casos, constataron que entre 2021 y 2022, en al menos 4 hospitales públicos habrían realizado cerca de 10 casos de “cirugías consideradas de reasignación de sexo a menores de edad”. No sabemos la cantidad total de niños que se han sometido a este tipo de mutilaciones, o el total de los que han aceptado la terapia de hormonas masculinizantes o feminizantes, o la cantidad de niños que se han arrepentido (detransicionado). No sabemos la cantidad de padres afectados por decisiones unilaterales e inapelables de burócratas, sean jueces asesorados por activistas o funcionarios de salud.
Lo que sucede es gravísimo y escandaloso… aunque a la “Defensoría” de la Niñez, sabiendo esto, no haya hecho nada. Mientras Chile empuja a los niños con disforia de género en tratamientos sin evidencia científica, Europa trata de revertir el desastre que han provocado. El Congreso debe formar una Comisión Investigadora que revise la situación en el sistema de salud y que se entreguen los antecedentes que justifican la experimentación hormonal y mutilación de los tratamientos transafirmativos en niños. Los partidos políticos que se comprometen con la familia, con los niños primeros en la fila o con el interés superior del niño no tienen excusa para no hacerse cargo de esta gravísima situación. No tenemos cifras sobre la magnitud de este desastre en nuestro país. El Gobierno debe abandonar su identitarismo ideológico propio de la Convención y que ha demostrado su fracaso en todas las áreas de sus transformaciones históricas, y revocar su Política Nacional de Salud Trans.
Dignitas Infinita, Cass Review y los niños trans
En las últimas semanas se dieron a conocer dos documentos que prometen ser un hito en su ámbito propio y, aún más, es insospechado los efectos que pueden llegar a tener. El primer documento, publicado el 2 de abril, es la Declaración Dignitatis infinita, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que aborda el concepto de dignidad humana, recordando los principios fundamentales de la doctrina cristiana y denunciando 13 situaciones concretas, graves y urgentes que atentan contra la misma. El segundo documento, publicado el 9 de abril, es el Informe Final y Recomendaciones de la Dra. Hillary Cass sobre los servicios de identidad de género para niños en el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, quizás el más completo que existe, sobre los daños y peligros a los que se ha les ha sometido y expuesto… y que también ocurren en Chile.
El punto en común de ambos documentos, además del similar tiempo de elaboración (5 años aprox.), es la preocupación por la forma en que se trata la identidad de género.
Dignitas infinita afirma que la dignidad humana «le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre» (Nº1), lo que es «una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural» (Nº6), y será este calificativo -“más allá de toda circunstancia”- el leitmotiv que estructura el documento. Sin embargo, Roma se preocupa de aclarar que la dignidad humana no se identifica con la pretensión de «imponer como “derechos” (…) ciertos deseos y preferencias que son subjetivas», ni «puede basarse en estándares meramente individuales ni identificarse únicamente con el bienestar psicofísico del individuo» (Nº 25).
En la segunda parte del documento, la Iglesia Católica denuncia la ideología de género como una violación concreta a la dignidad humana en nuestro tiempo, en el mismo grupo que la guerra, la pobreza o la trata de personas. Entre los números 55 a 60, se aborda la teoría de género y el cambio de sexo. Respecto a la teoría de género, Dignitas infinita la denuncia como una colonización ideológica «extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos», cuya «consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos» (Nº 56). En línea con lo anterior, el cambio de sexo implica que la dignidad del cuerpo sea considerada inferior a la dignidad de la persona como tal, pues «el cuerpo es el lugar vivo donde se despliega y manifiesta la interioridad del alma, incluso a través de la red de relaciones humanas (…) el cuerpo humano participa de la dignidad de la persona, ya que está dotado de significados personales, especialmente en su condición sexual» (Nº 60). En conclusión, la necesidad de respetar el orden natural de la persona implica recibir lo creado como un don y custodiar nuestra humanidad, lo que significa «ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada».
