¿Por qué marchas?
Ya comienzan los preparativos de la gran huelga feminista del 8M de este viernes. Los medios de prensa han destacado que “existe la sensación de que este 8M será masivo”, y que hay una gran expectación sobre el desplante que tendrá el “gobierno feminista” —que se espera que participe directamente en la conmemoración de este año—, y de su ministra Orellana.
Para las que no asistiremos, a medida que se va acercando la tan esperada fecha comienzan a revolotear las sorprendidas preguntas de amigas y compañeras: “¿Por qué no vas? ¿Cuáles son tus razones para no ir?”. A ninguna se le ocurre preguntarle a las que sí asistirán “¿por qué vas a la marcha?”. Para ir, no hacen falta razones —la asistencia tiene el status de una cuasi obligación moral—, pero para no ir se necesitan razones graves: hay que justificarse, excusarse. No importa el por qué: “la marcha va”.
Y es que estas preguntas vienen generalmente acompañadas de otra interpelación: “pero si crees en la igualdad de la mujer…” o “pero si crees que la mujer sufre ciertas injusticias…” o “si crees en la dignidad de la mujer…”; exclaman con indignación “¡Cómo no vas a ir!”. Es aquí donde se plantea una falacia de falso dilema: si eres pro-mujer, vas a la marcha, y si no vas…
Sin embargo, conociendo cómo es la conmemoración del 8M de cada año, queda de manifiesto la deshonestidad de esta falsa dicotomía. No es cierto que ir a la marcha sea el sinónimo de apoyar a la mujer. Muchas mujeres se sienten incómodas, porque lo que se reivindica ahí no es, en realidad, a la mujer (o, al menos, “no solo” a la mujer), sino una multitud de otras cosas con las que las mujeres podemos estar legítimamente en desacuerdo. ¿Por qué, si alguna quiere manifestarse en favor de las mujeres este viernes, necesariamente tiene que comulgar con todas las otras causas que se levantan en los carteles de las que marchan a su lado?
Este año, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Carolina Rubilar, en una entrevista ya levantó algunas banderas adicionales. En primer lugar, el sujeto de lucha de las manifestaciones no son solo las mujeres en cuanto tales sino que para Rubilar son “las mujeres y las disidencias”. Además, dice que luchan en contra del “genocidio perpetrado por Israel hacia el pueblo palestino”, la “ultraderecha” que “sigue avanzando en nuestro continente”, del “gobierno de facto” de Perú que “ha perpetrado diversos crímenes contra el pueblo peruano” y de la “derecha tradicional conservadora”. Estas son posturas en las que, independientemente si uno está de acuerdo con ellas o no, o en parte sí o en parte no, no se remiten directamente al sujeto en cuestión: las mujeres.
Sin embargo, esta multiplicidad de causas anexas recién mencionadas no son las más relevantes a la hora tomar la decisión de no asistir. La más grave de todas es que en la marcha que dice conmemorar a la mujer se exige la legalización de un crimen que es todo lo contrario al ser de la mujer, a su capacidad de dar vida: el aborto libre. En ese sentido, para muchas mujeres resulta completamente violento participar de una marcha en que el color verde resalta entre el morado. Siendo que somos pro-mujeres, ¿cómo vamos a apoyar una marcha que aboga por un acto que, lejos de ser un derecho, destruye a la mujer desde sus más íntimas entrañas? Decía Gabriela Mistral: “la mujer será igual al hombre cuando no tenga seno para amamantar y no se haga en su cuerpo la captación de la vida» (Gabriela Mistral. Escritos políticos.).
Pues bien, la introducción de todas estas luchas diluyen por completo a la mujer como sujeto, y su significado. Como vimos en la entrevista, a la Coordinadora Feminista no le parece necesario que el sujeto de la marcha del Día Internacional de la Mujer sean las mujeres, y que en esta se conmemore lo que es más propio nuestro: nuestra capacidad maravillosa de dar vida en todos los ámbitos. Pero esto no es una novedad: Judith Butler ya decía que no debe haber una expectativa de que las acciones feministas deban “construirse desde una identidad estable” (El género en disputa): parece que nuestra identidad femenina no es relevante, y así ellas mismas invisibilizan su propia condición de mujer .
Siendo así las cosas, ¿para qué marchar junto con consignas que son ajenas y contrarias a nosotras como mujeres, y que diluyen nuestra identidad? Pareciera que, en realidad, deberíamos hacer la pregunta contraria a la que me hacían mis amigas: ¿por qué vas a ir a la marcha?
Consumo silencioso y destructivo
Esta semana se conoció públicamente el caso del «depredador sexual de la imprenta», a quien se le atribuyen al menos nueve delitos de violación a mujeres miembros de la comunidad sorda de Chile. Uno de los antecedentes personales del imputado podría hacernos recordar el conocido caso de Martín Pradenas. Ambos coincidirían en un punto que se omite públicamente por ignorancia o quizá intencionalmente de forma farisaica o derechamente torcida: el vicio del consumo de pornografía.
El deseo desenfrenado por el sexo en su versión más prosaica y brutal ha sido tratado por abundante literatura científica que explica la correlación entre consumo de pornografía y la comisión de actos moral y jurídicamente reprochables en el plano de la sexualidad. Pero, al mismo tiempo, dicha apetencia desviada es un presupuesto antropológico y ético que no se puede pasar por alto si queremos comprender el fondo de este tipo de atrocidades.
