Hasta que respetar la Constitución se haga costumbre
El derecho, expresado en normas reglamentarias, legales y constitucionales, intenta ordenar las relaciones humanas y, a través de ellas, a la sociedad. Pero la vida de una norma es difícil. Su vida puede ser corta, si desaparece aquello que regula; triste, si no cumple su propósito; insuficiente y carente de sentido, si no es cumplida.
Reconociendo los elementos positivos de la Constitución vigente, luego de 40 años de ejercicio, es posible constatar que las normas referidas a la defensa y promoción de los bienes humanos esenciales no son suficientes. Por supuesto no se trata de una crítica a la Carta Fundamental, pero sí a quienes, por acción u omisión, mediante la ley, la sentencia o la resolución la han desfondado.
Sin duda, durante ese periodo rectos parlamentarios redactaron y aprobaron buenas leyes, jueces imparciales dictaron justas sentencias y sabias autoridades gobernaron para el bien común. Pero llegaron parlamentarios, jueces y autoridades que legislan, fallan y gobiernan anteponiendo el interés particular sobre el bien común y la ideología a la razón. El progresismo ha sido la principal ideología que, usufructuando del Estado, ha minado la esencia de las relaciones entre los integrantes de la familia. Su arma: el individualismo autonomista.
La Constitución vigente ordena proteger al no nacido, pero el Tribunal Constitucional en 2017 consideró que lo cumplía al autorizar su muerte en tres casos. Reconoce el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, pero el Ministerio de Educación se ha encargado por años de aumentar su rabia e impotencia con la implantación de la ideología de género de forma cada vez más descarada. Garantiza a las confesiones religiosas la construcción de lugares de culto, pero el Estado ha brillado por su ausencia en la protección de más de 100 iglesias vandalizadas o incendiadas desde 2014. Establece el procedimiento legislativo para la aprobación de tratados internacionales, pero tribunales de todo tipo valoran más las interpretaciones “oficiales” de los organismos internacionales de vigilancia de los tratados, aun cuando contradigan el tratado o el derecho interno. Incumplir la Constitución se hizo costumbre.
Respecto a los bienes humanos esenciales, el proyecto de Constitución consagra con más detalle su contenido, establece garantías actualmente inexistentes y entrega mandatos explícitos al Estado para fortalecerlos. ¿Se incumplirá? Por supuesto que sí. Tal como ha ocurrido con la Constitución actual. Pero hay dos diferencias importantes. La primera es que parlamentarios, jueces y autoridades tendrán que ponerse muy rojos para saltarse una Constitución que reconoce a los padres la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos, que consagra la objeción de conciencia y que no deja duda sobre la personalidad del niño no nacido. La segunda es que la defensa de los derechos que resguardan bienes esenciales también queda en manos de los ciudadanos: el recurso de protección, la iniciativa ciudadana de ley y la acción popular ante el Tribunal Constitucional.
La crisis del sistema político no se explica solo por la atomización partidista que obstruye el (buen) acuerdismo, propio de una democracia y necesario para el desarrollo del país, sino también por la crisis personal de los políticos, que es diferente, al abandonar la promoción y defensa de aquellos bienes sin los cuales ninguna sociedad existe. Si no cumplieron ese deber mínimo, ni se avizora que vayan a hacerlo, el proyecto de Constitución, en fondo y forma, entrega herramientas para aquellos que sí quieran hacerlo. Para que respetar la Constitución se haga costumbre.
Roberto Astaburuaga Briseño
Abogado de Comunidad y Justicia.
Cuadernos Junaeb
SEÑOR DIRECTOR:
La Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Educación y a Junaeb instruir procesos disciplinarios, debido a que no observaron el principio de estricta sujeción a la bases de licitación, en el caso de los cuadernos de Junaeb que debían referirse al plan contra la obesidad. No obstante, incluyeron conceptos sobre “educación no sexista” y el acrónimo “LGBTQIA+”. El diseño provino, según el dictamen, del gabinete de la mencionada Subsecretaría. Esto es grave: muestra no sólo una falta de probidad, sino además una imposición ideológica a los niños.