Cuya «consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos» es, quizás, el puente con el Cass Review. Pero antes, algunos antecedentes. En 2011 Reino Unido inició el uso de “bloqueadores de pubertad” inspirándose en el protocolo holandés que significa un uso desde la pubertad temprana, por lo que de un uso restringido a la investigación pasaron a estar disponibles en la práctica clínica habitual. La Dra. Cass consideró, en una entrevista a The Guardian, que se trataba de un tratamiento con beneficios inciertos sin mayor investigación, lo que contribuyó al aumento de la demanda de este tratamiento, ejecutado principalmente por el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género (GIDS) del Servicio Nacional de Salud (NHS) en el Centro Travistock. El GIDS utilizó un enfoque transafirmativo, es decir, la identidad autopercibida del niño es el punto de partida del tratamiento. Con esto, los casos aumentaron de 97 en 2009 a 2.590 en 2018, y, disparada la demanda, las medidas de resguardo fueron insuficientes para evitar la administración de bloqueadores de pubertad y hormonas a niños de 12 años o extirpación quirúrgica de senos de adolescentes. Las listas de espera duran años.
En 2020 se encargó a la Dra. Cass la elaboración de un informe en el que analizara los servicios de identidad de género para menores de 18 años, atendido el rápido aumento de niños y jóvenes que requieren apoyo del NHS. Así, la investigación se propuso comprender las razones del aumento, el cambio en la combinación de casos e identificar el enfoque clínico y modelo de servicio. En 2022 entregó un Informe Provisional que provocó ruido y permitió advertir la gravedad y profundidad de la situación, en especial, al poner de manifiesto las lagunas de información en la base de datos sobre todos los aspectos de la atención a los niños y jóvenes en materia de género “desde la epidemiología hasta la evaluación, diagnóstico, apoyo, asesoramiento y tratamiento”. La semana pasada entregó su Informe Final, que ha implicado un remezón de proporciones.
Entre los hallazgos claves destacan el miedo que tienen algunos doctores de trabajar en este tipo de casos y ser tratados como transfóbicos si es que optan por tratamientos que requieran una evaluación integral en lugar de pasar a tratamientos transafirmativos; del centenar de estudios revisados, las revisiones sistemáticas de evidencia demostraron su mala calidad técnica, lo que significa que no existe una base de evidencia confiable sobre la cual tomar decisiones clínicas, o para que los niños y sus familias tomen decisiones libres e informadas; la justificación de la supresión temprana de la pubertad sigue sin estar clara, y hay pruebas débiles sobre el impacto en la disforia de género y la salud mental o psicosocial, y se desconoce el efecto sobre el desarrollo cognitivo y psicosexual; el uso de hormonas masculinizantes/feminizantes en menores de 18 años también presenta muchas incógnitas, a pesar de su uso prolongado en la población adulta transgénero, y la falta de datos de seguimiento a largo plazo sobre aquellos que comenzaron el tratamiento a una edad más temprana significa que no se dispone información adecuada sobre la variedad de resultados para este grupo.
Así, dentro de las principales recomendaciones, está la inclusión de pruebas de detección de afecciones del desarrollo neurológico, incluido el trastorno del espectro autista, y una evaluación de la salud mental y el uso de enfoques de tratamiento psicológico y psicofarmacológico estándares basados en evidencia para apoyar el manejo de la angustia asociada a la incongruencia de género y las condiciones concurrentes, incluido el apoyo a los padres/cuidadores y hermanos.
El Informe es un balde de agua fría a la pesudo-ciencia que respaldaba la efectividad de los tratamientos de identidad de género. El costo ha sido muy alto. Y el camino para revertir y reparar será largo.
Dignitas infinita contribuye a explicitar que el problema de la identidad de género guarda relación con la comprensión del trato digno que se le debe dar al cuerpo y que no se fundamenta en cambios culturales o derechos individualistas. Aun cuando se considere que la afirmación de la identidad de género contribuya al “bienestar psicofísico del individuo”, la evidencia del Informe Cass demuestra que la paupérrima calidad de la base científica y el tratamiento ideológico y poco prudente ha generado un desastre en la infancia inglesa, y por su influencia mundial a través de las pautas internacionales, en muchísimos niños alrededor del mundo, que merece ser calificado como una grave violación a la dignidad humana y derechos humanos de los niños.
Chile no está exento de este grave crimen contra los niños. Los tratamientos hormonales con bloqueadores de pubertad y cirugías de cambio de sexo son una realidad en hospitales públicos y privados, contra el sentido común y la legislación. La clase política, el Poder Judicial y las instituciones del Estado tienen el deber de iniciar una investigación y velar, como acostumbran a decir, por el interés superior de los niños.
