Comunidad y Justicia

Opinión

Columnas y cartas del equipo de Comunidad y Justicia publicadas en la prensa.

¿Qué significa?

Señor Director:

Respondo al profesor Íñigo de la Maza (jueves): proteger, etimológicamente, significa cubrir o resguardar del daño exterior; para el nasciturus implica evitar los daños que le impedirían vivir y nacer. Estos son muchos y variados y no todos pueden ni deben evitarse. Pero hay un piso al que obliga el sentido común: omitir aquellos actos que deliberada y directamente procuran matarlo.

La ley que autoriza e incluso garantiza como prestación de salud los actos que directamente intentan y causan la muerte del que está por nacer (sea como fin o como medio) hace todo menos protegerlo. Es una aberración moral, sanitaria y jurídica. Eso es la ley de aborto vigente en Chile y, como injusticia gravísima, debe ser derogada.

Álvaro Ferrer del Valle

Director Ejecutivo de Comunidad y Justicia

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Matrimonio religioso

SEÑOR DIRECTOR:

La Comisión de Familia de la Cámara aprobó unánimemente un proyecto de ley que extiende el plazo de inscripción del matrimonio religioso, al sustituir el actual -de 8 días- por uno de 45. Al otorgar más tiempo, se disminuye una de las barreras que hoy tienen los creyentes que deciden celebrar su alianza matrimonial en sede religiosa.

Si se quiere expresar así, esto se trata de un asunto de derechos humanos, pues implica un avance en materia de libertad religiosa, facilitando el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio religioso.

Gustavo Baehr

Comunidad y Justicia

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La democracia y sus enemigos

El debate político de nuestros días manifiesta inevitablemente antagonismos, divisiones políticamente relevantes que determinan votos y alianzas… Pero hay quienes, llevados por un ingenuo optimismo, creen que existe un piso mínimo en el cual todos estaríamos de acuerdo: la democracia. La difícil democracia… esa palabra mágica que cubre todo discurso que toca de un aura mística de bondad inmaculada. Pero más allá de la cháchara panfletaria y los lugares comunes de la opinión pública, eso es falso, porque el acuerdo en torno al término de «democracia» no recae sobre un mismo significado. Y es que no todos entendemos lo mismo por democracia.

No es ningún secreto que países totalitarios -tomemos como ejemplo a la actual Corea del Norte- se autoproclaman democráticos, mediante términos como «repúblicas populares y democráticas» u otros análogos. Los 50 años del golpe han traído a la memoria hechos por los que Salvador Allende usó resquicios para vulnerar flagrantemente la Constitución y su esfera de competencia, perdiendo toda legitimidad -si no de origen, al menos de ejercicio-, pero la izquierda desde el púlpito del Gobierno sigue rindiéndole pleitesía a su supuesto “mártir de la democracia”. ¿Qué significa, entonces, esa democracia que tanto se busca? ¿Buscan realmente lo mismo los distintos “demócratas”?

Es necesario precisar los términos, precisamente porque este debate está más presente que nunca en la discusión constitucional. La palabra democracia no es unívoca, y por ende el argumento de que una propuesta nos lleve a “profundizar la democracia” o “democratizar los espacios” no necesariamente será razonable.

No es lo mismo la democracia como régimen -en nuestro régimen político la faceta democrática se aprecia sobre todo en aspectos procedimentales, como los plebiscitos y el carácter electivo de ciertas autoridades- y la democracia como ideología, que se erige como fundamento de nuestro sistema… o incluso, como muchas ideologías diferentes que de alguna manera le otorgan un talante cuasi divino a una supuesta voluntad infalible del pueblo. En efecto, el problema es la ideología, que funda ciertos discursos que usan el buen nombre de la democracia para promover una estrategia política.

Todo esto, que suena muy teórico, se refleja de modo muy concreto en la actualidad. La fracasada Convención Constitucional tuvo una clara inspiración ideológica en algunos postulados de la nueva izquierda, dentro de los cuales el aspecto “democrático” se refería sobre todo a los mecanismos de participación popular del proceso de elaboración del proyecto (algunos de ellos siguen presentes en el proceso actual), pero también en el texto rechazado. Por su parte, el anteproyecto de la Comisión Experta se presenta a sí mismo como una propuesta razonable y moderada y, sin embargo, también contiene elementos que se condicen con el ideal de radicalización de la democracia planteado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en Hegemonía y estrategia socialista. El elemento problemático sobre su visión ideológica de la democracia sigue presente.

