Las feministas van por los objetores de conciencia
Para el feminismo, pareciera que los últimos años han sido del todo o nada. Envalentonadas con la ley de aborto en tres causales en 2017, apostaron a doblar la apuesta y tantear un proyecto de ley de plazos de aborto en 2021, pero les fue mal. Paralelamente en la Convención, apostaron por consagrar el aborto libre como un derecho fundamental y restringir, si es que no eliminar, la objeción de conciencia personal e institucional. Pero a los chilenos no les gustó y les mandaron un portazo. Mismo portazo, no tan estruendoso, que recibió la propuesta del Consejo, y aunque las feministas intentan atribuírselo a que las tres causales son intocables, el sector de la derecha que votó por el En Contra impide esa interpretación.
Creen que el partido está “empatado”: ni más ni menos que las tres causales. Constatando que estuvo en riesgo ese “avance histórico y civilizatorio”, la lucha no puede continuar sin consolidar lo ganado. No pueden avanzar con el aborto sea por la vía de causales o por la de plazos. Así lo ha reconocido la ministra Orellana, aunque el programa de Gobierno diga otra cosa y deba soportar el látigo de las compañeras boquiabiertas por el gobierno más feminista, pero absolutamente inútil en cuanto a lograr legalizar el aumento de asesinatos de niños no nacidos. Importante recordar eso: el aborto es la destrucción, vía desmembramiento con tenazas u otros métodos, de un niño inocente e indefenso, cuyo único pecado es existir.
Como la agenda no puede desaparecer (“que la derecha ultrafascista nos quita derechos, que los conservadores negacionistas, etc.”), sedientas, buscan una nueva víctima. Y la encontraron, aunque estaba bajo el radar desde la discusión legislativa y la sentencia del TC: objetores. ¿Qué es eso de objetar la decisión una mujer? ¿Cómo han osado a subordinar la voluntad de la mujer a la obediencia de la conciencia? ¡Malditos obstructores! Aunque quizás deberían ocupar el lenguaje inclusivo y decir ¡Malditas obstructoras!
Un estudio de 2021 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile señala que el 63,8% de los objetores son mujeres: entre los profesionales médicos, el 38% de los gineco-obstetras y el 43% de los anestesistas objetores, son mujeres, pero el 88% de los profesionales no médicos y el 95% de los técnicos de enfermería que son objetores son mujeres. Un dato del que no hay noticias es el sexo de los niños no nacidos que son abortados, pero es necesario saber si las feministas han impulsado una cuestión realmente paradójica: el femicidio fetal.
La objeción de conciencia es la última garantía de que una persona pueda vivir coherentemente respetando sus convicciones. Pero al feminismo esto le importa poco y nada. Dicen que están de acuerdo con la objeción de conciencia, pero que es “demasiado amplia”, “que se presta para abusos” y “que impide que la ley sea eficaz”. Así, la doctrina se ha encargado de ir cerrando el cerco sobre los objetores, proponiendo nuevas trabas y dificultando su ejercicio, sea aumentando los requisitos para ser declarado objetor, reducir la cantidad de profesiones que pueden declararla, eliminar la objeción de conciencia del sistema público de salud, prohibición de la objeción de conciencia institucional, etc. A lo anterior se suman las iniciativas que buscan “educar” a los profesionales de salud en la aplicación de la ley. Al final, es la intolerancia contra quienes no piensan como ellas y actúan de forma coherente.
El feminismo abortista consolida su rojo camino con la coerción del espacio más sagrado de la persona: su conciencia.
Femicidios
Las feministas son el peor enemigo de las mujeres, decía Alice von Hildebrand en su libro «El privilegio de ser mujer». Basta ver los frutos de las titulares feministas de los Ministerios de la Mujer en distintos países para comprobar cuán cierto es.
En España, Irene Montero fue la titular del Ministerio de Igualdad entre enero de 2020 y noviembre de 2023. Famosa se volvió la ley “solo sí es sí” que eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual y redujo las condenas por delitos de agresión y violación, lo que provocó que, al 1º de junio de 2023, los tribunales españoles acordaran 1.127 rebajas de pena y 115 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales. Inolvidable será su preocupación por los niños cuando sostuvo que “tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basados eso sí en el consentimiento”. Bajo su mandato, los femicidios aumentaron de 50 en 2020 a 55 en 2023, y como el peor año en relación al 2019 (56).
En Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue dirigido por Elizabeth Gómez (diciembre de 2019 a octubre de 2022) y Ayelén Mazzina (octubre de 2022 a diciembre de 2023), hasta que el nuevo Presidente, Javier Milei, ordenó su transformación -no eliminación- en la “Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género” a cargo del Ministerio de Capital Humano.
