Seguridad: sobrerregulando desde el mundo de Bilz y Pap
Desde el 18 de octubre de 2019 hemos sido testigos de la violencia irracional en las calles, y los índices de delincuencia nos muestran cada vez con más impacto que algo estamos haciendo mal al (intentar) controlar el orden público. Quemas de iglesias en el sur, agresiones graves contra Carabineros, daños múltiples contra propiedad pública y privada, encerronas, homicidios en las calles del centro de Santiago.
Ahora se puso de moda condenar la delincuencia, pero el Presidente borra con el codo -indultos, protocolos que quitan facultades a policías, priorizar temas como el “día de la visibilidad lésbica”- las frases grandilocuentes que escribió y escribe con la mano… Palabras para quedar bien con las clases populares que claman por más seguridad y (hay que decirlo) más mano dura.
Palabras fueron también las del mismo Presidente siendo diputado, cuando romantizaba la revolución. Quizás lo más grave no son las palabras orales, que se las lleva el viento, ni los tuits (siempre hay un tuit), sino las normas jurídicas: el pasado 17 de marzo se hizo público que diputados y senadores de las comisiones de Seguridad, de Defensa y de Constitución se reunieron con la ministra del Interior para negociar al respecto. Según se anunció a la prensa, se pretende establecer por ley las reglas del uso de la fuerza, tanto para las Fuerzas de Orden y Seguridad como para las Fuerzas Armadas. La iniciativa se supone que será presentada durante la primera semana de abril.
Más que procurar el “mantenimiento y restablecimiento del orden público”, una vez más da la impresión de que se intenta impedir casi a cualquier costo que Carabineros mantenga o restablezca el orden público. Más allá de las condenas buenistas, lo cierto es que en la práctica nuestras Fuerzas de Orden no han tenido respaldo político y, por el contrario, se ha buscado deslegitimar su acción sin matices ni distinciones (y si miramos el Gobierno pasado, en esto tampoco la derecha está libre de pecado).
Existe una tendencia en ciertos sectores de pensar que el mal proviene de las estructuras, por lo que las soluciones a casi todo problema son las modificaciones estructurales: “refundar Carabineros” sería la solución para que como por arte de magia la fuerza pública controle el orden sin hacer uso de la fuerza; y para regular conductas individuales, esto se traduce en la redacción de normas (normalmente, protocolos).
Nos hemos llenado hasta el tope con protocolos en universidades, colegios e instituciones públicas. Pero la vida humana es rica en matices -matices de casos concretos que nunca un protocolo alcanzará a formular de modo general- y la libertad de cada persona humana es siempre capaz de transgredir las reglas establecidas. Se piensa que ciertos resultados (pensemos en el caso de las lesiones oculares durante el estallido) son inaceptables, así que se establece una norma para sobrerregular eventos que en realidad sólo se pueden resolver con la experiencia de un funcionario connaturalizado con el uso de armas en circunstancias adversas.
La propuesta del Gobierno probablemente no varíe mucho con respecto a lo que ya existe (como los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad), pero viene a confirmar la tendencia a quitarle al justo uso de la fuerza la legitimidad institucional que le corresponde.
Etapas de “acompañamiento y diálogo”, “uso previo de medios no violentos” y otras frases que, aunque razonables en abstracto, son inaplicables en la práctica… ¿Se debe comenzar por dialogar? ¿Alguien en su sano juicio se imagina a un funcionario acercarse a dialogar con una turba de manifestantes que se da el lujo de tomarse la calle sin pedir permiso a nadie? ¿A quién se le pasa por la cabeza que esos manifestantes normalmente estarían dispuestos a “dialogar”? ¿Cómo puede ser tal la desconexión con la realidad como para limitar a eso la proporcionalidad?
Como dijera Novoa Monreal -quien fuera asesor jurídico de Salvador Allende- la proporcionalidad del uso de la fuerza para una defensa legítima -y lo mismo vale para el restablecimiento del orden público- debe apreciarse teniendo presentes las circunstancias del caso, poniéndose en los zapatos del funcionario, “y no conforme a posteriori pueda lucubrarse en la apacible tranquilidad de un gabinete”.
Es fácil sentarse detrás de un escritorio en el Ministerio del Interior y escribir palabras bonitas en abstracto para el mundo de Bilz y Pap: se respetarán todos los derechos abstractos habidos y por haber de los violentistas… pero así ¿se restablece el orden? ¿Y qué pasa con los derechos concretos de los ciudadanos pacíficos que respetan las leyes?