Tanto Pradenas como el «depredador» podrían haber sido subyugados por este vicio. Claramente no estaríamos en presencia de personas virtuosas que gobiernan sus actos con facilidad y gozo, ni que lucharían a fuerza de voluntad por contener sus impulsos sexuales, sino que estarían sometidos y dirigidos completamente por ellos. Habrían cedido a su fuerza, habituándose al mal moral, por lo tanto, es probable que hayan obrado con toda tranquilidad y sin remordimiento de conciencia.
¿Cómo Pradenas y el «depredador» pudieron haber llegado a ser lo que son? Por actos desviados que eventualmente repitieron en sus vidas. “Somos lo que hacemos” y esta máxima debe ser reflexionada con toda seriedad. Si una persona cualquiera miente habitualmente, está deformando lenta pero seguramente su carácter, convirtiéndose en una persona mentirosa. Si, hipotéticamente, Pradenas y el «depredador» eligieron realizar comportamientos abusivos, violentos y bestiales no fue por una solo una vez. Ya sabemos que una golondrina no hace verano. Poco a poco pudieron introducirse en sus vidas, eligiendo lo menos depravado hasta llegar a lo más degenerado. De la pornografía en la pantalla, habrían necesitado pasar a cometer actos aborrecibles con personas inocentes de carne y hueso, usadas como medios para adorarse y gratificarse a sí mismos.
Con todo, la reflexión moral sobre estos casos nos permitiría conocer las raíces antropológicas del mal que cometen los sujetos que terminan por enfrentar debidamente a la justicia. Lamentablemente, este análisis tiene importantes barreras culturales que impiden que sea dicho y difundido. Cultura, en la que, por cierto, pudieron ser educados Pradenas y el “depredador”. Enunciaremos algunas sin pretender ser taxativos.
La primera, es la circulación de la idea de que una persona puede hacer muchas cosas malas (v.gr. consumir pornografía) sin dejar de ser, en el fondo, “buena persona”. Como si su carácter moral fuera separable de las cosas particulares que hace. El obispo Robert Barron, acudiendo a las enseñanzas de San Juan Pablo II, argumenta que se trata del problema de separar el “yo” o la “mente” del cuerpo, como si la “persona real” se escondiera bajo o detrás de sus actos corporales concretos. Esta forma de pensar abunda en series de Netflix, TikTok, Twitter, etc. En términos simples, nos encontramos con el problema cultural de que para el sujeto moderno la dignidad reside en la mente, en el espíritu, lo fantasmal, etc., y el cuerpo se reduce a miembros manipulables sin valor más que uno instrumental. Aplicado en el caso concreto, Pradenas y el “depredador” pudieron haber visto sus víctimas solo como cuerpos u objetos utilizables y no como seres personales a quienes se les debe total respeto.
La segunda, la actitud cultural de reírse de la ética de las virtudes, denigrándolas y marginándolas por «extemporáneas». “No son del siglo XXI” dirán algunos, por lo mismo, señalan, «no nos impongas tu moral antigua, los tiempos han cambiado». C.S. Lewis comentaba que «nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros». Apliquemos la misma frase en el plano de la moral sexual. Nos reímos de la castidad y luego nos sorprendemos de encontrar violadores o abusadores entre nosotros. Muchas canciones de reggaetón están plagadas de elogios a la sexualidad desinhibida y maltratada, las que, sin dudas permean, quiérase o no, negativamente en nuestra sociedad e individuos concretos.
En tercer lugar, siguiendo nuevamente a Lewis –esta vez en su libro Mero Cristianismo– está toda la propaganda a favor de la lujuria. La que nos intenta hacer sentir que los deseos a los que nos resistimos son tan “naturales”, tan “saludables” y tan razonables, que es casi perverso y anormal resistirse a ellos. El autor británico habla de que cartel tras cartel, película tras película, novela tras novela, asocian la idea de indulgencia sexual con las ideas de salud, normalidad, juventud, franqueza y buen humor. Ahora bien, para Lewis, esta asociación es mentira. Como todas las mentiras poderosas, se basa en una verdad: la verdad, reconocida anteriormente, de que el sexo en sí mismo (aparte de los excesos y obsesiones que han surgido a su alrededor) es normal y saludable. La mentira propagandística consiste en sugerir que cualquier acto sexual al que una persona se sienta tentada en un momento es saludable y normal. Esta idea, es caldo de cultivo para la probable formación de sujetos como Pradenas y el “depredador”.
En último lugar, y recurriendo una vez más a Lewis, la idea de que es imposible vivir la castidad (sin siquiera intentarlo). Dice el autor británico que cuando hay que intentar algo, nunca se debe pensar en la posibilidad o la imposibilidad. Ante una pregunta opcional en un examen, uno se plantea si puede o no hacerla; ante una pregunta obligatoria, hay que hacer lo mejor que pueda. Es posible que la persona obtenga algunas puntuaciones por tratarse de una respuesta muy imperfecta, pero ciertamente no obtendrá ninguna por dejar la pregunta sin responder. Es maravilloso, dice Lewis, lo que puede hacer una persona cuando algo es necesario para su vida y la de los demás. Es probable, que a Pradenas y al “depredador” se les haya dicho esta idea o, ellos, la hubiesen visto encarnada por los actos de sus pares, asumiendo que no es posible vivir la castidad.