En su carta de renuncia, Gómez señaló que, mientras fue ministra, los femicidios y travesticidios disminuyeron en un 14%, números que no cuadran si se considera que en 2022 hubo 226 víctimas y en los primeros siete meses de 2023 fueron 190. Lo curioso es que, según un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que analizó el impacto de los homicidios en la Argentina en el período 2001-2021, los homicidios -sin distinción por sexo- habían disminuido en los últimos 8 años, lo que no se habría reflejado en la tasa de femicidios, la que se habría mantenido constante. Lo anterior en el contexto de ubicar a Argentina como un país pionero en la elaboración de leyes y políticas públicas diseñadas especialmente para luchar contra “la violencia de género”. Quizás los fondos se destinan a otras cosas como capacitaciones sobre “diversidades”, promoción de la “sororidad” o fortalecimiento de cupos de género para la élite feminista argentina.
En Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género fue creado en 2015. En 8 años, pasaron por la cartera Claudia Pascual en Bachelet II, Isabel Plá, Macarena Santelices y Mónica Zalaquett en Piñera II, y Antonia Orellana en el gobierno frenteamplista de Gabriel Boric. El 19 de diciembre de 2023, la Ministra Orellana entregó el Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios del 2022. Los datos: existe un aumento constante de femicidios frustrados: 151 en 2020, 163 en 2021, 180 en 2022 y para el 2023 la cifra salta a 208, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer. Según datos de la Fiscalía, los femicidios consumados han sido 29 en 2018, 45 en 2019, 47 en 2020, 55 en 2021 y 52 en 2022. Al 18 de diciembre de 2023, se han cometido 39 femicidios.
Las tres ministras comparten un diagnóstico común: existe una estructura opresora machista (“el patriarcado”) sobre la mujer y una relación de oposición dialéctica entre ella y el hombre. Mujer víctima y hombre victimario.
Los problemas son otros. No es que un hombre mate a una mujer por el mero hecho de ser mujer. De partida, la calidad de víctima o de victimario no puede depender de su sexo, sino del acto que se realiza o padece. Luego, se deben revisar las causas. El asesinato puede responder a celos, alcohol o drogas, ocultar otro delito, etc. Esos son los motivos que se deben estudiar y enfrentar. El peligro y daño que se genera entonces, es evidente. Por un lado, se desatienden las causas reales de los asesinatos de personas, sean hombres o mujeres, y, por otro, se priorizan y financian “soluciones” inspiradas en diagnósticos ideológicos y sin asidero en la realidad.
En lugar de potenciar programas sociales que se enfoquen en ayudar a las familias a resolver sus problemas y disminuir los niveles de agresividad, angustia y estrés, tenemos un Ministerio preocupado del “lenguaje inclusivo”, de la celebración del día de “el feminismo, la violencia de género, el femicidio, etc.”, de la destrucción de los “estereotipos de género” y la “diplomacia exterior feminista”. Feminismo champán y de cartón.
Ni el Gobierno ni los chilenos deberían sorprenderse si las cifras de femicidios aumentan este 2024. Siempre que las soluciones feministas intenten imponerse a la realidad, fracasarán una y otra vez; los problemas no se resolverán, pues sus causas no son atendidas, y el sufrimiento y la rabia aumentarán. Pero sólo celebran los intelectuales y políticos que lucran con el dolor. Todos sabemos que, al final del día, el feminismo es un buen negocio.
Mal uso de la ley
Señor Director:
Durante la discusión de la reforma a la «ley antidiscriminación», un representante del Ejecutivo planteó que el proyecto puede permitir a un grupo de personas accionar en contra de un artista que emite una opinión «agresiva», cuando aquellas se sientan aludidas.
Lo anterior, ejemplifica uno de los propósitos de la reforma (por lo demás, impulsada por el Gobierno con suma urgencia), consistente en eliminar las barreras que evitan el mal uso de la ley. Con la iniciativa no sólo se pueden perseguir las distinciones, exclusiones o restricciones constitutivas de discriminación, sino que también las meras «preferencias» (lo cual es una injusta intromisión en el fuero interno de las personas). Adicionalmente, se elimina la sanción al que demanda temerariamente, es decir, a aquel que utiliza sin fundamento la «ley antidiscriminación» (causando, además, un daño reputacional en la persona demandada).
Si al Ejecutivo le apremia el pronto despacho del proyecto, sería interesante que evalúe un método para apoyar a los artistas que, reforma mediante, serán demandados injustamente bajo el imperio de la «ley Zamudio», esta vez, en su versión «2.0».
Gustavo Baehr
Comunidad y Justicia
¿Batalla o evangelización cultural?
Ante la consolidación de gobiernos de izquierda con un sello autoritario e identitario de corte progresista, ha vuelto a resurgir, política e intelectualmente, la idea de que es necesaria una derecha que lucha por ganar la “batalla cultural”. Dirigentes de partidos políticos, ex mandatarios, influencers, pensadores y directores de centros de estudios parecen estar apostando por dominar la cultura, para acceder luego al poder político. Sin embargo, es necesario tener cuidado con estos cantos de sirena.