Javier Mena
Gustavo Baehr
Comunidad y Justicia
Los ministros de Boric frente al plebiscito
Si bien el Presidente no ha pisado el palito sobre revelar su postura para el plebiscito del 17 de diciembre, ya en la recta final del segundo proceso, y con las observaciones dejando varios temas resueltos y cerrados, la presión aparecerá cada vez más seguido. La izquierda va por el Rechazo. Boric va por el Rechazo, aunque esta vez se esfuerce por mantener la neutralidad. Pero ¿y sus ministros?
¿La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se podrá morder la lengua cuando le pregunten por la norma sobre “quien” está por nacer, por la definición de niño o por qué el texto no ocupa un lenguaje inclusivo?
¿El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sabrá cumplir las normas en educación que obligan al Estado a “garantizar la continuidad del servicio educativo” (literal e) del art. 16.24)? ¿Cuál será su reacción cuando las autoridades de las instituciones educacionales adopten “las medidas necesarias para prevenir o sancionar actos que afecten gravemente el orden o la convivencia”? ¿Estará dispuesto a seguir con la ideologización de los niños, continuando la línea del ex ministro Ávila, cuando los padres contarán con el recurso de protección para hacer primar el derecho preferente de educar a sus hijos y determinar qué es lo mejor para ellos?
¿La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, seguirá sonriendo con su Comisión contra la Desinformación, cuando deba cumplir una Constitución que le prohíbe al Estado “establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales” como también “sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios?” (literal a) del art. 16.14)?
¿Cómo cumplirá la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el mandato constitucional de expulsar a los extranjeros en el menor tiempo posible y hacerse cargo de las estrictas normas que obligan al Estado a velar por la seguridad de la población?
Y lo mismo ocurre con Grau (Economía), Cordero (Justicia), Jara (Trabajo y Previsión Social), etc. Este Gobierno, similar al de un consejo de curso de 1º medio por su inmadurez, desorden y voluntarismo, ha sido incapaz de mantener la disciplina interna de sus dos coaliciones. ¿Lucharán esta vez por el Rechazo con la misma energía con la que promovieron el Apruebo la vez pasada? ¿Volverán a sacar el comodín del 11-S, en clave plebiscito 1988, para decir que No? ¿El Partido Socialista seguirá escuchando los cantos de sirena del Partido Comunista haciéndose cómplice de un tercer proceso constitucional con Asamblea Constituyente, al igual que lo fue la Convención? ¿Será capaz la izquierda de repetir la épica de la derecha de la vez pasada?
Boric no dirá jamás que va por el En Contra. Pero está solo. Sus ministros no le obedecen. La imprudencia les traiciona, la rabia de dos derrotas dolorosas seguidas los ciega y la indecisión ante el mal menor los paraliza. Esta vez sí tendrán que quedarse callados.
Mantengan el quien
El derecho a la vida de quien está por nacer se menciona una y otra vez como una de las materias abordadas en las negociaciones por los partidos políticos que expertos y consejeros deberán modificar. La salida: volver a la redacción actual. Pero la derecha no puede ceder.
Los consejeros han aprobado normas que constituyen avances considerando nuestra tradición constitucional e innovando según las circunstancias actuales. En materia de seguridad y probidad esto se ha reflejado en normas nuevas, principios o capítulos completos (Defensa Nacional, Seguridad Pública, etc.). Un capítulo solo para proteger el medioambiente y deberes para las personas y el Estado de promover la protección, bienestar y respeto de los animales. Y así con varios temas que son banderas de la derecha o banderas de la izquierda adaptadas. Y los retrocesos respecto a las pretensiones originales han sido mínimos.