Dicho todo lo anterior, no pretendemos que esto se entienda como un llamado al repudio de la sexualidad para evitar casos de abuso o violación. No, eso no es. Sería un intento de reducción al absurdo tratarlo de ese modo. La sexualidad es un bien y, por dicha razón, intentamos realizar comentarios para revitalizar la posición de que debe ser protegida como una obra de arte es defendida en un museo frente a los males que la acechan. En definitiva, es necesario volver a las fuentes de la moralidad aplicadas en este caso a la sexualidad humana, porque iluminan bastante frente a los actos que he comentado y hablan de lo que es más común a nosotros: nuestra condición humana pero también de nuestra condición sobrenatural de hijos de Dios, heridos por el pecado original y que necesitan la ayuda de Cristo, cada día, para vivir en el verdadero amor que excluye toda forma de manipulación del otro.
*Javier Mena Mauricio, abogado del área judicial de Comunidad y Justicia.
La comunicación de los presos como problema
Se ha generado una gran polémica en torno a la figura del juez Daniel Urrutia. El magistrado es conocido por involucrarse en ciertos casos en los que deja entrever su motivación ideológica. Recientemente se hizo público su vínculo como cliente con un abogado que es también abogado de uno de los reos beneficiados por sus controvertidas resoluciones. Y no se trata, además, de un delincuente común, sino de una persona condenada por delitos consumados de tenencia ilegal de arma de fuego y de narcotráfico.
El evidente actuar político activista del magistrado, así como un eventual conflicto de intereses (en palabras del ministro Luis Cordero), no debe hacernos perder de vista la complejidad del problema de la comunicación de personas condenadas por delitos como el narcotráfico o el terrorismo. En casos así debe llegarse a una solución que armonice el Estado de derecho, los derechos inherentes a la persona, la política criminal y la seguridad nacional. No basta con citar un par de recomendaciones de organismos internacionales de DD.HH., como hizo el cuestionado juez―para aplicar deductivamente soluciones para que el presidiario haga lo que le plazca. Tampoco es suficiente con aludir al combate contra el crimen organizado para justificar un trato inhumano. Este es un problema que debe evaluarse en el caso concreto, teniendo en cuenta que la dignidad de la persona exige cierto trato justo. ¿No es acaso justo y razonable que hasta un delincuente de este tipo debería poder tomar contacto con su familia? Es probable que sí: “La justicia sin misericordia es crueldad”, decía santo Tomás de Aquino. Ahora bien, ¿es legítimo tomar el riesgo de permitirlo sin límites, teniendo presente que probablemente se abusaría de la medida para delinquir desde el recinto penitenciario? Parece que no.
Esta clase de problemas nos pone frente a la invisibilizada población carcelaria: personas que son tratadas como si dejaran de ser tales por el hecho de haber delinquido. A la vez, pone de relieve el desafío de avanzar hacia tecnologías que permitan asegurar que la comunicación se realice con el abogado o su familia, y no con otros delincuentes. Hoy existen varias modalidades en el extranjero.
Es cierto que los presidiarios tienen derechos fundamentales, lo que exige ―al menos en abstracto―poder mantener contacto con su familia. Pero pareciera que, en las circunstancias actuales, el mejor modo de salvaguardar la seguridad de la población es impedir todo contacto. El juez Urrutia, entonces, incurre en el error de aplicar deductivamente principios generales, sin la prudencia que requiere el caso concreto: lo que corresponde hoy es incomunicar al presidiario peligroso. Ahora bien, esa respuesta no se funda en que “los delincuentes no tienen derechos”, ―una crueldad que sería una injusticia; se trata de una solución prudencial del caso, en la que al juez no le corresponde modificar políticas públicas, siendo que hoy Chile carece de medios técnicos que seriamente permitan lograr un equilibrio entre las variables en juego.
Y quizás ese sea el desafío pendiente: no la solución “parchecurista” del activismo judicial que invoca los DD.HH. descuidando la seguridad de todos, sino una implementación ―que no le compete al juez― de políticas que se enfoquen en los derechos de los presidiarios. El respeto a los derechos humanos exige, sin descuidar la seguridad de los buenos ciudadanos, preocuparse también por los invisibles.
Por Vicente Hargous, investigador Comunidad y Justicia
Es hora de despertar del sueño
Las últimas han sido semanas donde la muerte ha tenido especial protagonismo. Cientos de personas cuyo nombre desconozco murieron en la tragedia de los incendios foresto-intencionales de la quinta región; murió mientras dormía don Arturo Yrarrázaval, mi exdecano, hombre bueno y admirable; murió en un accidente de tránsito Kelvin Kiptum, joven promesa que seguro batiría todos los récords en el mundo del “running”; murió el expresidente Sebastián Piñera. Este caso, debido a su entendible cobertura mediática, resalta de manera elocuente la predominante actitud que nuestra sociedad secularizada tiene ante la muerte, que no la niega ni la consiente, sino, más bien, la ignora eligiendo no pensar en ella.
Se analizan las circunstancias de la desgracia -quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, etc.- y así, rodeándola y rozando su superficie, no se habla con profundidad de la muerte. Acto seguido, la atención se fija en los preparativos y aderezos de la ceremonia fúnebre, evento que bien intencionadamente, no lo dudo, funde el negocio de enmascarar a los muertos con la misión de consolar y aliviar a los vivos, aprovechando, hay que decirlo, el desamparo de unos y la vanidad de otros que rodean al difunto, montando a sus expensas una escena donde el nivel de vida -al menos en su dimensión exterior- es correspondido por un alhajado nivel de despedida.