Entre estos nuevos soldados, se da por sentado que el origen de la lucha por “las ideas de la libertad” es una respuesta al intento gramsciano de ubicar a la cultura como un respaldo a las ideas de la izquierda y así facilitar su acceso al poder. Por eso es común escuchar que las universidades, escuelas, los medios de comunicación, artes y las ciencias sociales en general están dominadas por ideas progresistas. La “batalla cultural” sería el otro lado de la moneda de la dominación hegemónica de la cultura, pero sometido a la misma lógica implícita de una dialéctica que separa entre buenos y malos.
En este sentido, la derecha que promueve la batalla cultural asume el mismo punto de partida del progresismo. Así se explicaría la victoria de Milei en Argentina: un economista y panelista que ha difundido con firmeza sus ideas durante años, con perseverancia y claridad, cambió la opinión pública con su discurso libertario y “devolvió” el sentido común al pueblo argentino que lo eligió diputado y luego como Presidente. Por supuesto que apostar por una batalla cultural es efectiva para combatir ideas que siempre acompañan las acciones políticas; pero si sólo se trata de acceder al poder, la instrumentalización del votante sale a la luz. Así, la pregunta peligrosa que aparece es, ¿estoy dispuesto a dar la batalla cultural si es que busco el bien común, aun cuando no obtenga el poder? Si la respuesta es no, entonces claramente hay un problema de medios y fines.
La Doctrina Social de la Iglesia ofrece una manera de entender la cultura: la evangelización de la cultura. San Juan Pablo II señaló en su Carta Encíclica Redemptoris Missio (1990): “Al anunciar a Cristo a los no cristianos, el misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte.”.
La evangelización de la cultura no es encerrarse a rezar, como más de un socarrón podría decir: “Sí, sí, tú dedícate a hablar con tu amigo imaginario, que nosotros nos encargamos de los problemas reales”. La evangelización de la cultura no busca alcanzar el poder ni implantar ideas de “sentido común” en la ciudadanía. No es para tener una cultura “de derecha”. Tampoco para tener universidades, películas, libros y cuanta cuestión cultural exista “de derecha”. La evangelización de la cultura “no es de izquierda, ni de derecha. La batalla, antes que cultural, es espiritual. Es buscar y promover el Bien, la Verdad y la Belleza. Nuestro imaginario objetor dirá, ya más exasperado de lo angelical y buenista de estas líneas: “Sí, pero eso se entiende que ya está en lo que hay en la batalla cultural”. Pues no. Basta preguntar a más de uno el por qué y el para qué para confirmar que no existe claridad más allá de alcanzar el poder.
Si la derecha desea recuperar la cultura, no debe cometer el error del progresismo, instrumentalizándola con el fin de acceder al poder político, más bien debe comprender que la cultura, más que una estructura al servicio del poder es el estilo de vida de una sociedad en particular, como dijo Juan Pablo II en Chile. La cultura de un pueblo es “el modo particular como los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismo y con Dios de modo que puedan llegar a un nivel verdadera y plenamente humano”. Es por tanto el estilo de vida común que lo caracteriza y comprende toda su vida, “el conjunto de valores que lo animan y de desvalores que lo debilitan… las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y configuran, es decir, las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social. En una palabra, la cultura es, pues, la vida de un pueblo”.
¿Qué tanto interés tiene para cierta derecha este estilo de vida de los chilenos? Jóvenes que se casen, tengan hijos y posean un celo especial por educarlos. La cultura comienza en la familia, en las tradiciones que se transmiten, en la formación de las virtudes. Es nuestra cultura nacional la que está en juego, de la que la política es una parte importante. Si la “batalla cultural” no se comprende en estos términos, se podrán alcanzar grandes victorias políticas, pero se fallará en no resolver el origen del problema.
Economías estables y crecientes, sistemas políticos impecables y republicanos, instituciones públicas probas y eficaces, culturas y artes bellas y agradables. Eso puede ofrecer y obtener la batalla cultural. Pero todo proyecto que descanse en el hombre tiene días contados. Y el liberalismo de derecha y el socialismo de izquierda fallan en ese punto. Sólo la evangelización de la cultura coopera en que cada persona y la sociedad alcance su mayor plenitud posible.
Activismo judicial
Señor Director:
A propósito de las noticias sobre la cantidad de cambios de sexo y nombre registral, resulta paradojal que, por un lado, una jueza dicte una sentencia manifiestamente contraria a la ley 21.120, al permitir que un menor de 14 años pueda cambiar su nombre y sexo registral (cuestión que, como sabemos, podría constituir delito de prevaricación), y que, por otro, María José Cumplido, de Fundación Iguales, sugiera como desafío -respecto a dicha ley- permitir a los menores de 14 “reconocer su identidad”.
Al señalar aquello, Cumplido reconoce que la ley de identidad de género no permite a los menores de 14 años cambiar de sexo y nombre registral (lo cual se justifica por fuertísimas y prudentes razones de naturaleza médica y jurídica presentes en la historia de la ley). Por ello, es preocupante que un magistrado, apelando única y exclusivamente a su sentido subjetivo de justicia, infrinja a sabiendas la ley expresa y vigente sobre la materia.