Se asignan roles a observadores de derechos humanos y otros veedores de diversos pelajes (que más que experiencia en control de muchedumbres reales tienen conocimientos teóricos de catálogos de derechos). Se sobrerregulan las etapas para poder intervenir frente a acciones ilícitas. Y así se llega a una total incomprensión de la proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Pareciera que debería existir una igualdad aritmética entre los medios de la Fuerza Pública y los de los manifestantes: piedra contra piedra, palo contra palo, fuego contra fuego… Nada más absurdo: la proporcionalidad es la necesidad racional del medio para impedir o repeler hechos ilícitos graves. Pareciera que, al establecer pasos a seguir, se da a entender (y muchos así lo leyeron durante el estallido) que el uso de la fuerza como medida ultima ratio significa que debe necesariamente usarse después de haber realizado otras acciones, cuando en realidad significa que no existe otro medio posible, tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto, para restablecer el orden.
Hay sectores políticos que quieren congraciarse con todos, diciendo que “condenan tajantemente la violencia”, pero pretendiendo restablecer el orden sin roces, sin que pase nada. Por cierto, debe existir un equilibrio: el uso de la fuerza no puede ser desmedido para ser legítimo, pero la fuerza sí puede ser un modo legítimo de restablecimiento del orden, aunque cause resultados terribles… por la sencilla razón de que no vivimos en el mundo de Bilz y Pap.
La vida es compleja, y sobrerregular todo solamente dificultará la labor de nuestras Fuerzas de Orden, que son quienes, junto con los ciudadanos respetuosos del Derecho, pagarán el precio de esta incompetencia.
Vicente Hargous, abogado Comunidad y Justicia.
25 de marzo: el no nacido, las pensiones y el ecologismo
El 25 de marzo recién pasado, en todo el mundo, se celebró el Día del niño que está por nacer, reivindicando al embrión como persona humana y con derecho a la vida desde la concepción. En Chile, esto se cruza indirectamente con dos discusiones: la reforma de pensiones en el Congreso y la protección del medio ambiente en la Comisión Experta… Y sí, aunque usted no lo crea, ¡tiene mucho que ver!
En el primer caso, la crisis de los sistemas de pensiones se relaciona con diversos factores, pero uno que no suele considerarse es cómo promover factores externos que los hagan viables y cada vez mejores. Lo anterior se explica por una población de edad mayor cada vez más grande y una población de edad menor cada vez más pequeña debido a las bajas tasas de natalidad, lo que provoca que la tasa de reemplazo sea insuficiente para la sostenibilidad del sistema. En otras palabras, sin niños un sistema de pensiones nunca será sostenible. Pero jamás ha sido ese un punto a debatir sobre este tema, que pasa oculto entre números y consignas de No+AFP.
En España, esto fue un argumento que se analizó y algunos estudios concluían que sí había un impacto. Sostenían en 2005 que, si en el caso de una inmigración alta el incremento impositivo se ubicaba en un 18,4% y si el escenario de inmigración era bajo, el incremento llegaba hasta el 25,6%, pero con la reducción del aborto -anualmente, de 58.000 abortos en 1999 a 94.000 en 2017- la tasa descendía hasta un 17,6% (y 17,3% en el caso de lograr una tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer en edad fértil). En Chile, el índice de fecundidad ha seguido una tendencia invariable descendente desde 1998 con un 2,11% -margen justísimo para garantizar una pirámide de población estable- hasta un 1,54% en 2020.
En el segundo caso, una de las principales razones por las que se decidió incluir un capítulo nuevo sobre la protección al medioambiente fue la preocupación por las futuras generaciones. Al parecer, el bien jurídico protegido habría dejado de ser la naturaleza en cuanto sujeto de derecho y ocupar el lugar secundario que le corresponde en donde lo que se protege en primer lugar es a la persona.
Pero esto se contradice con una de las principales razones para no tener hijos. De acuerdo a un estudio realizado en 10 países y publicado en 2021 se le preguntó a 10.000 jóvenes de entre 16 a 25 años sobre su preocupación por el cambio climático —la ecoansiedad—un 39% manifestó sus dudas sobre tener hijos, lo que se condice con las políticas antinatalistas de grupos ambientalistas o con declaraciones de científicos que señalan la incompatibilidad de reducir el consumo global manteniendo un índice de reproducción en torno a 200.000 personas al día: “Si queremos coger menos aviones, consumir menos alimentos y bienes materiales, tenemos que ser menos”, señalaron. Esta es una de las razones en decisiones diarias, como la que tomó el animador Jean Philippe Cretton sobre realizarse una vasectomía: “El mundo tampoco está en la situación actual para traer gente al mundo. Es al revés, frenar un poco la máquina y uno aporta algo”.