En simultáneo, y a propósito de que las cosas más esenciales se nos revelan en su ausencia, se aprovecha la licencia tácita de la ocasión para que los justos recuentos biográficos y merecidos homenajes cedan paso a panegíricos bien nutridos en adjetivos laudatorios que hacen apologías y rinden loa al modo de ser y obrar del fallecido, instalando relatos… y confirmando con tal semblanza el axioma de que no hay muerto malo ni recién nacido feo, abusando un tanto, me parece, de aquel deber de caridad paulino consistente en examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Como sea, el foco está puesto en la vida; y la muerte, en cambio, es desplazada y rehuida.
Hoy, la meta radica en extraer de la vida hasta la última gota de soma, pisoteando a Horacio y su memento mori en el suelo conquistado por la triunfante bandera del irresponsable carpe diem promovido por el profesor Keating. La máxima “comamos y bebamos que mañana moriremos” asegura, qué duda cabe, las risotadas frívolas de quien disfraza sus dependencias y esclavitudes anulando todo espacio a la reflexión que sopesa y calibra la realidad, asumiendo que una breve e incómoda negociación -a veces previsora, a veces apresurada- sobre seguros y terrenos mortuorios de distinto precio y clase logrará compensar el olvido.
Hace un buen rato que nuestra sociedad se configura como industria de analgésicos empeñada en desterrar la muerte a extramuros, en espacios reservados cuya estética, más centrada en el paisajismo que en la verdad, se condice a la perfección con la ignorancia deliberada del hecho cierto que nos iguala a todos, y así, vaya paradoja, diariamente terminamos nuestra jornada sin espanto ni temor al hecho incierto del despertar mañana, revelando nuestra burda arrogancia o el inevitable pecado de una excesiva juventud.
Sea por indiferencia o desafío a los fantasmas, sea por el ritmo de vida que nos libra de la peligrosa debilidad de pensar, sea por no dar tregua a los afanes que han de procurarnos mayores posesiones y mejores posiciones, sea por aferrarnos al ruido como a un refugio, evitamos y evadimos mirar cara a cara, y en valiente silencio, a ese sujeto, a ese riesgo constante y posibilidad siempre presente que nos recuerda, como a muchos nos aconsejaron este miércoles, que somos polvo y en polvo nos convertiremos, que la vida, breve o larga, no es más que un soplo.
Cicerón afirma que toda la filosofía era commentatio mortis, de la mano de Sócrates, para quien la filosofía era un aprendizaje de la muerte. No se trata de erudición vanidosa sino, ante todo, de sentido común. ¿Es posible entender la vida sin atender a la muerte? ¿Es posible prescindir de la interrogación que hace al hombre ser hombre, pues sólo él sabe que muere? La muerte no sólo actúa sobre nosotros en las postrimerías de nuestro peregrinar, sino ahora, aquí, incesantemente, configurando nuestra existencia -a algunos ya nos llega a la cintura, a otros al cuello-, posibilitando su crecimiento, su recto camino, su condición auténtica. Toda nuestra vida, y no solo su última escena, es un apocalipsis relativo al inevitable final. La muerte, decía Cabodevilla, no solamente limita la vida, sino que la abarca; no sólo la escolta, sino que la impregna; no sólo la interrumpe, sino que consuma; no sólo la amenaza, sino que le da sentido.
El sinsentido de poner entre paréntesis la muerte es signo de miopía metafísica que produce una muy grave ceguera política y cultural. Escribe san Agustín que “no es la muerte lo que debes temer, sino el olvido de que eres inmortal”. El materialismo práctico que inspira y dirige gran parte del (des)orden vigente impone un horizonte de sentido llano y trivial, un techo muy bajo y descolorido, una ciudadanía supuestamente definitiva que mutila la amistad cívica con la filosa espada que surca las fronteras de la propia soberanía en un metro cuadrado subordinado a la regla y medida de hacer lo que cada cual buena o malamente quiera, donde el bien común carece de dimensión espiritual y el culto se arrodilla ante lo feo y extravagante.
¿Será una cándida utopía (o autoritaria pretensión) aspirar a que la política y la cultura superen la clausura de su estéril inmanencia y abracen, al menos, una sana antropología capaz de reconocer que el natural anhelo de descanso y sosiego es sed de amor que sólo se sacia después de la muerte?
No quiero confundir los planos. Son pocos e inmerecidamente privilegiados los que miran y ven más allá: son pocos, es cierto, los que viven la muerte no como algo que pasa sino como el encuentro con Alguien que viene pues quiso perseguirnos hasta el límite extremo de morir; son pocos los que mueren porque no mueren; son pocos los que llaman a la muerte “hermana” y, asimismo, esperan, sin presunción ni desesperación, su derrota definitiva; son pocos los que celebran cada agonía y partida, también la que llega como un ladrón, con serenidad pascual. Pero vamos despacio; tal vez, será cerrando los ojos a algún muerto como caeremos en cuenta de que son los muertos quienes abren los ojos a los vivos.