Gustavo Baehr y Javier Mena. Abogados, Corporación Comunidad y Justicia
La derecha del pañuelo verde
Toda victoria política tiene el precio de mantener la coherencia en los principios que defiende. La campaña de la derecha por el A Favor reveló cómo el sector no pudo, o no se atrevió, a realizar una defensa clara sobre la norma del no nacido y la intención de su modificación. Si hace sólo 6 años se oponían al aborto en tres causales, en la campaña las defendieron quizás con más pasión que sus promotores iniciales. “Las tres causales no se tocan” fue el slogan que vimos en entrevistas y medios de comunicación por parte de grandes figuras políticas e intelectuales.
Hagamos doble click sobre la situación actual del aborto para entender el escándalo de esta insólita defensa. Desde el 2017 al 2023 se han realizado más de 4.500 abortos bajo la ley 21.030. En la causal uno, 270 abortos entre las 22 y 37 semanas de gestación y en la causal dos, 642 abortos entre el mismo rango de gestación. Es decir, más de mil abortos (un quinto del total) se ha realizado cuando la guagua ya está completamente desarrollada y, por supuesto, siente dolor. Pero las cifras son frías. Igual que cada uno de los instrumentos que se ocupa para abortar. Porque de eso no se habla. De cómo se aborta. De la crudeza y el dolor. 4.500 abortos. Qué más da. Fanáticos religiosos, gritan. Imprudente, susurran.
La Norma Técnica Nacional de la Subsecretaría de Salud Pública, aprobada el 2 de febrero de 2018, recomienda el uso de medicamentos y la aspiración por vacío. Este segundo método consiste en “la evacuación del contenido uterino a través de una cánula plástica o de metal, unida a una fuente de vacío”. La Norma Técnica establece un protocolo de uso de la aspiración manual endouterina (AMEU). El paso mortal lo describe claramente: “Extraer el contenido de la cavidad uterina moviendo la jeringa suave y lentamente hacia adelante y atrás, rotando la cánula y la jeringa en sentido de las manecillas del reloj, con movimientos largos, cuidando de que la abertura de la cánula no sobrepase el orificio cervical externo, para evitar perder el vacío.”. Una de las posibilidades de que el vacío de la jeringa se pierda o disminuya es porque la jeringa está llena o “la cánula está obstruida por restos”. Si ocurre el primer caso, se recomienda desconectar la jeringa de la cánula, abrir la válvula de seguridad y “empujar suavemente el embolo dentro del cilindro para vaciar el contenido de la jeringa en un recipiente para inspeccionarlo.”. Reestablecido el vacío, se reconecta la jeringa a la cánula para “continuar la aspiración, o conectar otra jeringa preparada con vacío para completar la aspiración.”. Para terminar el procedimiento se deberá “Inspeccionar el tejido para cerciorarse de haber extraído partes fetales y/o vellosidades coriales.”.
Este procedimiento es un “derecho ganado”, que no es otra cosa que extraer el “contenido” o “restos” de la cavidad uterina e inspeccionar las “partes fetales”. Cuanta poesía médica para describir un asesinato. Perdón, el ejercicio de un “derecho”.
Un número indeterminado de esos 4.500 niños no nacidos fue despedazado, descuartizado y desmembrado por una aspiradora gigante. Ese es el “derecho” es lo que parte de la derecha, ya no solo la izquierda, apoyó en la campaña. Pareciera que luego de la derrota ante el Tribunal Constitucional en 2017, los principios se relativizaron, las banderas se escondieron … y los pañuelos cambiaron de color. Las columnas de Peña calmaron conciencias: si de lo que se trata es de no tener aborto libre, pero con las 3 causales podemos vivir en paz.
¿Había otra posibilidad? Por supuesto que sí. Porque el sagrado respeto a la vida humana desde su concepción no depende de una Constitución, sea la vigente, una anterior o una posterior. Ante las máximas injusticias no cabe esperar a que el viento sea favorable, pudiendo eliminarlas. Por lo pronto, se pudo haber eliminado el aborto, tal como han reconocido algunos de los máximos dirigentes políticos de la derecha. Y eso no puede depender de un momento cultural favorable. Las leyes generan cultura. ¿O acaso los seis años recién pasados no demuestran una aceptación cada vez más mayor por el aborto? Si la decisión dependiera de “ese” momento, ni la Corte Suprema de Estados Unidos podría haber revertido Roe v. Wade, ni Milei haber ganado la presidencia argentina ni Verástegui candidatearse a dirigir México. O se pudo haber sostenido con firmeza: “La finalidad de esta norma es derogar el aborto, y aunque no lo haga directamente, debemos esperar a tener las mayorías parlamentarias y judiciales para lograrlo.”. Opciones había.