Así, se plantea un falso conflicto en el que se contrapone persona y naturaleza. En realidad, la supuesta preocupación por las futuras generaciones es una máscara para esconder su verdadera preocupación: una naturaleza sin el ser humano.
Ambas situaciones se contraponen en cuanto a sus efectos, considerados solamente en su impacto económico. Promover la natalidad fortalecería la estabilidad poblacional y el funcionamiento de los sistemas de pensiones, pero, al parecer, aumentaría la contaminación de origen humano. Pero la solución no puede ser tan reduccionista.
El ser humano posee un valor por ser persona y no por su margen de contribución positiva o negativa en aspectos socioeconómicos y ambientales. El hombre es parte de la naturaleza y el medioambiente existe para la persona humana.
El 25 de marzo celebramos la dignidad de la persona humana desde el primer instante de su existencia.
Chesterton y Huxley se quedaron cortos
El precio de la locura progresista es caro. Arruina vidas, constriñe libertades y desnaturaliza sociedades. Jugando a ser dioses, Chile es un ratón más de su laboratorio. Por nuestra lejanía, las monstruosidades del primer mundo tardan en llegar. Y cuando llegan, uno recuerda esa famosa frase de Chesterton, la de las espadas y el pasto verde, y piensa que el viejo inglés se quedó corto con la analogía.
El primer mundo, construido sobre la civilización clásica y modelo de orden, desarrollo y prosperidad, se ha convertido en una auténtica vergüenza. Ni la economía más sustentable es capaz de compensar las leyes más absurdas. La leyenda de Calígula nombrando a su caballo como cónsul es un elogio a la racionalidad comparado a los absurdos casos de países europeos.
En Inglaterra, poco antes de Navidad, se multó a una mujer por rezar en silencio ante un abortorio. A inicios de este mes, se multó a un hombre por rezar en silencio frente al abortorio al que, 22 años antes, llevó a su ex novia para que abortara a su hijo. ¡Rezar en silencio! ¿La ley lo permite? Sí. Desde el 13 de octubre de 2022 existe una Ordenanza de Protección de Espacios Públicos, la cual prohíbe, entre otras, la lectura de las Sagradas Escrituras o persignarse. ¿Una novedad? No. Una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, en diciembre del año pasado, estableció que el gobierno de Irlanda del Norte puede castigar a quien, por ejemplo, rece en silencio dentro del “perímetro protegido” de un abortorio. ¡Delitos de pensamiento! Por supuesto, esto no importará hasta que sean otros los criterios que se elijan para censurar. Como el Ministerio de la Verdad de Huxley, los gobiernos progresistas prefieren regodearse en imponer su verdad, sustentada en una falsa libertad.
En Canadá, la eutanasia se legalizó en 2016 para los mayores de 18 años con una condición grave e irreversible y cuya muerte fuese razonablemente previsible (proyecto de ley C-14). En 2021, se amplió permitiendo la eutanasia por enfermedad mental. Si bien para agosto de 2021 se contaban más de 10.000 personas a las que se les aplicó la eutanasia, esta podría ampliarse nuevamente en 2023 a quienes no sufren una enfermedad terminal. Ha sido tal el nivel de preocupación que tres expertos en derechos humanos de la ONU señalaron que dicha ley violaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ley se ha descrito como “probablemente la mayor amenaza existencial para las personas discapacitadas desde el programa nazi en Alemania en la década de 1930”. ¿Eutanasia a voluntad? Más bien, eutanasia aún contra su voluntad.
Francia, a inicios del año pasado, aprobó una ley que agregaba un nuevo delito en el Código Penal, que sanciona “las prácticas, conductas o expresiones reiteradas encaminadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género, real o supuesta, de una persona y que tengan por efecto menoscabar su capacidad física o psíquica”. Los doctores que intenten tratar la orientación sexual o la identidad de género arriesgan dos años de prisión, 30.000 euros de multa y suspensión del ejercicio de la profesión por un máximo de 10 años. El “robo de la infancia”, como se le llamó a las transiciones tempranas de género por un medio centenar de personas de distintas profesiones, afecta también a los padres, pues no podrán oponerse. Si es que un padre quiere impedir la transición de género de su hijo, arriesga la revocación total o parcial de la patria potestad. Triste realidad que deja a los padres como espectadores impotentes ante el dolor de sus hijos.