Pero en lo que se refiere a quien está por nacer pasa exactamente lo opuesto: los avances han sido mínimos y los retrocesos fueron máximos. Dos de las tres enmiendas presentadas por la derecha proponían subir la protección normativa de lo legal a lo constitucional: descartado por la enmienda de unidad de propósitos. Las tres enmiendas buscaban individualizar de mejor manera al no nacido: desechado por la opción que les pareció menos ruidosa. En el Pleno no se aprobaron dos innovaciones al artículo 1: que todo ser humano es persona y que las personas son -y no nacen- libres e iguales en dignidad y derechos. El contenido de la Iniciativa Popular de Norma, que juntó más de 15 mil apoyos, no fue considerado en la norma finalmente aprobada. Incluso, en un gesto de tranquilizar las críticas del oficialismo, se indicó que se retiraría la enmienda más protectora. Y, por último, el anuncio de que, salvo la libertad de elección en los derechos sociales, todas las materias están sujetas a acuerdos y negociación. Suma y sigue.
Ya no se puede retroceder más sin que eso signifique mantener el statu quo. El único cambio que se logró debe mantenerse, sea que no se apruebe una observación que busque mantener lo que tenemos hoy o que esa observación sea rechazada por los 33 consejeros. Cada uno podrá tener distintas razones para sostener esta postura, pero el sector que ha defendido al más vulnerable de todos no puede tambalear por considerar que especificar la personalidad del no nacido, cuestión que es acorde con sus principios, sería un retroceso.
La salida no puede ser “despejar lo valórico”. Hay que hacerse cargo de “lo valórico”. Defenderlo y promoverlo. A pesar de los retrocesos, se logró un avance. El Consejo debe defenderlo. Tal como lo hizo en la Convención cuando se aprobó el derecho al aborto libre. Porque los principios se defienden, siempre y en todo lugar, con la misma fuerza, seas mayoría para avanzar o minoría para resistir.
La derecha tiene una oportunidad única de decir que hay alguien en el vientre materno, que tiene dignidad y que tiene derechos. Una norma que, además, conversa con el apoyo y acompañamiento a las madres, especialmente a las que tienen embarazos vulnerables, abordando el asunto de forma integral y armónica. Por el bien de ambos.
No retrocedan. Mantengan el quien.
¿Quién fue Maritza Alejandra?
Finalmente, el Consejo Constitucional despachó su proyecto de eventual nueva Constitución. Mientras tanto, los chilenos viven con normalidad los vaivenes cotidianos, con sus propias dificultades, historias y dramas existenciales… Realidades que, cuando se ven en carne y hueso, en ocasiones deshacen las piruetas mentales de “los intelectuales” y “los políticos”. Una de ellas es la de Maritza Alejandra.
Esta es una historia real, de hace pocas semanas. Una mujer vulnerable, esperaba con mucho amor el nacimiento de una hija, que tenía poco más de 24 semanas de vida. El embarazo se complicó. Una columna no es el lugar adecuado para imputar ninguna conducta antijurídica, pero presuntamente los problemas habrían comenzado porque el innecesario y mal uso de un espéculo le habría roto la bolsa. El asunto es que supuestamente le recomendaron abortar. Incluso, la madre y sus familiares sostienen que fue presionada para abortar. Frente a toda la presión que habrían ejercido, ella acabó por firmar el documento necesario para la interrupción “voluntaria” del embarazo. Se tuvo que tomar ella misma las pastillas. Pero la guagua no murió: nació y vivió. La bautizaron y le pusieron por nombre Maritza Alejandra, para que lleve los nombres de sus dos abuelas. Su mamá, Fernanda, la sostuvo en sus brazos, sentir su manito apretándole el dedo. Pidió una incubadora, y no se la dieron. Le pidieron en el momento que firme un documento para “quemar los restos”. Después de esta tragedia, ella quiso cortarse las venas. Su papá, desde la cárcel, sufría por la impotencia de no haber podido hacer nada para que a su hija le den una incubadora y los cuidados que merecía por el solo hecho de ser una persona.