Pero no. La candidata estrella del partido que más se opuso a la Ley 21.030 declaró recientemente: “No estaría dispuesta a votar un proyecto de Constitución que pusiera en peligro el aborto en tres causales.”. Antes, ya había señalado algo similar en una carta reciente: “Nosotras, en cambio, vamos a respaldar [el texto constitucional] con la total tranquilidad de que no pondrá en riesgo esa ley”. El título de la carta “A favor, por todas” estaba incompleto. Debería haber dicho “A favor, por todas… Las abortadas, que se jodan”.
Esta derrota también se manifiesta en dejar de defender a la familia y asumir un discurso feminista de derecha, en el que se agruparían las normas sobre paridad y otras. Curiosamente, la que menos se mencionó fue la del art. 37.7: “(…) El Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad (…)”. Estuvo la puerta abierta para tener un discurso que presentara una solución integral, armónica entre la madre y su hijo no nacido, y en general, a cada familia chilena. Que sirviera de inicio para la dictación de leyes y políticas públicas que apoyaran y protegieran a las madres con embarazos vulnerables, que fomentara la natalidad para revertir las bajísimas tasas de otra crisis que enfrentar. Les incomoda tanto hablar de aborto como de maternidad. Mejor no tocar el tema.
Sea que se haya aprobado la nueva Constitución o se mantenga la vigente, la ley de aborto en tres causales tiene sus días contados. ¿Cuántos? No sabemos, pero algún día habrá justicia y perdón por cada uno de esos pequeños niños, y apoyo y ayuda a cada una de esas sufrientes madres. Esperamos que sea con el apoyo de una derecha que defiende sus principios siempre con la misma valentía, sea mayoría o minoría.
Mitos: ¿una Constitución “ONUnista”?
La gente está confundida. Ad portas de este plebiscito para votar la propuesta de Constitución, se ven figuras de la derecha -y muy a la derecha- que van por la opción En Contra, junto con el Gobierno y los comunistas. ¿Qué pasa? Uno de los motivos más relevantes esgrimidos desde la derecha En Contra -y que es una de las razones por las cuales la izquierda busca rechazar- es la norma del artículo 3 de la propuesta, en lo que respecta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Hay posturas para todos los gustos sobre este tema. Primero, hay quienes buscan introducir en nuestro ordenamiento jurídico cada vez más cláusulas tendientes a darle mayor protagonismo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los tratados, a los “estándares internacionales”, a las “recomendaciones” de organismos internacionales, pues, en efecto, esas medidas favorecen a la imposición de su agenda. Hay otros que ven con total ingenuidad (o indiferencia, tal vez) este tema, sin percatarse de que los derechos humanos han sido utilizados como herramienta política. Por último, hay quienes son conscientes de los problemas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y atacan todo lo que huela siquiera a “internacional”, con o sin fundamento suficiente. Pero además de las posturas en juego, aquí hay interpretaciones del texto, también dentro de la derecha, en ocasiones debido a teorías que no se condicen con la realidad o que no tienen fundamento en el texto de la propuesta de nueva Constitución.
“Fuera ONU” es una de las consignas de esa derecha En Contra. Con razón, denuncian la indebida intromisión de organismos internacionales en materias sobre las cuales el Estado de Chile es soberano. Y, sin embargo, no distinguen respecto del causante de esa intromisión, ni respecto del instrumento utilizado para ella. Cuando hablamos de “la ONU” normalmente nos referimos a la Asamblea General, de la cual Chile es parte, y cuyas observaciones generales normalmente no son problemáticas. Cuando miramos los tratados internacionales de derechos humanos, veremos que no presentan afirmaciones polémicas, ni mucho menos imposición de políticas públicas progresistas. Otra cosa es la famosa “Agenda 2030”, los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”: se trata de 17 objetivos genéricos establecidos por la Asamblea General (no es un tratado internacional), que en su texto mismo puede que no presenten mayores problemas (“Hambre cero”; “fin de la pobreza”; “educación de calidad”; etcétera), pero que en sus especificaciones acaba por darle carta de ciudadanía a la agenda progresista.
La Agenda 2030 no es la fuente de todos los problemas del mundo de los derechos humanos o de “la cuestión internacional”, y, de hecho, es posterior a muchos fallos de la Corte Interamericana en los que se impone una agenda progresista (pensemos en Atala Riffo versus Chile, del 2012, o Artavia Murillo versus Costa Rica, del mismo año). Como se ve, hay muchas distinciones que hacer.