Mirar a cada niño
En uno de sus brillantes ensayos, Joseph Pieper alerta que la capacidad humana de mirar está en franco declive. No se refiere, como explica, a la sensibilidad fisiológica del ojo humano sino a la capacidad espiritual de percibir la realidad visible como verdaderamente es, acogiéndola con abandono, agradecimiento y humildad. Sugiere al respecto algunas causas, como la inquietud insaciable del hombre moderno que lo mantiene esclavizado a objetivos y propósitos meramente prácticos -o peor, pragmáticos- destacando por sobre todas la siguiente: el hombre promedio de nuestro tiempo pierde su capacidad de mirar porque hay demasiado que ver. Este “ruido visual” dificulta en extremo la contemplación, tornando la experiencia humana en un barrido superficial y atolondrado, un simple ojeo apresurado incapaz de entender y amar las cosas según lo que son.
Algo semejante ocurre con las numerosas conmemoraciones que nos ofrece el calendario: son muchas, demasiadas, y entre el acostumbramiento por repetición y la velocidad del diario trajín, pasan -nos pasan- desapercibidas. Las vemos, pero no las miramos, no las saboreamos en su específica riqueza.
Pero es necesario hacer una pausa, detenerse y mirar.
Mirar, especialísimamente, a la persona. La persona merece ser mirada, contemplada amorosa y desinteresadamente. Toda persona. No hay mayor tragedia, nos dice Francisco Canals, que el del hombre al que nadie miró, abandonado a una desgraciada e indigna soledad. Salimos a la calle y comprobamos que son pantallas de uso individual las que, con su infinita oferta distractora de cosas insustanciales -diseñadas para ser simplemente vistas y jamás miradas- se roban la dirección vital que la justicia reclama para la persona. Este signo, uno entre muchos -demasiados- es elocuente.
Por eso es dramático, también, que pase tan desapercibida la conmemoración del Día del Niño por Nacer.
Miremos: hoy, el simple hecho de hablar de “niño”, algo tan obvio y natural, resulta insólito. Dos o tres se atrevieron a usar esa palabra durante la última propuesta constitucional, la cual, en palabras de un emprendedor iluminado, estuvo a un “que” de ser aprobada. Recordar las acrobacias intelectuales y juegos de palabras vacías para sobreponer el “quien” al “que”, y viceversa, revela la primacía de una política descompuesta por el afán de poder y disponible a invisibilizar al niño por un mezquino y cortoplacista cálculo electoral. Muchos se limitaron a ver el asunto como una simple cuestión gramatical o insignificante idealización jurídica. Pocos, muy pocos, lamentablemente, miraron a esos niños.
Y esos niños no son una abstracción conceptual, no son un grupo o conjunto, un colectivo semántico, un género o ente de razón. Cada uno -no, ¡cada niño, todo niño!- es un ser personal, alguien cuyo destino no consiste en llegar a ser uno más o ser como los otros -un invisible operario aplastado por la ideología, un burgués autocomplacido en su autosuficiencia utópica, desconectada, despreocupada, desvinculada- sino desplegar su individualidad singularísima, particular e irrepetible, en y por amor.
¿Cómo abandonarlos, cómo renunciar al privilegio de desvivirse por ellos y, mirándolos, experimentar la inocente y gratuita mirada que lo entrega todo? Seguro interpreto a muchos al afirmar, sin exageración, que cargar la cruz de cada día encuentra su premio gozoso cuando, al caer la tarde, un niño, fijando su mirada, nos dice “papá”; y más, todavía, cuando de rodillas, al caer la noche, miramos a Quien nos mira y nos dice “hijo Mío”.
Es urgente volver a mirar, pero encarnando nuestra mirada. Este día nos sugiere mirar el rostro invisible de esos niños a los que nadie miró, afirmando su dignidad personal irrestricta para que, más temprano que tarde, todo niño pueda siempre llegar a nacer.
Hoy no es una fecha cualquiera. ¡Miremos! Tolkien supo mirar, eligiendo este día, 25 de marzo, para que ocurriese la caída de Barad-dûr -la Torre Oscura- y la derrota definitiva de Sauron -Maestro de la mentira- mediante la destrucción del anillo gracias a la misericordia de Frodo. Hagamos una pausa y miremos, porque este día, 25 de marzo, el sí humilde y confiado a la vida venció para siempre la mentira y su oscuridad permitiendo la encarnación de la misericordia.
