La semana pasada el Gobierno publicó en la cuenta de X del Ministerio de Salud una invitación a participar en el proceso de consulta pública del documento “Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso”. En resumen, se trata de una propuesta sobre un enfoque integral que incluya las acciones afirmativas de género en salud pública para las personas trans.
El enfoque es afirmativo, es decir, la atención sanitaria comienza asumiendo que la mejor (y única) opción para el paciente es afirmar su identidad de género, en lugar de indagar el origen del malestar en otras causas. Acciones afirmativas que se realizan en Chile incluyen el uso de nombre social y/o modificación legal de sexo registral, uso de hormonas, cirugías estéticas de cuello o cara, cirugías de mamas, cirugías de genitales o reproductivas, modelación estética corporal y otras formas. En este sentido, se destaca que, en relación al uso de hormonas, los estudios han relevado que cerca del 70% mantiene su administración después de cuatro años, siendo más para aquellos que buscan la feminización (81% versus un 64,4% para masculinización) y para los que inician antes de los 18 años (74,4% versus a 64,4% en edades superiores a la mayoría de edad). En el caso de las cirugías, existe una baja tasa de arrepentimiento y alta satisfacción, relacionado con la aceptación social de la nueva identidad de género”.
Dejando de lado las preocupantes cifras, el Ministerio de Salud justifica la necesidad de avanzar en prestaciones específicas en razón de «la evidencia disponible sobre los efectos positivos que estas generan en la vida de las personas que las solicitan. Por ejemplo, cerca de un 80% de quienes pasaron por procesos de hormonación y cirugías afirmativas logra insertarse a la vida laboral y mejoran su calidad de vida, y un 72% mejora también su bienestar sexual. Asimismo, intervenciones psicosociales muestran resultados positivos en la disminución del aislamiento, aumento del conocimiento y mejora en el apoyo social para personas trans y sus grupos familiares«.
¿Cuál es el problema de todo esto? Al menos, identificamos tres.
El primero es que se trata de un documento no vinculante, pero que tiene efectos esenciales en la vida de las personas, especialmente en los casos de los niños y de sus padres. Como se plantea desde un punto de vista transafirmativo, no se nombra el derecho de los padres de decidir en estas materias.
El segundo es que la supuesta evidencia científica en la que funda la necesidad de avanzar en prestaciones está altamente cuestionada luego de la publicación del Informe Cass, que reveló las autoridades médicas crearon una falsa legitimidad, ya que el consenso científico sobre el respaldo a la transición juvenil se creaba en un círculo cerrado de referencias cruzadas entre los mismos autores y documentos. Es decir, los tratamientos que el Ministerio de Salud pretende entregar no cuentan con respaldo científico mínimo y por tanto proponen actuar en base a una pseudo ciencia que diluye la ideología que la sustenta. ¿Quién paga? Los niños.
En tercer lugar, el documento del Gobierno, en un conveniente silencio, no hace mención a los cambios más recientes en Europa (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra, Francia), en donde las legislaciones de los países pioneros en tratamientos transafirmativos en menores de edad han comenzado a retroceder al comprobar las trágicas consecuencias y la baja calidad de la evidencia sobre la que se han elaborado las políticas públicas. Estas consecuencias negativas no se advierten en los documentos gubernamentales y, además, están desactualizados.
En Chile no existen cifras oficiales sobre la atención en salud a niños con disforia de género. De acuerdo a un artículo chileno de marzo de este año que cuestiona el modo de tratar estos casos, constataron que entre 2021 y 2022, en al menos 4 hospitales públicos habrían realizado cerca de 10 casos de “cirugías consideradas de reasignación de sexo a menores de edad”. No sabemos la cantidad total de niños que se han sometido a este tipo de mutilaciones, o el total de los que han aceptado la terapia de hormonas masculinizantes o feminizantes, o la cantidad de niños que se han arrepentido (detransicionado). No sabemos la cantidad de padres afectados por decisiones unilaterales e inapelables de burócratas, sean jueces asesorados por activistas o funcionarios de salud.
Lo que sucede es gravísimo y escandaloso… aunque a la “Defensoría” de la Niñez, sabiendo esto, no haya hecho nada. Mientras Chile empuja a los niños con disforia de género en tratamientos sin evidencia científica, Europa trata de revertir el desastre que han provocado. El Congreso debe formar una Comisión Investigadora que revise la situación en el sistema de salud y que se entreguen los antecedentes que justifican la experimentación hormonal y mutilación de los tratamientos transafirmativos en niños. Los partidos políticos que se comprometen con la familia, con los niños primeros en la fila o con el interés superior del niño no tienen excusa para no hacerse cargo de esta gravísima situación. No tenemos cifras sobre la magnitud de este desastre en nuestro país. El Gobierno debe abandonar su identitarismo ideológico propio de la Convención y que ha demostrado su fracaso en todas las áreas de sus transformaciones históricas, y revocar su Política Nacional de Salud Trans.