Pero volvamos al debate constitucional: ¿Qué nos dice el artículo 3? En él se establecen ciertas reglas para interpretar y aplicar normas de derecho interno. Lo primero que destaca -y que no está explícitamente presente en la Constitución vigente- es una consagración del principio de supremacía constitucional. Si la Constitución es la “norma suprema del ordenamiento jurídico”, ningún instrumento (nacional ni internacional) puede valer contra texto expreso de la Constitución. Y para materializarlo con mayor claridad, el inciso segundo establece que las normas de derecho interno deben “interpretarse de forma compatible” con la Constitución, a diferencia de las “disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados”, las que sólo deben ser “consideradas”. Y, por último, señala que estas disposiciones que deben ser consideradas “se distinguen” del soft law, es decir, las recomendaciones y otros instrumentos de organismos internacionales, que “no tienen carácter jurídicamente vinculante”, como reconoce la propuesta.
La eventual nueva Ley Fundamental no establece políticas progresistas. En ella no se mencionan ni una sola vez los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ellos no se desprenden del sentido literal de ninguno de sus artículos. Además, no existe ningún antecedente en la historia fidedigna que permita sostener que se ha “cedido al globalismo” (más bien, la oposición de las izquierdas refundacionales nos muestra lo contrario).
Hay que reconocer, con todo, un punto a los que argumentan con las normas sobre medioambiente para votar En Contra: es verdad que en algunos artículos se habla de medioambiente -pero ojo: la Constitución de 1980 fue pionera en eso- e incluso de “cambio climático” y “educación ambiental”. Pero ¿es acaso el progresismo la única interpretación posible de estos conceptos? ¡De ninguna manera! ¿No es acaso evidente que algo está mal si el smog ya no nos deja ver el cielo en Santiago? ¿No es verdad que muchos chilenos han sufrido las consecuencias nefastas de una sobreexplotación ambiental que atenta incluso contra la salud? ¿No hemos creado tribunales ambientales y toda una legislación nueva en aras de un mejor cuidado de la naturaleza?
Y es que nada de eso es progresista… y, además, se trata de normas de carácter programático. Lo que de ningún modo se puede hacer es argumentar que a partir de esas normas programáticas se vulnerarán derechos fundamentales. Algunos incluso han sostenido, contra el más mínimo sentido común, que esas normas llevarían a abrirle la puerta al aborto libre. Un absoluto infundio.
Hay motivos legítimos para votar en contra, sin duda. Pero la campaña no puede fundarse en algo distinto del texto. El texto no es “globalista”, sino que establece de manera sana y equilibrada ciertas normas de protección de nuestra soberanía, mediante una clara afirmación de la supremacía constitucional, de la mera consideración de los tratados y del carácter no vinculante del soft law, además de una protección robusta de cada uno de los derechos fundamentales. Afortunadamente, la solución frente a estos mitos es fácil: el mejor argumento es el texto mismo. Como oyera Agustín, según lo que cuenta en sus Confesiones: “toma y lee”.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: qué dice la propuesta constitucional
Habiendo partido la campaña, comenzaron a desplegarse las fuerzas políticas por una u otra opción, a favor o en contra.Uno de los puntos más polémicos ha sido el de la postura de la propuesta respecto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos soft law. Este punto ha sido particularmente sensible para cierto sector de la derecha especialmente celoso (y con razón, probablemente) de la soberanía nacional. Hay quienes incluso han dicho que se dará fuerza al soft law para ser aplicado en la práctica como una norma jurídica más. Uno puede estar a favor o en contra, pero lo que está claro es que no tiene sentido discutir lejos del texto mismo, asumiendo, sin citarlo, que se trata de un texto globalista o nacionalista.
¿Qué nos dice el texto del artículo 3? En él se establecen ciertas reglas para interpretar y aplicar normas de derecho interno. Lo primero que destaca ―y que no está explícitamente presente en la Constitución vigente― es una consagración del principio de supremacía constitucional, al señalar que es “norma suprema del ordenamiento jurídico”, de modo que ninguna norma o instrumento (nacional ni internacional) puede valer contra texto expreso de la Constitución. Y para materializarlo con mayor claridad, el art. 3.2 establece que las normas de derecho interno deben “interpretarse de forma compatible” con la Constitución. Pero luego agrega, “y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos”.
El punto central es la palabra “considerar”, que no es lo mismo que “interpretar en forma compatible”. Esto significa que los tratados internacionales de derechos humanos (más aún, sólo algunas disposiciones de los mismos) no podrían aplicarse sino al modo de una mera consideración para interpretar, y en ningún caso en contra de la Constitución. “Las disposiciones” que deben considerarse son sólo las que mencionan derechos, de tal manera que la propuesta no se refiere al tratado como un “texto vivo”, sino a las disposiciones mismas, según su tenor literal. Chile se obligó internacionalmente a cumplir con lo expresado en la literalidad del tratado, y no a las interpretaciones que se hagan de él.