Álvaro Ferrer Del Valle – Director Ejecutivo Comunidad y Justicia
El arte del buen gobierno
Ha comenzado el segundo tiempo del gobierno del Presidente Boric. La primera mitad de este mandato estuvo marcado por un notorio estilo instagramesco de hacer las cosas: las poses y fotos (ejemplos tenemos muchos: basta con ver las que se difundieron para el momento de los incendios), las consignas tuiteras grandilocuentes, la insistencia en las banderas de la FECH que él mismo izara hace una década (el CAE es la muestra paradigmática de eso)… en definitiva, una cultura de show casi propia de Tik Tok (sobre todo en materias que saben que son alpiste para su 30%). A esto se suma la absoluta incompetencia para abordar seriamente crisis nacionales de marca mayor. En otras palabras, mostrar mucho y hacer poco.
El terrorismo de la Macrozona Sur se mantiene, en los hechos, completamente descontrolado. Sigue habiendo lugares donde reina la anarquía, como el territorio del narco, pero el gobierno no parece percatarse de eso, e incluso niega una y otra vez lo que ocurre, como si la culpa fuese de los periodistas que informan los hechos. Y cuando no es así, se limita a difundir expresiones rimbombantes que parecen sacadas de Designated Survivor o alguna otra serie de Netflix: “Los encontraremos y los pondremos tras las rejas”. Facta, non verba, cabría recordarles a sus asesores.
La crisis de inmigración se ha transformado en una de seguridad interna. Y el Presidente, cuando no niega la realidad, opta por compararse con la administración anterior o echarle la culpa. Recientemente se refirió a las fronteras, señalando que estaban descontroladas durante el gobierno del Presidente Piñera, a lo que acertadamente el periodista entrevistador le reprochó haber apoyado precisamente dicho descontrol mientras era diputado. Y así emerge otro grave defecto de este gobierno: la incapacidad total para hacerse cargo de sus hechos y dichos del pasado, tanto del propio Presidente como de varios de sus ministros y correligionarios.
En ocasiones pareciera que el Presidente Boric le habla únicamente a su público, bailando al compás de los hashtags de los arbóreos de Twitter. Pero no todos los que lo llevaron al poder son de ese perfil de votante. Por eso no logra ni siquiera enrielar a su propia coalición: al menos parte de la centroizquierda (e incluso parte de la izquierda dura) no se ve representada por el discurso woke, o al menos se da cuenta de que no es ni puede ser la prioridad de este momento (ni hablar de quienes saben que ese discurso es tremendamente dañino para Chile y los chilenos). Ya habíamos visto comedias como las caletas pesqueras con perspectiva de género o los fondos destinados al “desconocimiento del clítoris como problema de salud pública”. Ahora, muestran de manera permanente la obsesión casi patológica con los supuestos “derechos sexuales y reproductivos”, con la aprobación de la llamada “ley de violencia contra la mujer” (que bien podría llamarse “ley anti-hombres”) o la reforma a la “ley Zamudio” (que elimina los límites razonables que tenía). Leyes injustas apoyadas por causa de una ideología que les impide ver el mundo como en realidad es. Y para colmo, en medio de una tremenda crisis de seguridad -secuestros, cadáveres y restos mutilados en la calle, narcotráfico descontrolado-, el gobierno propone reglas diferentes para “migrantes y diversidades sexuales” (recordemos que nuestra Constitución prohíbe a la ley o a autoridad alguna “establecer diferencias arbitrarias”). Arbitrariedad, injusticia y sufrimiento para el pueblo de carne y hueso. Seguimos hablándole a “los monos peludos”, a “les compañeres” (nadie ha superado todavía esa caracterización de Piergentili). ¿Y la gente? Bien, gracias.
La coalición que lo llevó al poder cuenta con personas sensatas que se dan cuenta del absurdo de todo esto y que paulatinamente han dejado solo al Presidente, que no puede gobernar sin ellos. El problema no es tanto la falta de autocrítica, sino la falta de sentido de la política y la ausencia de una buena y sana política. Gobernar un país exige conducir a la propia coalición y, a la vez, lograr consensos con la oposición. Y “un buen gobierno” consiste en el arte conducir a la nación hacia lo mejor, al bien común, por encima de mezquinos intereses partidistas. Gonzalo Arenas destaca este punto en un libro recién publicado, sobre la política portaliana: gobernar exige hallarse en una posición “por encima del partido de gobierno”, como señalaba Encina: “cernerse sobre las pasiones y los intereses de clases, de bandos, de familias y de individuos”.