La izquierda extrema no se caracteriza -como podrían pensar ciertos sectores de la derecha- por ser antidemocrática, sino por una comprensión particular de la ideología democrática, que es la que se trasluce en el anteproyecto que se discutirá. “La tarea de la izquierda -postulan Laclau y Mouffe- no puede […] consistir en renegar de la ideología liberal-democrática sino al contrario, en profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural”. Radicalizar la democracia no significa establecer mecanismos para dar seguridades a nuestro sistema político ni evitar caer en tiranías, “no es un tipo de régimen”, como señala el propio Laclau: significa promover la participación de nuevos “sujetos políticos” en la esfera pública -los llamados “colectivos LGBT”, grupos feministas, ecologistas profundos, pueblos indígenas, etcétera-, dándoles más representación de la que realmente tienen, de modo que se asegure un pluralismo de luchas contra el orden establecido.

En el debate constitucional se habla mucho de “democratizar”, e incluso el anteproyecto contiene mecanismos de participación popular distintos de los plebiscitos que en ciertos casos podrían ser vinculantes (por ejemplo, en el artículo 50 propuesto). ¿Qué problema tiene esto? Simple: promover mecanismos voluntarios de participación vinculante fomenta el surgimiento y la sobrerrepresentación de posiciones extremas -sobre todo las que sirven de banderas a la nueva izquierda-, en desmedro del pueblo real, cuya participación en el debate político es normalmente reducida. Y ese es precisamente el objetivo de la estrategia de la izquierda frenteamplista para construir una nueva hegemonía.

Más allá de las palabras bonitas, los consejeros deberán ser cautos cuando se propongan medidas peligrosas con el adjetivo “democrático”. Medidas que, en cierto sentido, fomentarán la participación, pero que no son deseables porque promoverán políticas contrarias al bien común, mentalidades subversivas y la satisfacción de intereses individuales en perjuicio del interés general. Es verdad que la participación comunitaria del sentido de lo justo y lo injusto constituye la Polis, como señala Aristóteles, y participar de la Polis es deseable… pero eso no implica entregar un cheque en blanco a ciertos grupos radicalizados que tendrán mayores posibilidades de participar de lo público.

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Los padres abandonados otra vez

Las subcomisiones de la Comisión Experta terminaron su trabajo y ahora el pleno debe ratificarlo. Por supuesto, no habría cambios mayores a lo ya aprobado, pero siempre hay una sorpresa. Esperamos que eso ocurra con el derecho de los padres, porque, nuevamente, salen perjudicados.

No se les menciona expresamente en los artículos sobre el derecho a la educación o la libertad de enseñanza. En el primer caso, se aprobó una enmienda acordada por todos los comisionados en la que no se incluía un literal referido a los padres, aunque sí se consideró relevante señalar que “los profesores son parte esencial del esfuerzo educativo de la Nación». ¿Y acaso los padres no? ¿No son los padres aún más esenciales que los profesores en la educación de sus hijos, fuera y dentro del hogar?

Por otro lado, en el artículo sobre libertad de enseñanza se mantuvo el literal aprobado en general: “Se reconoce el derecho y deber preferente de las familias a escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior”. Los problemas de esta redacción ya han sido comentados anteriormente, pero lo importante es que los verdaderos titulares son los padres y no las familias, que lo preferente es el derecho y no el deber, que no es solo el derecho a elegir la educación, manteniéndolo en el ámbito de lo formal, sino a educar, y que la inclusión del interés superior como un límite a este derecho obedece a una visión que antagoniza a padres e hijos.

Aunque existe una indicación que puede ser renovada en el pleno, que señala “siendo titulares de este derecho sus padres, madres o tutores legales, en su caso, y de acuerdo a sus propias convicciones morales o religiosas”, nada asegura que se renueve o, que, de hacerlo, se apruebe.

Ahora bien, es cierto que sí se aprobaron dos normas que se refieren a los padres en otros artículos. En el artículo sobre libertad religiosa, el literal c) establece: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a elegir que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Por último, en el artículo sobre deberes se indica que “todo habitante de la República tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos”. Sin duda que son normas positivas, pero no son ni pueden ser lo mismo que se debió incluir. En el primer caso, se trata de la educación circunscrita en el ámbito religioso, sin las notas sobre el deber y la preferencia ni que solo sea a elegir la educación, sino a educarlos en dichas creencias. En el segundo caso, se sustituye, nuevamente, al titular del derecho.