El soft law, aparece mencionado a continuación. La propuesta dispone que “se distinguirán las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos internacionales (…) que no tienen carácter jurídicamente vinculante». En otras palabras, siendo algo distinto de los tratados («se distinguirán”), es algo sobre lo que no existe un deber de “considerar”, y, en coherencia con esto, se reconoce que «no tienen carácter jurídicamente vinculante». Obviamente, es posible citar un texto de soft law? Un juez bien podría incluso citar “El Quijote”, si quisiera?, pero no en cuanto norma, por lo que no puede esgrimirse contra texto legal o constitucional expreso. Por eso no representa ningún problema plasmar una definición del soft law (*otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los Estados en su comprensión y aplicación”): no le da un valor interpretativo especial al soft law, sino que solamente explica qué son esos instrumentos. “Pueden asistir» al Estado, pero nada autoriza que con base en ellos se pueda interpretar un tratado (que se debe “considerar” solamente) para interpretar la ley contra su sentido mismo, ni mucho menos contra la Constitución.
Si tomamos en cuenta que la Corte Suprema ha considerado, con base en el silencio de la Ley Fundamental vigente, que los tratados —o incluso unos etéreos “estándares internacionales”_ son supraconstitucionales, entonces sin duda la propuesta constituye un avance en la protección de la soberanía nacional. El artículo 3 deja claro que los tratados solo pueden ser “considerados” para interpretar normas infraconstitucionales. Hoy se citan con total desparpajo instrumentos de soft law como si fuesen normas directamente aplicables; frente a eso, el artículo 3 propone que no se puedan considerar normas vinculantes —mucho menos si contradicen la Constitución—. Los organismos internacionales de derechos humanos perderían el protagonismo que indebidamente se les da.
Se puede estar a favor o en contra de evitar esta injerencia de organismos internacionales que no han sido electos democráticamente por los chilenos, lo que no se puede es construir teorías sin recurrir al sentido del artículo 3, manifestado en su tenor literal.
* Vicente Hargous Fuentes es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y asesor jurídico de la Corporación Comunidad y Justicia.
El pan crujiente del 18 de diciembre
Don Pedro Gómez prende el hervidor y se hace un tecito, mientras espera que se caliente el pan para su desayuno. Son las seis de la mañana, pero tendrá unos minutos de paz y tranquilidad antes de partir a trabajar. Toma las hojas para la clase a sus alumnos de quinto básico y las guarda en el maletín. Baja el volumen de las noticias matutinas y, aún adormilado, escucha palabras “proceso constitucional”, “votación”, “vencedor”.
Sonríe cansado. Escucha las estadísticas, análisis, declaraciones de políticos y un zumbido interminable sobre el mismo tema desde hace cuatro años. Las palabras del Presidente en la radio lo sacan de su ensimismamiento y frunce el ceño. A don Pedro le cuesta ocultar la rabia e impotencia contra estos cabros jóvenes que les sale tan fácil prometer y hablar, pero tan difícil cumplir y trabajar.
Se sienta con su taza de té y mira unos volantes que le entregaron unos chiquillos que hacían campaña para tener una nueva Constitución. Pero revisa de nuevo la copia que le entregaron en ese kiosco tan famoso y lee la parte sobre el derecho a la educación. Esa parte si le gustó. Bien detallada y clarita. Que no hubiera dudas. Y recuerda una frase: los padres son los primeros y fundamentales educadores. Ojalá fuera cierto. Ojalá recibiéramos más apoyo, piensa. Es difícil educar. Él, como profesor, lo sabe bien.
Recuerda sus conversaciones con otros colegas. Que el paro, que no hay plata, que las tonteras cochinas que manda el Ministerio, que el papeleo, que las tomas. Todos están de acuerdo que este papelito que se llama Constitución no va a resolver nada de eso, pero al menos, les va a echar una manito. Si descubre que a su hijo menor de tercero básico le están metiendo de nuevo el cuento de la educación sexual integral o tonteras semejantes, le mete un recurso de protección para que respeten su decisión de cómo cree que es mejor educar a sus hijos. Qué se creen que le van a andar diciendo a él, con sus 48 años, cómo tiene que educar a sus hijos y que si no le gusta, que se aguante. Sí, esa parte de la educación le gustó.
Mastica el pan. No está tan crujiente. Lo mira con tristeza y recuerda las peleas que ha tenido por culpa del bendito tema constitucional. Él y su hermana mayor, más de derecha, votaron Rechazo la vez pasada, su hermano menor, cercano a la izquierda, votó Apruebo. Comidas familiares arruinadas por el temita. Ahora tampoco pudieron ponerse de acuerdo. Sus hermanos iban por el En Contra, pero por razones diferentes, y él fue el único que votó A Favor. Don Pedro ya está cansado de pelear. Quiere volver a sentarse con ellos, aclarar algunas cosas, pedir perdón por otras y tomarse una cerveza helada en un diciembre cada vez más caluroso. Les manda un WhatsApp para que se junten antes de Navidad. Si al final, hay que cuidar a la familia, a los amigos. Piensa que quizás no sea el único. A lo mejor también ha pasado en otros lados.