En fin, más allá de los detalles de un testimonio desgarrador, hechos como este llaman -¡gritan!- a una reflexión sincera sobre una de las normas más polémicas del texto de la propuesta de nueva Constitución despachada por el Consejo.
“La ley protege la vida de quien está por nacer”. Tanta polémica por esa oración. Que si deroga el aborto, que si es un “retroceso” en los “derechos” de la mujer… ¿Ese es el retroceso? ¿Cuál es la realidad del aborto? La verdadera, no el cuento del empoderamiento y liberación que nos quieren vender con pañuelos verdes y morados y silencios cómplices. ¿Libertad? Se trata de un drama terrible: ¡Vayan a decirle en la cara a Fernanda que ejerció con dignidad su derecho a matar a su guagua por una “conquista civilizatoria”!
Pero incluso si vamos a algo más básico que el debate del aborto (y ojo que no estamos hablando de la responsabilidad criminal en casos difíciles), miremos solamente la cuestión previa: Maritza Alejandra no fue un mero “fetito” -como decía el personal sanitario, según Fernanda-, ni tampoco fue un montón de “restos”, ni un “desecho biológico” digno solamente de ser incinerado. Ella fue un ser humano, pero no sólo eso, porque ninguna persona es un simple miembro de una especie biológica, sino que fue radicalmente un individuo singularísimo, irrepetible, una niñita con un rostro que nadie más volverá a tener. Se llamaba Maritza Alejandra: tuvo nombre. Fue alguien, fue un “quien”, una persona.
Se rumorea que ciertos expertos y líderes de partidos políticos quieren, entre cuatro paredes, decir que no. Quieren sacar esa norma, porque es políticamente incorrecto sostener que los seres humanos no nacidos son personas, porque quieren que el texto de la nueva Constitución se apruebe, porque quieren darle en el gusto a la izquierda caviar, o lo que sea… Todas las excusas que quieran, pero, en definitiva, si los expertos proponen cambiar el texto en este punto, nos estarían diciendo que Maritza Alejandra no merecía ser reconocida como un “quien”.
Expertos, consejeros y dos borradores
El proceso constitucional avanza un paso y cierra una etapa con las votaciones en las comisiones y con ello el texto queda en gran parte definido. En septiembre se desarrollarán las discusiones y votaciones en el Pleno de lo aprobado en las comisiones, así como de las enmiendas rechazadas y que se renueven. Así, las diferencias entre el anteproyecto aprobado por los expertos y el proyecto aprobado por los consejeros serán sometidos a escrutinio.
Por supuesto, cierto sector insistirá en el innegable valor del trabajo de los expertos, únicamente por ser un texto acordado “desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista”, y acusará a los consejeros de derecha de querer instalar un programa de Gobierno forzando la analogía con lo ocurrido con la Convención. Nada más falso que ese intento de empate.
Si la virtud del texto de la Comisión Experta es que fue acordado por el empate político de su composición, lo mismo puede decirse del texto del Consejo Constitucional. Que lo hubieran mantenido intacto, como la izquierda propuso la semana pasada en un último intento de presionar la aceptación sin matices de sus ideas, sería negarle todo valor a la elección de los consejeros, elección que, irónicamente, la izquierda defendió a ultranza en el diseño del proceso constitucional.
¿Este segundo borrador es mejor que el de los expertos? Sin ser perfecto, queda claro que se hace cargo de ciertas omisiones y errores, pero especialmente es un texto que refleja la identidad chilena, respeta su tradición constitucional y propone avances que buscan el bien común.