*Álvaro Ferrer Del Valle – Director Ejecutivo Comunidad y Justicia
El olvido de la virtud
Primero vino el (ab)uso de recursos públicos en un montón de programas y cachureos variopintos que van de la lencería femenina al financiamiento del baile del clítoris. Luego, el destape del “caso Fundaciones”, de magnitudes monumentales. La imperdonable inasistencia a un acto oficial por parte del embajador de Chile en España (y no es primera vez que protagoniza algún numerito que avergüenza a nuestro país frente a potencias extranjeras). El asalto a unas monjas en el barrio Yungay, donde debería pernoctar el Presidente, vino a mostrar también hasta dónde ha llegado la negligencia del Gobierno en materia de seguridad. Otro poroto se anota el Gobierno, al afirmar altaneramente que estaban preparados para los incendios, pocas horas antes de iniciar la tragedia. La derecha tampoco está limpia de pecado si miramos casos como el de Cathy Barriga (donde se ve tanto el despilfarro en cosas insólitas -peluches- como el fraude al fisco)… ¿Cómo llegamos tan lejos?
Pareciera que hemos olvidado lo más elemental: el carácter esencial de la virtud para la salud de la Polis. Ya planteaba Platón que “ni la ciudad ni el individuo pueden ser felices sin una vida de sabiduría gobernada por la justicia”. Al parecer, varias décadas de individualismo a la vena nos han pasado la cuenta. Nos debemos a Chile, y eso implica actuar en conformidad con la justicia, y someterse al cumplimiento estricto de la legislación, no tanto en su mínima literalidad, sino más bien en el objetivo que ella propone como algo necesario para el bien común. De ahí que Platón planteara asimismo la necesidad de que los políticos “[se hagan] a sí mismos esclavos de la ley”. El platonismo político expone un espíritu de cuerpo que es esencial para la cohesión social. Esa mentalidad de bien común es lo que hemos perdido, y no parece descabellado pensar que tenga que ver con la inmoralidad que vemos hoy por todos lados en nuestra clase política.
Parece obvio, pero en realidad por años se ha pretendido negar que la crisis no se cumple llenándonos de protocolos, porque la crisis es ante todo moral. Por un lado, vemos a una derecha que afirma tajantemente unas “ideas de la libertad” que llegan a negar la íntima conexión entre derecho y moral. Por otro lado, una izquierda progresista que rechaza la existencia misma de la moral, o al menos la posibilidad de conocer qué cosa sean en el caso concreto la “moral” o las “buenas costumbres”. Y, sin embargo, cuando estalla alguno de estos escándalos el pueblo reacciona de inmediato… y ojo que no solamente se trata de casos de corrupción ilegal o de negligencia respecto de deberes exigibles por ley, sino también de hechos que muestran simplemente la decadencia de nuestra clase política (basta con ver el caso Polizzi o el de la foto del embajador de Chile en España tocando una pierna desnuda). El chileno medio huele a kilómetros esa decadencia, sin verse afectado por las piruetas mentales de los académicos progresistas que niegan la moral o su conocimiento.
Tal vez esa sea una buena hoja de ruta para una reconstrucción de una buena y sana política: reivindicar el valor de la virtud y su necesidad para la Nación e, incluso, para la existencia misma de un “Estado en forma”, caracterizado por “un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes”, como le propondría Diego Portales a José Manuel Cea. No en vano Chile pudo distinguirse de otros países latinoamericanos que no corrieron nuestra suerte. Como dijo Andrés Bello: “Jamás un pueblo profundamente envilecido, completamente anonadado, desnudo de todo sentimiento virtuoso, ha sido capaz de ejecutar los grandes hechos que ilustraron las campañas de los patriotas, los actos heroicos [sic] de abnegación, los sacrificios de todo género con que Chile y otras secciones americanas conquistaron su emancipación política”.
Ley Zamudio 2.0: una pronta realidad
En 2022, advertimos que había un “eco legislativo” de la igualdad sustantiva. Entre dicho momento, y ahora, ha pasado mucho material debajo del puente (ojalá pudiera decir que sólo pasó agua, pero no fue así). Antes de la votación general, la alerta fue colocada. El tiempo de la noción clásica de igualdad ante la ley estaba por terminar, debido a la instalación de la igualdad sustantiva, en su norma madre, la “ley Zamudio”. Lo anterior, mediante un cambio legislativo.
El primer síntoma de que este proyecto no mejoraría (salvo excepciones muy contadas) fue su aprobación general en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con los votos de la izquierda, más un diputado de Chile Vamos (Ñanco, Palma, Fríes, Pizarro, Rosas y Guzmán). Terminado lo anterior, la Comisión aprobó muchísimas cosas negativas, con vueltas de carnero, reconocimientos de errores, entre otras polémicas.
Por ejemplo, la Comisión aprobó una nueva noción de discriminación arbitraria, en virtud de la cual una simple preferencia puede ser considerada como discriminación y, por tanto, demandable y sancionable bajo el imperio de la nueva ley. Llama la atención que esta norma contó con el apoyo de la mayoría de la Comisión. Entre ella, la diputada Fríes, quien -en sesión del 19 de octubre de 2022- reconoció la impertinencia de sancionar las preferencias bajo el concepto de discriminación. Pero da igual, en política está permitido el arrepentimiento.
Otra cosa absolutamente llamativa. La Comisión, perpetuando la vinculación de la ley antidiscriminación con las minorías sexuales (lo cual no debería corresponder a una ley que debería tener vocación general), aprobó una norma que consideraba como discriminación arbitraria ciertos actos recaídos sobre la orientación sexual y la identidad de género. Además de estar profundamente equivocada en su fondo, la mayoría que aprobó esta norma lo hizo a sabiendas de que no tenía relación directa con la idea matriz (cuestión que incluso fue reconocida con posterioridad, por diputados que votaron a favor de la norma, en sesión del 11 de octubre de 2023).