Toma el plato y la taza para lavarlos. Ojalá las divisiones y peleas se limpiaran tan fácilmente como el agua que corre por sus manos. Don Pedro cree que hay que preocuparse de cada persona y de la sociedad. Eso haría un buen político. Alguna vez escuchó que eso se trataba del bien común. Mientras seca, murmulla: “Si, al final, pasara lo que pasara en el plebiscito, igual hay que arreglar las cosas”. Tiene esperanza de que hay otros que piensan lo mismo.
Se pone su chaqueta, toma la lista de regalos que le quiere comprar a su señora y a sus hijos. Sonríe cuando ve la foto. Antes de cerrar la puerta, mira a una esquina y ve el pesebre. La cuna del Niño Jesús está vacía, pero su madre siempre está atenta. Don Pedro tiene fe en la Patroncita que se preocupa de su familia y de Chile.
Mitos: ¿una Constitución para expulsar niños de su colegio?
Hay motivos totalmente justificados para votar A Favor o En Contra. Es comprensible que alguien considere que la Constitución vigente es mejor que la propuesta por alguna razón (es comprensible, aunque haya un punto ciego, pues votar En Contra probablemente signifique una reforma futura en el Congreso, y no conservar lo que existe hoy).
Es comprensible también que ciertas medidas incorporadas en la propuesta incomoden a las izquierdas extremas: reconocer con fuerza que los padres son quienes saben qué es lo mejor para sus hijos; que se asegure el respeto por el ideario y la identidad de cada proyecto educativo; que se asegure libertad curricular a los establecimientos educacionales, para que no sea el Estado todopoderoso quien nos diga qué y cómo enseñar. La propuesta incluye todo lo contrario de lo que se ha reclamado por esas izquierdas desde hace años. Y sin embargo, su estrategia de campaña no ha consistido en mostrar el texto -pues ya se vio que su modelo de sociedad fue rechazado el 4 de septiembre-, sino en construir una serie de mitos. Y eso es totalmente incomprensible: jugar sucio. Levantar un conjunto de infundios que no tienen mayor asidero textual en la propuesta, mentiras que descaradamente han defendido tirando la pelota al córner: “No son fake news, son interpretaciones”, señaló Gabriel Osorio, vocero del comando En Contra.
Quizás el más llamativo de todos los mitos ha sido el de unos presuntos alcances que tendría la objeción de conciencia. Según se ha señalado en diversos medios de campaña de la opción En Contra, la propuesta establecería que un niño pueda ser expulsado de su establecimiento educacional por tener padres divorciados y otros motivos semejantes. ¿En qué se basan para decir eso? Quizás en la mera fórmula que reconoce la objeción de conciencia; quizás en el reconocimiento y protección del ideario educativo y de la libertad de enseñanza… Nada se dice en la propuesta que permita seriamente sostener que el cambio de estado civil de los padres faculte a un colegio a expulsar a un alumno. Es más, hoy en día el artículo 11 de la Ley General de Educación establece precisamente lo contrario para los colegios que reciben aporte estatal (y en conformidad con la disposición transitoria segunda debe entenderse que dicha ley seguirá en vigor), y la propuesta misma también contradice ese espíritu al garantizar la continuidad del servicio educativo, la educación como un derecho y la libertad de enseñanza como algo ordenado a los padres.
Entonces, ¿de qué estamos hablando con estas normas tan temidas por la izquierda radical? Simplemente, de libertad de enseñanza. Hablamos de una autonomía del establecimiento que se ordena a garantizar a los padres su derecho a que sus hijos reciban educación en conformidad con sus propias convicciones. Hablamos de un Estado que está para servir dicho derecho de los padres, y no para imponer ideologías en el aula. Hablamos, en fin, de verdadera educación, entendida no como uniformidad en la transmisión de cierta información, sino como un proceso en el cual los padres -con la ayuda de un establecimiento o sin ella- pueden y deben conducir a sus hijos a su propia plenitud.
¿La integridad e identidad de un proyecto educativo autoriza a vulnerar derechos de terceros? ¿La objeción de conciencia autoriza a afectar los derechos de los niños? ¡Por supuesto que no! Es simplemente una falsedad, y sorprende que no haya sido ya denunciada con la fuerza correspondiente por parte del comando A Favor, dada su relevancia.
Hay motivos legítimos para votar en contra, sin duda. Pero la campaña no puede fundarse en algo distinto del texto. Y no es decente señalar -como hizo cierto vocero de Chile En Contra- que “son interpretaciones” del texto, siendo que se trata de afirmaciones directamente contradictorias con un texto expreso de la propuesta. El texto asegura la continuidad del servicio educativo, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza como algo que existe para asegurar su derecho a los padres. Nada de eso se condice con la supuesta hipótesis según la cual se podría expulsar a un niño porque sus padres se separen. Es simplemente una burda mentira, y cualquiera que lea el texto se da cuenta de que no se sigue de ahí la expulsión de un niño de su colegio. Afortunadamente, la solución frente a estos mitos es fácil: el mejor argumento es el texto mismo. Como oyera Agustín, según lo que cuenta en sus Confesiones: “toma y lee”.