Así, destaca el reforzamiento y propuesta de soluciones a problemas que son esenciales para el ciudadano de a pie. Problemas actuales, pero que se arrastran hace muchos años. Por supuesto, la Constitución no resuelve ni nunca lo hará las principales injusticias, porque la tinta seca en un papel no tiene consecuencias mágicas en la realidad. Existen elementos que pueden despertar la adhesión ciudadana, precisamente por haber sido excluidos del texto de la Convención, como lo son la inclusión de un capítulo sobre seguridad, el fortalecimiento del principio de probidad en la función pública y los ajuste al sistema político. Otras razones se encuentran en la inclusión del deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y determinar su interés superior, la protección de la vida de quien está por nacer y el apoyo a las madres con embarazos vulnerables y la protección actualizada de la libertad religiosa. Finalmente, considerando el contexto en que el Gobierno ha buscado celebrar los 50 años imponiendo su visión y la creación de la Comisión contra la Desinformación, el borrador ofrece garantías para evitar la imposición de una sola versión por parte del Estado, como se propone en el artículo sobre la libertad de expresión. Sin embargo, nada está escrito sobre piedra. Falta que el Pleno ratifique lo votado en las comisiones y las eventuales observaciones de los expertos. Aún hay camino por recorrer.
Si bien queda cada vez menos tiempo para el plebiscito, el oficialismo deberá analizar su estrategia de sabotear soterradamente el proceso en el que pusieron su firma y apostar a ingresar el texto de los expertos mediante reformas en el Congreso, lo que sería, en la práctica, un tercer proceso constitucional encubierto. Dicha estrategia involucra al Gobierno directamente y las grietas de la coalición que surgieron con la decisión de no ir unidos en un solo pacto en la elección de consejeros, pueden profundizarse si es que el Socialismo Democrático completo decide separarse de sus socios. Salvo que, sin posibilidad de comenzar un tercer proceso, vía reformas o reemplazo, y con una ciudadanía desesperada y angustiada por atender lo urgente, decidan llamar a ratificar, por segunda vez, la Constitución que tanto defenestraron y propiciar la tercera derrota electoral a su Gobierno. La situación en la que se encuentran sería tristemente irónica, si no fuera por el costo multidimensional que ha tenido para todos los chilenos.
«Moralina» frenteamplista, superioridad moral y moral objetiva
El llamado “caso convenios” destapó una fuerte crisis para el Gobierno, Revolución Democrática y el Frente Amplio en general. Una crisis que impactó sobre todo por la incoherencia entre la prédica moral savonarolesca con la que entraron en el escenario político y la práctica corrupta de sus miembros una vez que llegaron al poder. La nueva izquierda en Chile creció capitalizando la praxis de apuntar acusatoriamente a todo el mundo, a izquierda y derecha… pero a la hora de los quíhubo ni siquiera fueron capaces de reconocer sus errores, con la salida de Jackson por la puerta de atrás. Es comprensible que el escándalo haya sido mayúsculo y que genere una rabia no menor en la población. La moralina con la que se erigieron sobre el pedestal de ser superiores, de ser los puros, chocó fuertemente con la realidad de la inmoralidad más baja, llegando a extremos tan burdos que parecen difíciles de creer.
Pues bien, el debate constitucional ha puesto sobre la mesa este concepto: la moral.
La moral siempre se ha incluido entre los límites al ejercicio de varios derechos fundamentales. “Que no sea contrario a la moral, las buenas costumbres o el orden público”, es una de las fórmulas clásicas de nuestra tradición constitucional. Y sin embargo, precisamente es la izquierda académico-frenteamplista la que ha abogado por eliminar este requisito. “¿De qué moral están hablando?”, nos dicen. Asumen un relativismo moral discursivo, contradictorio con la moralina que predicaban siendo oposición, que a su vez es incoherente su praxis objetivamente inmoral.
Desde que se abrió la caja de pandora de corrupción del gobierno, voces de diversos sectores políticos han hablado de un “peligro de moralizar”. Alguno podría pensar que, en ese sentido, sería mejor no hablar de “la moral” en la Constitución ¡cuando lo que falta aquí es precisamente hablar de moral! No es el exceso de moralidad lo que había en el Frente Amplio, sino inmoralidad, manifestada en la soberbia discursiva de autoconsiderarse puros, en la total ausencia de probidad de su praxis y, en el debate dentro del Consejo Constitucional, en querer eliminar el reconocimiento público de la moral como límite al ejercicio de los derechos.