En lo procesal, las cosas no tendieron a mejorar. Con la reforma, se aprobó una norma que amplía la legitimación activa de la acción a cualquier persona en favor de alguien cuyos representantes legales se nieguen a demandar. O sea, una persona natural o incluso jurídica (como el Movilh), puede demandar a terceros (o incluso a los mismos padres), cuando los representantes legales de un niño no quieran ejercer la acción. Lo anterior constituye una intromisión indebida en las decisiones propias del cuidado personal y la patria potestad.
Para qué hablar de la ampliación de la legitimación activa a organizaciones (muchas de las cuales han sido protagonistas del feroz lobby que ha impulsado la reforma). El proyecto permite que ellas puedan demandar en favor de un conjunto de personas (el cual puede que ni siquiera esté determinado en su número). ¿Ejemplos? El Ejecutivo dio uno, que grafica muy bien uno de los propósitos del proyecto: la posibilidad de perseguir opiniones. Así, señaló que el proyecto puede permitir, a un grupo de personas, accionar en contra de un artista que emite su parecer, cuando aquellas se sientan aludidas.
También es justo mencionar que la Comisión eliminó la multa al demandante temerario, cuestión que resulta ser necesaria para que esta ley y su acción no se conviertan en un mecanismo de “funa”.
Y para aquellos que les preocupa la economía, un dato: la Comisión aprobó una norma que impide contratar con la Administración del Estado, dentro de cierto plazo, a aquellos que sean condenados por discriminación. Esto, además de rozar con lo inconstitucional, es preocupante, pues en muchos lugares la Administración no cuenta con muchas opciones, por lo que si -en una determinada localidad- el o los dos posibles contratantes existentes están condenados por discriminación, la necesidad pública concreta no será satisfecha.
En fin, gracias a las gestiones del Ejecutivo en la mencionada Comisión (cuyo informe será votado en la sala de la Cámara baja), el lobby de numerosas organizaciones y, lo que más preocupa, la complicidad de aquellos que no hicieron todo lo que estaba a su alcance para la mejora del proyecto (salvo admirables excepciones de los diputados Araya, Concha, Kaiser, Muñoz, Ossandón, Schubert, entre otros), la “ley Zamudio 2.0” puede convertirse en una realidad, en breve tiempo, afectando un sinnúmero de ámbitos de la vida nacional. La familia, la economía, entre otros, no serán inmunes a ella.
Hacia una nueva cuestión social: el endeudamiento familiar
El primer centenario de Chile dejaba tras sí a una inmensa de mayoría de chilenos sumidos en pésimas condiciones de vida y laborales. Durante el siglo XX, la situación fue mejorando paulatinamente. Pero la irrupción de un capitalismo feroz deja al bicentenario chileno con familias, si bien en mejores condiciones materiales de vida, sometidas a un nivel de endeudamiento que puede ser una de las causas de la cuestión social 2.0.
Las distorsiones del sistema económico y financiero y la facilidad en el préstamo pueden reventar en un círculo de endeudamiento del que parece imposible de salir, aun cuando exista una voluntad real de pagar. Como advertía el profesor Julio Alvear en 2012, “una cosa es incentivar la expansión de crédito y otra el encarecimiento de la deuda. El axioma ‘deudores más pobres con créditos más caros’ ha llegado a ser en Chile una dura realidad para muchos hogares que viven de su empleo y sus avatares”. Lo cierto es que muchos hogares son esclavos de una deuda que sólo se expande y no se reduce.
De acuerdo con la Encuesta Financiera de Hogares 2021 del Banco Central, el 57,4% de las familias tiene algún tipo de deuda, y la mediana de ellos destina un 21% de sus ingresos mensuales al pago de deudas que representan 3,5 veces dicho ingreso. Si bien los números han experimentado una disminución en comparación con 2017, la tendencia a la baja se explica más por las ayudas socio económicas que se entregaron durante la pandemia y los retiros de AFP, que por una mejora real.
En este sentido, el 49% de los hogares endeudados tiene deudas no hipotecarias, con una mediana de 2 millones de pesos. Por otro lado, de acuerdo con el Informe de Endeudamiento 2022 de la Comisión para el Mercado Financiero, la deuda mediana de consumo es de $1,3 millones, y un 97% de los deudores en la muestra presenta algún tipo de deuda de consumo: 45,6% mantiene deuda en tarjetas de crédito bancarias, 9,4% en emisores de tarjetas no bancarias y 67,2% en tarjetas de sociedades de apoyo al giro bancario. En términos de montos, la deuda de consumo representa un 26,6% del total de la deuda de los hogares, siendo los productos de mayor incidencia los créditos en cuotas (15,1%), tarjetas de sociedades de apoyo al giro bancario (5,2%) y tarjetas de créditos bancarias (5,1%).
Las deudas de consumo se mantienen gracias a los altos intereses, los que, por si solos, pueden llegar a duplicar el monto de la deuda original. Un mecanismo que provoca esto es el anatocismo: la capitalización de intereses sobre el monto insoluto de la deuda de capital, monto total sobre el cual se cobran nuevos intereses. Esto supone un deudor moroso que repacta su crédito. Si a esto se le suma las cláusulas de aceleración, el interés por riesgo o las comisiones injustificadas, la burbuja terminará por explotar.