Y no, no es un desliz. Es una omisión grave. Por cumplir las bases, se saltaron la realidad y los tratados internacionales en una redacción totalmente regresiva.

En tiempos en que el Mineduc anda más preocupado por adoctrinar a los niños en ideología de género, en vez de preocuparse por resolver el desastre de la crisis educacional, los expertos de izquierda siguen la senda fracasada de la Convención. ¿Lleguemos a grandes acuerdos? Sí, pero no en cuestiones antropológicas esenciales como esta. ¿Respetemos e invoquemos los tratados internacionales para argumentar a favor de todo? Sí, pero no si se refieren a los padres.

Sin duda, el Consejo Constitucional tendrá una oportunidad de incluir una regulación correcta y robusta sobre el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.

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¿Qué significa ser “extremo”?

Las elecciones de consejeros dieron lugar a una oleada de llamados a la moderación dirigidos al Partido Republicano. Todos, desde el mismo Presidente de la República, pasando por Michelle Bachelet, hasta una serie de intelectuales y cabezas de la centroderecha. Se llama a no cometer el error que cometió la izquierda durante el proceso anterior.

Pareciera que la derecha tiene también dos opciones: firmeza o adaptación. Extremismo o moderación, según el relato que se ha impuesto. No obstante, es razonable distinguir: ¿moderación respecto de qué? Eso nos lleva a entrar en los dos elementos que definen la identidad de la derecha de la postransición: la defensa del llamado modelo económico neoliberal -con más o menos matices-, y la defensa de lo que es propio y tradicional de nuestra cultura chilena. Sobre ambos aspectos se puede ser extremo o moderado, y cabe preguntarse si para el pueblo es lo mismo o no, y en qué casos se trata de algo esencial para establecer constitucionalmente un orden político justo.

Es evidente que las pensiones fueron uno de los factores clave para el Rechazo y que la delincuencia y la crisis económica fueron relevantes para determinar los votos en la elección de consejeros, según cierta lógica de “voto de castigo” contra el Gobierno y la clase política. Pero no puede pasarse por alto un factor no menor: la plurinacionalidad fue el aspecto más visceralmente rechazado el 4 de septiembre, por herir el sentir patriótico popular, el impulso nacionalista identitario del Chile profundo, de raíces muy alejadas del rechazado texto pluriecológico, laico y no sexista. La derecha del Partido Republicano ha sido constante en la defensa de esa identidad chilena, de sus tradiciones y de sus valores. ¿Pero cómo conversa esto con el apruebo de entrada? La respuesta parece estar en que la gente pide moderación en la variable económica, y no en la moral.

La centroderecha debería darse cuenta de que la economía no basta y de las consecuencias negativas de sus pasados guiños al progresismo woke en materias culturales y sociales. Pero sobre todo el realismo le permitirá reconocer que este momento es (¡por fin!) favorable para no ceder en materias que son -o al menos deberían ser- objetivamente intransigibles, no negociables, y en cambio poner sus ideas sobre la mesa (más allá de cómodas consignas sobre seguridad). Es el momento de defender con fuerza lo más importante.

Sobran voces, entre los intelectuales de la centroderecha, llamando a la “moderación”, a no repetir el error de la Lista del Pueblo. En palabras de Pablo Ortúzar, “abandonar las pretensiones heroicas de la lucha total”, lo que se traduce en “mandar (…) a Donoso Cortés y a Carl Schmitt (…) al baúl de los recuerdos”. En aras de un “compromiso democrático”, han propuesto dejar de lado las convicciones de los pensadores “duros”. Buscar acuerdos, dicen todos. Sin embargo, ¿es realmente indiferente la materia respecto de la cual se discute? ¿Es que acaso basta con ser “moderado” para producir como por arte de magia un texto convocante, razonable y justo a la vez?

El estado actual del sentir popular clama por sus raíces (incluyendo las que se refieren a la dimensión espiritual de nuestra patria), por una identidad propia, por respeto a la institucionalidad y al orden público. Los triunfos del Rechazo y de las pasadas elecciones no reflejan un interés popular por una abstracta “moderación” o un “centrismo” indeterminado -como si lo meramente adjetivo determinase las convicciones de una persona-, sino un impulso de restauración de lo propio, de ciertas ideas que se han ido perdiendo, y que no son incompatibles con mayor justicia social.