Querer alcanzar un estándar ético decente mediante la eliminación de todo estándar ético es tan absurdo como querer ahorrar sin saber cuánto se gana y cuánto se gasta, o incluso mediante el despilfarro; o querer adelgazar sin criterios claros de qué comer y qué no comer. La moral nos permite saber cómo ser buenas personas, nos muestra que es mejor empeñarse de manera firme y perseverante por el bien común y que eso redunda en una mejor comunidad política.
Frente a esta clase de argumentos saltan los relativistas en sus distintos pelajes, con todo tipo de argumentos, pero en los hechos nadie se atreve a negar que los escándalos de corrupción son objetivamente algo que está mal, algo feo (ya Platón mostraba en su diálogo Gorgias que eso nos dice algo de si la acción es justa o no). Así como tampoco lo negarían respecto de ningún genocidio, o de las atrocidades cometidas por la DINA durante el gobierno militar. Y eso es justamente porque existe un estándar objetivo, un baremo de medición, un criterio que nos permite saber si una acción es en sí misma buena o mala, con independencia de que esté permitida por ley. De hecho, algunos de los trapos sucios que han salido -como diversas contrataciones de figuras de la Convención para diversos Ministerios- no son ilegales, pero de que son feos, son feos.
A veces nos quedamos con las disquisiciones y peleas menores sobre dilemas éticos difíciles, en la dificultad para saber qué está bien o mal en uno u otro caso, y eso nos hace olvidar la cantidad inmensa de acciones que sabemos que son corruptas, feas, injustas o, en definitiva, malas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, al igual que muchos preámbulos de tratados internacionales, reconocen “la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. El difícil derecho natural es lo que está detrás de todo esto, y es precisamente lo que falta en nuestra política y en nuestro derecho: reconocer que hay, como Sófocles pone en boca de Antígona, “unas leyes no escritas e inquebrantables de los dioses, que no son de hoy ni de ayer, sino de siempre”. Hay una moral objetiva (aunque pueda ser difícil de conocer en ciertos casos), la moral, y es importante que sea reconocida jurídicamente.
Los relativistas quieren imponer en el debate constitucional la amoralidad pública, cuando lo que necesitamos es moralidad pública. El problema del Frente Amplio no fue su superioridad moral, sino su bajeza moral. Lo peligroso no es la moral, sino la inmoralidad… Y esta es razón suficiente para reconocer constitucionalmente la moral como límite al ejercicio de ciertos derechos.
¿Qué hacemos con los tratados internacionales?
Poco se dice sobre lo que ha pasado en los pasillos del Consejo Constitucional una vez que se presentaron las enmiendas: es la política de partidos en su expresión más propia: el debate y la negociación. Hay muchos puntos relevantes, por todos conocidos, como derechos sociales en la izquierda o la propiedad de los fondos previsionales en la derecha. Pero hay un punto menos sexy para los medios y la opinión pública que, sin embargo, tiene enormes repercusiones. Un tema que llegó a ser una línea roja para cada bancada. Cada una de las bancadas de la derecha propuso algo diferente… y todas ellas plantearon soluciones distintas de la de la izquierda.
Ese tema tan espinoso es el de los tratados internacionales de derechos humanos.
Se dice que el Partido Republicano pretende con sus enmiendas quitar toda importancia a los derechos humanos. En realidad, proponen que los tratados deberán interpretarse siempre en conformidad con la Constitución y que el llamado soft law -que no es vinculante para Chile- no pueda usarse por tribunales domésticos. La UDI, por su parte, presentó enmiendas que parecen ser completamente eclécticas en ciertos puntos: supremacía constitucional y rango constitucional de los tratados, por ejemplo… ¿cómo compatibilizar las dos cosas? ¿qué hacer en caso de conflicto entre la Constitución y los tratados? RN, en cambio, presentó una norma de interpretación que tampoco está exenta de problemas: propone que el derecho interno debe interpretarse de forma compatible con la Constitución y con los tratados internacionales… ¿qué hacer en caso de conflicto? ¿acaso el “derecho interno” incluiría la Constitución? No parece ser algo del todo claro.