Esta situación ha sido advertida y se ha reflejado en distintos proyectos de ley que no han conocido la luz y duermen en los escritorios del Congreso, como los presentados por la senadora Rincón en 2019 o el diputado Calisto en 2021, archivado el primero y pendiente en tramitación el segundo. La necesidad de regular, prohibir y limitar determinados abusos del sistema financiero, sin poner en peligro la seguridad jurídica ni generar incentivos perversos para aprovecharse, como ha ocurrido con la Ley de Fraudes, es manifiesto para la tranquilidad económica y mental de las familias endeudadas. No se trata de un “perdonazo”, sino de ayudarlas a pagar, pero lo que corresponde: ni más, ni menos.
Hace 100 años, la realidad chilena era diferente a la actual y enfrentaba sus propios problemas, y muchas familias sufrieron por no atenderse su indigna situación a tiempo. Hoy, con más datos y recursos, se puede comenzar a atajar solo una de las injustas causas del malestar que vive cada familia chilena. En último término, se trata del respeto a la dignidad humana, pues, como sostenía San Juan Pablo II en la Carta Encíclica Centesimus Annus (1991), “(…) la libertad económica es solamente un elemento de la libertad humana. Cuando aquella se vuelve autónoma, es decir, cuando el hombre es considerado más como un productor o un consumidor de bienes que como un sujeto que produce y consume para vivir, entonces pierde su necesaria relación con la persona humana y termina por alienarla y oprimirla”.
Las feministas van por los objetores de conciencia
Para el feminismo, pareciera que los últimos años han sido del todo o nada. Envalentonadas con la ley de aborto en tres causales en 2017, apostaron a doblar la apuesta y tantear un proyecto de ley de plazos de aborto en 2021, pero les fue mal. Paralelamente en la Convención, apostaron por consagrar el aborto libre como un derecho fundamental y restringir, si es que no eliminar, la objeción de conciencia personal e institucional. Pero a los chilenos no les gustó y les mandaron un portazo. Mismo portazo, no tan estruendoso, que recibió la propuesta del Consejo, y aunque las feministas intentan atribuírselo a que las tres causales son intocables, el sector de la derecha que votó por el En Contra impide esa interpretación.
Creen que el partido está “empatado”: ni más ni menos que las tres causales. Constatando que estuvo en riesgo ese “avance histórico y civilizatorio”, la lucha no puede continuar sin consolidar lo ganado. No pueden avanzar con el aborto sea por la vía de causales o por la de plazos. Así lo ha reconocido la ministra Orellana, aunque el programa de Gobierno diga otra cosa y deba soportar el látigo de las compañeras boquiabiertas por el gobierno más feminista, pero absolutamente inútil en cuanto a lograr legalizar el aumento de asesinatos de niños no nacidos. Importante recordar eso: el aborto es la destrucción, vía desmembramiento con tenazas u otros métodos, de un niño inocente e indefenso, cuyo único pecado es existir.
Como la agenda no puede desaparecer (“que la derecha ultrafascista nos quita derechos, que los conservadores negacionistas, etc.”), sedientas, buscan una nueva víctima. Y la encontraron, aunque estaba bajo el radar desde la discusión legislativa y la sentencia del TC: objetores. ¿Qué es eso de objetar la decisión una mujer? ¿Cómo han osado a subordinar la voluntad de la mujer a la obediencia de la conciencia? ¡Malditos obstructores! Aunque quizás deberían ocupar el lenguaje inclusivo y decir ¡Malditas obstructoras!
Un estudio de 2021 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile señala que el 63,8% de los objetores son mujeres: entre los profesionales médicos, el 38% de los gineco-obstetras y el 43% de los anestesistas objetores, son mujeres, pero el 88% de los profesionales no médicos y el 95% de los técnicos de enfermería que son objetores son mujeres. Un dato del que no hay noticias es el sexo de los niños no nacidos que son abortados, pero es necesario saber si las feministas han impulsado una cuestión realmente paradójica: el femicidio fetal.
La objeción de conciencia es la última garantía de que una persona pueda vivir coherentemente respetando sus convicciones. Pero al feminismo esto le importa poco y nada. Dicen que están de acuerdo con la objeción de conciencia, pero que es “demasiado amplia”, “que se presta para abusos” y “que impide que la ley sea eficaz”. Así, la doctrina se ha encargado de ir cerrando el cerco sobre los objetores, proponiendo nuevas trabas y dificultando su ejercicio, sea aumentando los requisitos para ser declarado objetor, reducir la cantidad de profesiones que pueden declararla, eliminar la objeción de conciencia del sistema público de salud, prohibición de la objeción de conciencia institucional, etc. A lo anterior se suman las iniciativas que buscan “educar” a los profesionales de salud en la aplicación de la ley. Al final, es la intolerancia contra quienes no piensan como ellas y actúan de forma coherente.
El feminismo abortista consolida su rojo camino con la coerción del espacio más sagrado de la persona: su conciencia.
Femicidios
Las feministas son el peor enemigo de las mujeres, decía Alice von Hildebrand en su libro «El privilegio de ser mujer». Basta ver los frutos de las titulares feministas de los Ministerios de la Mujer en distintos países para comprobar cuán cierto es.