El punto que debe ponerse sobre la mesa es que la moderación pasa no tanto por aprobar el aborto en ciertos casos -o por pasar en silencio respecto de ese tema-, o promover un reconocimiento a “diversos tipos de familias”, pues las clases populares no se identifican con esas demandas, y no parece sensato atribuir a ellas el triunfo del Apruebo de entrada. La gente se siente abusada día a día por empresas grandes -las multitiendas y sus tarjetas de crédito, las AFP, los bancos, entre otras- y gritó por un cambio profundo en el modelo económico, en busca de una mayor justicia social. La moderación que se debe exigir a republicanos se debería referir a ese punto: esconder a los libertarios y a los economicistas para conseguir un texto que, respetando las 12 bases, pueda asegurar estabilidad.

Para la derecha, es el momento de desempolvar las obras de Schmitt, Osvaldo Lira, Álvaro D’Ors y Donoso Cortés, de sacar de las repisas las obras de Novak, Rawls y Alan Jacobs para abrir espacio a pensadores menos conocidos, como Aleksandr Dugin, Juan Manuel de Prada y R.R. Reno. ¿Eso es extremo? Depende: ninguno de ellos defiende un modelo económico capitalista extremo, pero sí tienen un relato fuerte sobre identidad nacional y cuidado de las tradiciones. Llegamos al tiempo en el que se llama “extremo” a quien apoya marchas violentas, la cultura de la cancelación, la hipersexualización temprana de los niños y el aborto libre.

La derecha trató de seguir ese diagnóstico para fundar una “derecha moderada” mediante la fundación de Evópoli y la unidad en torno al piñerismo, pero fracasó. Y es que sí eran extremos en lo económico, que es lo que el pueblo quiere cambiar, pero en otras materias navegaron entre la ambigüedad y la aprobación de políticas progresistas. No parece descabellado pensar que el pueblo no quiere más volteretas ni ambigüedades, que están hartos de ser considerados parte del entorno de un sistema anónimo que no da respuesta a sus problemas porque no los vive, y que no defiende con convicción las ideas espirituales y culturales más nacionales porque su mirada cosmopolita prescinde de ellas. Defender las tradiciones, la vida, la familia y la libertad religiosa no es refundacional -el error de la Convención- ni extremo, sino todo lo contrario.

Se puede ser “extremo” o “moderado” respecto de distintas cosas; se puede ser “convocante” para los electores defendiendo cosas que los medios de comunicación llaman “extremas” (pensemos en la fuerte oposición popular a los proyectos de erotización de los niños, como los que se han presentado sobre educación sexual); pero, sobre todo, se puede ser “extremo” o “moderado” respecto de lo que es “justo” o “injusto”. ¿Es extremo defender la vida de los niños que están por nacer? ¿Es extremo defender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Es justo permitir que más niños no nacidos sean abortados? Y, por otro lado, ¿es convocante seguir defendiendo un modelo económico que ya no da para más? Como señaló recientemente Rodrigo Pérez de Arce: “La moderación no alcanza para constituir nada por sí sola”. Para UDI y RN es una buena oportunidad para moderar a republicanos en temas de justicia social, para producir un texto “aprobable”, manteniendo solidez en identidad nacional y moral pública (que no es algo “extremo”, como nos hacen creer las élites).

Republicanos no debería cometer el error de la Convención, pero el error de la Convención fue sobre todo la desconexión con las clases populares y su carácter refundacional. Republicanos debería moderarse respecto del modelo económico, que es lo que hartó a la gente. Pero no debería ceder en sus convicciones más profundas, que son las que dieron origen a su nacimiento, le han dado garantía a sus electores y le ha asegurado respaldo popular.

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Educación sexual: “¡Seguimos!”

SEÑOR DIRECTOR:

En este medio se publicó un listado de prioridades señalado por el ministro de Educación para la agenda legislativa de su cartera. Al respecto, resulta muy llamativa la obsesión del gobierno por imponer este tema en su agenda, no solo por impertinente en este momento político, sino también porque la imposición de una política uniforme de educación sexual desde un prisma ideológico determinado (“no sexista” fue la expresión referida por el ministro en esta ocasión) ya fue rechazada en el Congreso y también indirectamente en el fenecido proyecto de Constitución sometido a plebiscito el año pasado. Hoy ya existe educación afectiva y sexual, con respeto a la diversidad de proyectos educativos y al derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos, en conformidad con lo establecido en tratados internacionales y en la Constitución vigente.