Llegó la hora de negociar. Existe un temor por parte de ciertos sectores de la derecha. Ese temor es demasiado fuerte incluso entre quienes conocen la absoluta politización de los organismos internacionales de derechos humanos y el abuso que se hace de ellos por parte de burócratas progresistas. Es un complejo de inferioridad, por obvias razones: el tema de los derechos humanos por sí mismo trae a la memoria de la derecha ciertos fantasmas, que los 50 años del golpe invocan con frecuencia en los medios de comunicación. Pero si vamos a los hechos, es decir, a la lista de Estados que hoy en día plantean la infraconstitucionalidad de los tratados internacionales por diversas vías (o, incluso, el dualismo), veremos que se trata de Estados del todo respetuosos del orden internacional.
En efecto, muchos países asumen la perspectiva dualista, según la cual el derecho internacional sería un orden jurídico absolutamente separado del derecho interno (algo mucho más fuerte que establecer la infraconstitucionalidad de los tratados). Una gran cantidad de países del common law, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, son abiertamente dualistas (es decir, los tribunales internos no aplican de manera directa los tratados internacionales como una norma). En muchos de ellos es necesario que el Estado promulgue leyes que sirvan para dar cumplimiento al tratado, pero este en ningún caso se entiende directamente aplicable domésticamente. Lo mismo podemos afirmar de otros países como Finlandia, Hungría (que incluso asume el dualismo a nivel constitucional) y Suecia. En Italia la Corte Constitucional ha interpretado la Constitución señalando que los tratados son supralegales pero infraconstitucionales. En otros países, como en España, solamente se permite la aprobación de tratados que no sean contrarios a la Constitución (en otras palabras, se exige modificar la norma constitucional para que un tratado internacional contrario a la Constitución pueda entrar en vigencia). Hay además Estados en los que se dice que prima el derecho internacional por sobre el derecho interno, pero en realidad no prima sobre la Constitución, como Alemania, Francia, Grecia y Holanda. Todos estos son países respetables, serios, que sin duda no podrían ser tildados de extremistas por nadie (al menos, no por quienes temen en Chile ser tildados así).
Veamos ahora ejemplos de países en los que se establece claramente que la primacía la tiene el derecho internacional, aunque sin mayor claridad con respecto a la Constitución: Bolivia, Guatemala y Perú. Por último, veamos un ejemplo de un Estado que le dé primacía a los tratados internacionales: Venezuela.
Si vemos las cosas tomando cierta distancia veremos que este debate no es técnico, sino político. Es una opción política que el Estado de Chile es absolutamente libre de determinar como quiera en el Consejo Constitucional. “La elección del modelo corresponde a los propios Estados”, como señaló la Comisión de Venecia. Establecer un rango más alto no es garantía de respeto de los derechos humanos y, por otra parte, establecer un rango infraconstitucional o, incluso, un reconocimiento del sistema dualista, podría ser deseable. Es una excelente oportunidad para velar por los intereses de Chile: no la dejemos pasar.
5 años y más de 4.000 abortos
Entre septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2023, se han realizado 4.073 abortos. El Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, a través de actualizaciones cada tres meses, desde el 2018 hasta marzo de 2023 ha contabilizado un número total de 4.038 “casos constituidos”, o más bien, 4.038 niños asesinados antes de nacer (1.230 en la causal 1, 1.985 en la causal 2 y 823 en la causal 3); debiendo sumar los 35 abortos realizados entre septiembre y diciembre de 2017 (la ley fue promulgada el 14 de septiembre de ese año). Es decir, un promedio de 2 abortos diarios, considerando los 5 años y medio de vigencia de la ley.