En España, Irene Montero fue la titular del Ministerio de Igualdad entre enero de 2020 y noviembre de 2023. Famosa se volvió la ley “solo sí es sí” que eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual y redujo las condenas por delitos de agresión y violación, lo que provocó que, al 1º de junio de 2023, los tribunales españoles acordaran 1.127 rebajas de pena y 115 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales. Inolvidable será su preocupación por los niños cuando sostuvo que “tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basados eso sí en el consentimiento”. Bajo su mandato, los femicidios aumentaron de 50 en 2020 a 55 en 2023, y como el peor año en relación al 2019 (56).
En Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue dirigido por Elizabeth Gómez (diciembre de 2019 a octubre de 2022) y Ayelén Mazzina (octubre de 2022 a diciembre de 2023), hasta que el nuevo Presidente, Javier Milei, ordenó su transformación -no eliminación- en la “Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género” a cargo del Ministerio de Capital Humano.
En su carta de renuncia, Gómez señaló que, mientras fue ministra, los femicidios y travesticidios disminuyeron en un 14%, números que no cuadran si se considera que en 2022 hubo 226 víctimas y en los primeros siete meses de 2023 fueron 190. Lo curioso es que, según un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que analizó el impacto de los homicidios en la Argentina en el período 2001-2021, los homicidios -sin distinción por sexo- habían disminuido en los últimos 8 años, lo que no se habría reflejado en la tasa de femicidios, la que se habría mantenido constante. Lo anterior en el contexto de ubicar a Argentina como un país pionero en la elaboración de leyes y políticas públicas diseñadas especialmente para luchar contra “la violencia de género”. Quizás los fondos se destinan a otras cosas como capacitaciones sobre “diversidades”, promoción de la “sororidad” o fortalecimiento de cupos de género para la élite feminista argentina.
En Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género fue creado en 2015. En 8 años, pasaron por la cartera Claudia Pascual en Bachelet II, Isabel Plá, Macarena Santelices y Mónica Zalaquett en Piñera II, y Antonia Orellana en el gobierno frenteamplista de Gabriel Boric. El 19 de diciembre de 2023, la Ministra Orellana entregó el Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios del 2022. Los datos: existe un aumento constante de femicidios frustrados: 151 en 2020, 163 en 2021, 180 en 2022 y para el 2023 la cifra salta a 208, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer. Según datos de la Fiscalía, los femicidios consumados han sido 29 en 2018, 45 en 2019, 47 en 2020, 55 en 2021 y 52 en 2022. Al 18 de diciembre de 2023, se han cometido 39 femicidios.
Las tres ministras comparten un diagnóstico común: existe una estructura opresora machista (“el patriarcado”) sobre la mujer y una relación de oposición dialéctica entre ella y el hombre. Mujer víctima y hombre victimario.
Los problemas son otros. No es que un hombre mate a una mujer por el mero hecho de ser mujer. De partida, la calidad de víctima o de victimario no puede depender de su sexo, sino del acto que se realiza o padece. Luego, se deben revisar las causas. El asesinato puede responder a celos, alcohol o drogas, ocultar otro delito, etc. Esos son los motivos que se deben estudiar y enfrentar. El peligro y daño que se genera entonces, es evidente. Por un lado, se desatienden las causas reales de los asesinatos de personas, sean hombres o mujeres, y, por otro, se priorizan y financian “soluciones” inspiradas en diagnósticos ideológicos y sin asidero en la realidad.
En lugar de potenciar programas sociales que se enfoquen en ayudar a las familias a resolver sus problemas y disminuir los niveles de agresividad, angustia y estrés, tenemos un Ministerio preocupado del “lenguaje inclusivo”, de la celebración del día de “el feminismo, la violencia de género, el femicidio, etc.”, de la destrucción de los “estereotipos de género” y la “diplomacia exterior feminista”. Feminismo champán y de cartón.
Ni el Gobierno ni los chilenos deberían sorprenderse si las cifras de femicidios aumentan este 2024. Siempre que las soluciones feministas intenten imponerse a la realidad, fracasarán una y otra vez; los problemas no se resolverán, pues sus causas no son atendidas, y el sufrimiento y la rabia aumentarán. Pero sólo celebran los intelectuales y políticos que lucran con el dolor. Todos sabemos que, al final del día, el feminismo es un buen negocio.
Mal uso de la ley
Señor Director:
Durante la discusión de la reforma a la «ley antidiscriminación», un representante del Ejecutivo planteó que el proyecto puede permitir a un grupo de personas accionar en contra de un artista que emite una opinión «agresiva», cuando aquellas se sientan aludidas.
Lo anterior, ejemplifica uno de los propósitos de la reforma (por lo demás, impulsada por el Gobierno con suma urgencia), consistente en eliminar las barreras que evitan el mal uso de la ley. Con la iniciativa no sólo se pueden perseguir las distinciones, exclusiones o restricciones constitutivas de discriminación, sino que también las meras «preferencias» (lo cual es una injusta intromisión en el fuero interno de las personas). Adicionalmente, se elimina la sanción al que demanda temerariamente, es decir, a aquel que utiliza sin fundamento la «ley antidiscriminación» (causando, además, un daño reputacional en la persona demandada).
Si al Ejecutivo le apremia el pronto despacho del proyecto, sería interesante que evalúe un método para apoyar a los artistas que, reforma mediante, serán demandados injustamente bajo el imperio de la «ley Zamudio», esta vez, en su versión «2.0».
Gustavo Baehr
Comunidad y Justicia