Como dice el Presidente Boric: “¡Seguimos!”. Un bonito lema de campaña, pero en ocasiones parece manifestar más obstinación en el capricho que perseverancia en lo correcto.

Vicente Hargous

Comunidad y Justicia

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Hipersexualización a la chilena

Hace unas semanas, un profesor me comentó cómo los niños de cuarto básico veían y compartían pornografía en sus celulares al interior de los colegios. No es una novedad. Hace mucho tiempo que ocurre y en todo tipo de establecimientos educacionales. Destruida su inocencia y pervertida la sexualidad, quedan reducidos a consumidores cada vez más ansiosos de nuevo y peor contenido. Pero quitarles el celular no sirve. Basta que salgan a la calle, a las plazas, y vean lo que Chile les ofrece.

La normalización de la perversión sexual sigue sin tocar fondo. Los últimos cuatro años han entregado ejemplos horribles sobre la impunidad de quienes promueven y realizan todo tipo de actuaciones “disidentes”. 

El 24 de octubre de 2019, se realizó una marcha contra la dictadura sexual en las afueras de la Casa Central de la Universidad Católica, usando vibradores en una explícita performance sexual. En septiembre de 2021, el Consejo Nacional de Televisión recibió más de 600 quejas por la “rutina” en el programa Las Gansas que consistía en un acto post pornográfico sadomasoquista: a una activista transgénero le sacaron un rosario de su ano. Sodoma y Gomorra.

Pero el 2022 fue el destape total. En marzo, el mural del Parque San Borja con imágenes de sexo explícito de un colectivo erótico; en agosto, el show de transformistas denigrando la bandera nacional en un acto del Apruebo en el que participaban niños; en noviembre, se despachaba la Ley de Presupuesto, para que pocos meses después, María José Olea, periodista de FNM, denunciara el traspaso de $485.000.000 a tres fundaciones “culturales”, para pagar actos de porno trans. El año terminó con el destape de las tesis de pedofilia de la Universidad de Chile dedicadas “a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa” y “a los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman”. 

En febrero de 2023, el Ministro de Educación llamaba a una alfabetización en sexualidad y avanzar en su agenda ideológica. Marzo de 2023 comenzó con la noticia del financiamiento del Gobierno al colectivo “Las Clito”, titulado “Aprende a dibujar una clítoris” y recopilar información anatómica para promover diálogos sobre educación sexual integral en adolescentes, mujeres y personas con vulva. En abril, estalló el caso de los cuadernos Colón con orientaciones sobre las identidades sexoafectivas, incluyendo bisexual, queer, transexual, intersexual, etc. Abril terminó con una mujer semidesnuda durante un show, con niños presentes, en que ejecuta pasos de twerking del centro de salud de Talcahuano. “Breve”, pero incompleto resumen.

¿Qué piensa un niño que ve todo esto? ¿Cuál es el impacto que sufre? ¿Qué se puede hacer para comenzar a desandar el camino de la relativización y volver al respeto y cuidado de la moral y buenas costumbres?

En la Convención Constitucional la convencional Orellana, al comentar una norma sobre libertad religiosa, señalaba que se había decidido excluir deliberadamente los conceptos de moral y buenas costumbres porque “no deben ser considerados como motivos para restringir o limitar derechos precisamente por su característica subjetiva” o por ser conceptos difíciles de especificar. Estos son los resultados de darle la espalda al sentido común cuando demuestra que el exhibicionismo sexual pervierte, la ideología de género adoctrina y la corrupción moral aniquila a una sociedad. 

Chile sigue preso de una revolución sexual que solo se profundiza y ante la cual pocos se oponen. Y se está robando la inocencia de nuestros hijos desde la más tierna infancia. Ninguna ley ni (nueva o no) Constitución es el antídoto perfecto.

Se requiere un cambio en los corazones y un repudio al liberalismo y progresismo que nos han sumido en este basural de hedonismo. Un basural afirmado por películas y teleseries cada vez más eróticas, publicidad que cosifica cada vez más a la mujer, literatura para sonrojarse solo con el título y un largo etc. Una normalización cultural de la sexualidad deshumanizada.