Otro dato del registro del Minsal es el promedio de la edad gestacional, que varía mínimamente entre las causales 1 (riesgo de vida para la madre) y 2 (malformación fetal). Para el primer caso, el promedio es de 19 semanas, mientras que en la segunda causal es de 20. Ya un niño en el vientre de su madre a las 15 semanas de gestación tiene un corazón que late y un sistema nervioso central (6 semanas), ya se succiona el pulgar (4 semanas), bosteza y tiene uñas y dedos (10 semanas), sensibilidad en casi todo el cuerpo, salvo espalda y parte posterior de la cabeza (12 semanas) y a partir de las 16 semanas la madre comienza a detectar los movimientos generales del feto. Todas estas son manifestaciones fruto de un desarrollo intrínseco que demuestran que es una persona. No se trata de un montón de células, sino de un ser humano que oye, ve, respira y cuyo corazón late hace mucho tiempo.
Pero las cifras chilenas son una minucia comparada con la carnicería de Bernard Nathanson, el famoso “Rey del Aborto”, posteriormente converso y líder provida. Él mismo se declaró responsable de 75.000 abortos, entre ellos, uno de sus hijos. Pero el activismo de Nathanson no fue solo en la medicina, sino también en el campo de las leyes. En 1967, junto con Lawrence Leitner -autor de un libro que exigía el aborto a solicitud de los pacientes y atacando leyes- y tres personas más, fundaron a Asociación Nacional para el Repudio de las Leyes Antiaborto, un grupo de acción política que comenzó a cosechar éxitos rápidamente. En 1969 lograron la derogación de la ley que prohibía el aborto en el estado de Nueva York, que regía desde 1829, y, como un efecto dominó, le siguió la derogación de un sinnúmero de leyes. El broche de oro fue la sentencia de Roe vs. Wade, en 1973, dictada sólo cuatro años después del inicio de su activismo, pero fueron necesarios 50 años para revertirla en Dobbs vs. Jackson. Nathanson se bautizó el 9 de diciembre de 1996 y murió el 21 de febrero de 2011. Sin embargo, a fines de la década de los ochenta, luego de ver la realización de un aborto gracias a una máquina de ultrasonido, cambió radicalmente su posición y desarrolló la teoría del vector de la vida reconociendo la existencia de la vida humana desde la concepción.
Nathanson, mejor que nadie, tenía muy claro el significado del aborto. En 1992, a través de una carta pública, señaló que se debía “finalizar para siempre este infinitamente triste y vergonzoso crimen contra la humanidad”.
Volviendo al plano nacional, el intercambio de cartas en El Mercurio entre los profesores Corral y García se ha centrado en el significado de la palabra protección respecto al no nacido, pero es evidente que omitir, mantener o reforzar dicho reconocimiento o protección no ha sido suficiente. Hay que dar un paso, valiente sin duda, pero es necesario acabar con esta injusticia gravísima y ofrecer a las madres verdaderas alternativas. 4.073 niños no las pudieron conocer… y no queremos llegar ni superar los 75.000 de Nathanson.
La ley del aborto
Señor Director:
Para evitar el improbable caso en que el violador demande visitas a la mujer que violó existen múltiples caminos razonables distintos y menos barbáricos que matar a su hijo. El dudoso ejemplo no es una razón atendible porque el fin no justifica los medios, y evidencia que la ley de aborto vigente no protege la vida del que está por nacer. Agradezco al profesor De la Maza (sábado) por conceder el punto.
Es curioso, no obstante, que cierto sector de la academia asuma la bandera de la autonomía para avanzar su agenda y luego abrace una suerte de determinismo histórico para oponerse a su revisión. Las conquistas del progresismo no constituyen obstáculos insalvables para la corrección de las injusticias (pensemos en el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Dobbs). Hace un par de años era extremadamente improbable pensar que en Chile existiría la oportunidad cierta para terminar con la aberración del aborto. Hoy están los votos y el peso de una responsabilidad moral histórica.
Álvaro Ferrer Del Valle
Director Ejecutivo de Comunidad y Justicia