Todo lo anterior da a la oposición una buena oportunidad para estrechar lazos con un centro que hoy no encuentra su lugar en La Moneda, y también para ponerse firme frente al absurdo de tanta ideología. Pero, sobre todo, para darse cuenta de que no le hablan al pueblo cuando le hacen ojitos a esa izquierda progresista.
El futuro de la causa pro vida
La semana pasada, con ocasión del Día de la Mujer, vimos con mucha intensidad una avalancha comunicacional por parte de la agenda pro aborto. Un frente político que, sin tener una necesidad pública real (más bien todo lo contrario), logra clavar su bandera, formular propuestas y hacerse oír. ¿Cuál es el futuro de su causa? No lo sabemos, pero sí tenemos certeza de que no descansarán hasta lograr la legalización del aborto libre como un “derecho”, como recientemente acaba de ocurrir en Francia.
El pasado 5 de febrero, el Partido La Libertad Avanza -el Partido de Javier Milei- ingresó en el Congreso de la Nación de Argentina un proyecto de ley para derogar la ley de aborto vigente en el país transandino. Una iniciativa frente a la cual el feminismo pro aborto argentino ha puesto el grito en el cielo, y por supuesto que la noticia generó un revuelo importante, sobre todo en dicho país. Es cierto que desde Chile es difícil alcanzar un grado de comprensión cabal del ambiente político en el que el proyecto se presentó, y por ende no es fácil saber si habrá agua en la piscina para aprobar una iniciativa como esa. No obstante, representa sin duda un gesto políticamente relevante la sola presentación de la moción. No se trata, por lo demás, del primer gesto en el mismo sentido procedente del mundo que rodea al “Peluca”: hace menos de un año, Victoria Villarruel -actual vicepresidenta de Argentina- señaló que “hay que derogar la ley de aborto”.
Chile, por contraste, se vio enfrentado hace poco a un proceso constitucional en el cual no pareció haber espacio ni siquiera para debatir una prohibición del aborto por vía constitucional: se asumió transversalmente que ese tema no sería planteado. Incluso teniendo una abrumadora mayoría pro vida, fue extremadamente difícil reconocer -con más claridad que en la Constitución vigente y sin espacio para ambigüedades- que el que está por nacer es un “quién”, una persona. Obviamente las circunstancias chilenas no son las mismas, y en muchas ocasiones la prudencia puede aconsejar guardar silencio, o usar una estrategia que permita a largo plazo conseguir el objetivo buscado… A veces no es posible hacer más, pero en ocasiones pareciera que los chilenos que creemos que el que está por nacer es persona -y, en consecuencia, que el aborto directo es un homicidio- tiramos la toalla. Desde la ley de aborto en tres causales parece que los pañuelos celestes están dormidos, despertando sólo ocasionalmente para evitar el avance de los pañuelos verdes, que amenazan con una eventual ley de aborto sin causales dentro de cierto plazo.
En Estados Unidos tardaron cincuenta años en dar vuelta el fallo de Roe v. Wade. ¿Cómo lo consiguieron? Primero, mediante una consolidación de la unidad de las distintas organizaciones y políticos pro vida, dejando de lado peleas de egos. Segundo, y no menos importante, no cediendo la premisa según la cual el aborto es legítimo o que es un “derecho”, en ningún caso; es decir, sin permitir que el progresismo les moviera el cerco del debate: académicos, políticos y activistas nunca cedieron frente al argumento central, por muy agresivo que sea el ambiente contra ellos. Algo parecido ha ocurrido en Argentina: “Acá no se rinde nadie” fue la consigna que difundió la activista Lupe Batallán luego de la aprobación de la ley de aborto. Han actuado en consecuencia. Todavía sin resultados visibles, pero al menos la causa se mantiene viva.
Milei tiene muchos aspectos altamente cuestionables como figura política -Trump tampoco era monedita de oro para el sector prolife estadounidense (basta con ver declaraciones de académicos como Robert P. George o George Weigel)-, pero lo importante no es el caudillo, sino la bandera. Para que la lucha por la vida no muera, es necesario que viva, y para que viva es necesario que exista alguna lucha. Aunque sea mediante gestos simbólicos como el de Argentina. Hay que hacer lío. Lo que no nos puede pasar es caer en el silencio frente a la cultura de la muerte, porque el silencio es propio de lo que no vive: el silencio es la muerte. Tenemos la hoja de ruta en otros países; sólo hay que seguirla: el combate sin descanso frente a la injusticia.