Cuanta razón tenía San Juan Pablo II y sus 129 catequesis sobre la Teología del cuerpo al decir que el error de la cultura contemporánea no consiste en una exagerada apreciación del cuerpo y de la sexualidad, sino de ignorar y tergiversar el valor de la sexualidad. Si quienes promueven y realizan actos denigrantes como los mencionados, entendieran realmente lo que significa la verdadera sexualidad, comprenderían el daño que están causando al tratarla como un bien de consumo. 

Los niños ya no pueden esperar más. Y muchos ya han perdido su inocencia por culpa de los pervertidos, pero también por silencio de los tibios.

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Educación pública ¿laica?

La Comisión Experta decidió enfocarse en la discusión de las enmiendas presentadas a los capítulos aprobados en general. Desde el oficialismo, no solo propusieron consagrar que el Estado fuese laico y que ninguna religión es la oficial, sino que lo extendieron al ámbito de la educación pública. Lo anterior es un error, producto de una confusión sobre el rol del Estado y que afecta el derecho de los padres.

Veamos las tres indicaciones. La primera (Nº 56) busca añadir un nuevo inciso al artículo sobre libertad religiosa: “Los establecimientos educacionales que reciban aportes públicos no están obligados a impartir formación religiosa.”. La segunda (Nº 130) y tercera (Nº 138) indicación, presentadas al artículo sobre derecho a la educación proponen consagrar que “El servicio público educacional será provisto por establecimientos o instituciones estatales y laicas. (…)” y que “El Estado deberá crear, sostener y coordinar una red de establecimientos educacionales públicos, pluralistas y laicos en todos los niveles de enseñanza y en todo el territorio nacional.”, respectivamente.

Es decir, desincentivar la educación confesional en los establecimientos educacionales apoyados financieramente por el Estado y que la educación pública sea laica, integre o no la red de establecimientos a cargo del Estado.

Pero esto implica subordinar la persona al Estado. Es más importante que no existan dudas sobre la laicidad del Estado y de la educación que provee, que diseñar mecanismos que permitan la “mayor realización espiritual y material posible” de las personas (art. 2º del Capítulo de Principios -aprobado por los firmantes de las indicaciones).

Por supuesto, depende de la definición que se tenga sobre la laicidad. Una norma como esta no es común en nuestra historia constitucional, salvo por el proyecto de Constitución de la Convención Constitucional, cuyo artículo 9º señalaba: “Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley”, y que también obedecía a la estructura de primacía del Estado en todo orden de cosas. Por supuesto, y al igual que la Convención, para los mismos autores de las indicaciones, era coherente con una educación pública laica proponer que un principio de la educación fuese la “igualdad de género”.

Por tanto, es necesario volver a recordar los fundamentos del derecho a la educación y el rol del Estado en ella. El titular del derecho es el hijo. Ese hijo crecerá y desarrollará sus habilidades físicas, espirituales, sociales, etc., y los padres, por la naturaleza misma del vínculo filial, los guían y conducen a su bien integral.

Esa responsabilidad o deber es lo que da origen al derecho preferente del que gozan los padres (y no las familias, como propone el texto aprobado en general). Así, este deber-derecho lo ejercen ellos o delegando parte de este deber, referido a la educación formal, en otros, que suelen ser los establecimientos educacionales. La provisión del derecho a la educación no constituye un derecho propio del Estado, sino de una ayuda a las familias que lo requieran, sin afectar la formación que los padres quieran dar a sus hijos.

Por esto, el tipo de provisión o el pseudo desincentivo del financiamiento no pueden constituir condiciones que restrinjan la existencia de clases de religión en un establecimiento educacional. La finalidad del Estado es buscar el bien común, esto es, el bien de la persona en la comunidad. Esa búsqueda implica que el Estado debe promover las condiciones que permiten su realización.

La laicidad de la educación pública aparece entonces, como un obstáculo a los padres que, por razones geográficas o socioeconómicas, sólo tienen como alternativa un establecimiento educacional público. Por ejemplo, en aquellas localidades con menos de cinco mil personas en las que existe solo un establecimiento educacional y que es público, de aprobarse estas indicaciones, impediría que los padres creyentes de alguna confesión religiosa tuvieran la opción de ejercer su derecho preferente en igualdad de condiciones. Es decir, se generaría una desigualdad injusta en que se discrimina por creencias religiosas.  

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Educación sexual: un cambio cultural

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución mediante el cual solicitó al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley sobre “educación sexoafectiva integral” (del 19º distrito, votó a favor el diputado Felipe Camaño). 

Como una autosolicitud, el proyecto fue presentado por diputadas del mismo sector político de su destinatario. Claramente, con su aprobación, se pretende pavimentar el camino de entrada para un eventual proyecto de educación sexual, que ya se encuentra en la mente (y probablemente en los computadores) de distintas autoridades del Gobierno.

No obstante, esto es una acción más de una agenda que — lejos de querer establecer una simple política pública — desea provocar un cambio cultural vía Estado. Acompañado con el calificativo de “integral”, pretende elaborar un determinado modelo de educación sexual, que ignora toda consideración moral y religiosa; se vincula con las teorías del género; y tiene un claro enfoque hedonista.

Uno de los hitos más importantes de esta empresa fue la presentación de cuatro mociones con el objetivo de establecer un marco normativo en educación sexual. En 2020, fueron refundidas en un solo proyecto. Traicionando la supuesta neutralidad de este modelo, se establecían como obligatorios una serie de principios vinculantes para los programas de educación sexual, de todos los establecimientos de enseñanza. Uno de estos era su carácter «laico», mediante el cual se dejaba fuera toda consideración religiosa o moral acerca de la sexualidad. Este, junto a otros principios, afectaban el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza, entre otros derechos. Finalmente, el proyecto fue rechazado por la Cámara baja.

El intento de modificación cultural a través del Estado mostró su faceta más desatada en la propuesta de la Convención. En esta, la educación sexual se estableció como derecho fundamental de “toda persona”, y su enfoque en el placer y en las teorías del género se mostraron casi sin eufemismos (“disfrute pleno y libre de la sexualidad”, “reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad”, entre otras expresiones del art. 40 del proyecto).

Puede que ahora estemos viviendo uno de los hitos más significativos de este pretendido cambio cultural “desde arriba”, protagonizado — esta vez — por el Ejecutivo. El Ministerio de Educación se encuentra realizando las “Jornadas Nacionales hacia una Educación No Sexista”. Adicionalmente, es posible recordar que el mismo Marco Antonio Avila enfatizó en la supuesta necesidad de avanzar en una “alfabetización en sexualidad”. También, se debe tener en cuenta la distribución de cuadernos de JUNAEB, en los que se invoca el concepto de “educación no sexista” y se explica el acrónimo “LGBTQIA+” consistente en las «orientaciones sexoafectivas» y las “identidades de género no convencionales”.

Si uno analiza con detención los sucesos anteriores (ocurridos en un tiempo de no más de 6 años), puede concluir que, tal vez, el concepto más apropiado para vincularlos es el que ocupó el presidente del Colegio de Profesores, respecto al accionar de JUNAEB: el “cambio cultural”. Para este (intencionado) fenómeno, no importan las convicciones de las personas, ni tampoco los proyectos educativos. Lo único que merece valor es su modelo de sexualidad.

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Educación sexual

SEÑOR DIRECTOR:

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para impulsar la presentación de una política nacional de educación sexual, con base en argumentos falsos o, en el mejor de los casos, imprecisos.

Asume que la educación sexual es un derecho humano, a partir de lo cual pretenden derivar una necesidad imperiosa de legislar al respecto. Pero en realidad no existe ningún tratado ratificado por Chile en el que se establezca la “educación sexual” como un derecho, ni mucho menos una impartida según la uniformidad progresista (por ejemplo, con el epíteto de “no sexista”); antes bien, el derecho internacional expresamente reconoce el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones (cfr. CADH, PIDCP).

La iniciativa toma como ejemplo el proyecto sobre educación sexual rechazado en 2020, el cual contenía una serie de principios obligatorios para los establecimientos, que vulneraban el derecho preferente y el deber de los padres y la libertad de enseñanza.

El modelo propuesto -sin duda- traiciona la integralidad que se le desea imputar a un modelo de educación que no es neutral y que pretende dejar afuera un sinfín de factores sumamente importantes en la educación de los niños.

Vicente Hargous

Gustavo Baehr

Comunidad y Justicia

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