Caminarán pisando huevos
El segundo proceso constitucional avanzó a la siguiente etapa: aprobación de la reforma constitucional. Comienza la tercera: elaboración del borrador constitucional, y comprende designaciones y elecciones, instalación y trabajo de los expertos y consejeros.
A lo largo del año se enfrentarán distintos ejes políticos, surgiendo nuevas alianzas, desapareciendo otras y continuando las más sólidas. Existen tres ejes: oposición vs. oficialismo, apruebistas vs. rechacistas y acuerdistas vs. no acuerdistas. Los integrantes de cada postura pueden resultar rivales en uno y aliados en otra, y uno de ellos se impondrá en el proceso constitucional.
Cronológicamente, el eje de oposición vs. oficialismo se formó poco antes del eje apruebistas y rechacistas, con los mismos partidos políticos en cada bando, salvo la DC. El eje de oposición vs. oficialismo subsiste, pero el de apruebistas y rechacistas fue sustituido por el de acuerdistas vs. no acuerdistas, cambiando la configuración de sus integrantes.
Chile Vamos se separó de Republicanos, el PDG no firmó el Acuerdo y existió una porción del Apruebo, cercano a las posturas más radicales del Partido Comunista y del Frente Amplio, que cuestionó la legitimidad el Acuerdo del 12-D, por su excesivo control y tutelaje y la ausencia de participación ciudadana incidente. En el itinerario político, dentro y fuera del proceso constitucional, se producirá el choque entre estos ejes.
Pero el eje acuerdista cuenta con dos posiciones ganadas, pues la integración de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad será en representación de las fuerzas políticas. En la designación de los expertos, según algunos cálculos aproximados, se imponen los acuerdistas: la UDI, RN y Evópoli tendrían, entre la Cámara y el Senado, 10 de los 24 cupos, y el PS, PPD, PR y PL contarían con 6 cupos, ambas coaliciones tendrían los 3/5 (14 votos) necesarios para aprobar normas, y podrían excluir a los 6 cupos de Apruebo Dignidad, aun cuando haya firmado el Acuerdo a regañadientes.
Los partidos de Socialismo Democrático deberán saber navegar entre los compromisos con la centroderecha para tener una Constitución de consenso, y al mismo tiempo lidiar con los intentos refundacionales de Apruebo Dignidad, pero sin que signifique romper la coalición de Gobierno. Así, el eje acuerdista no será un problema para la derecha en esta instancia.
En cambio, deberemos esperar a la integración del Consejo Constitucional para comprobar la subsistencia del eje acuerdista, y en esto, las alianzas y listas serán decisivas. ¿Chile Vamos irá solo o con Republicanos? ¿Evópoli estaría dispuesto a ello? ¿El PDG se juntará con Republicanos, el centro o Chile Vamos? ¿Con quien irá la DC finalmente? ¿Socialismo Democrático pondrá por delante su proyecto político o la fragilidad de la coalición de Gobierno? ¿Cuántas listas serán? ¿Tendremos un resultado abrumador como el plebiscito de entrada, la elección de convencionales o el plebiscito de salida hacia el Rechazo?
Todo se reduce a que se elijan o no los 30 consejeros del eje acuerdista. Si es que no lo logran, entonces la negociación en el Consejo será más intensa y los expertos acuerdistas intentarán hacer de contrapeso. Lo anterior ocurriría si la participación de Republicanos, Amarillos y PDG aumenta en el Consejo, y disminuye la de Chile Vamos, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
Como el objetivo final es tener un proceso prolijo que termine con una nueva Constitución «mínima y neutral» aprobada con un porcentaje mayor al Rechazo del 4-S, Chile Vamos y Socialismo Democrático se encontrarán en una posición delicada, si es que entre ambas fuerzas logran juntar los 3/5. La UDI y RN deberán conversar con Republicanos y dar señales a las bases menos acuerdistas, mientras que los socialistas y compañía deberán controlar que comunistas y frenteamplistas no cometan los mismos errores refundacionalistas de la Convención.
La fracasada alianza entre RN, Evópoli, Colectivo del Apruebo y Colectivo Socialista de la Convención, tendrá una segunda oportunidad de reflotar la política noventera de los acuerdos, junto con la UDI. Pero en el caso de no existir los 3/5 acuerdistas, la probable integración política del Comité Técnico de Admisibilidad garantiza que las normas no acuerdistas que arriesguen el Apruebo sean vetadas y que los requerimientos por normas acuerdistas sean rechazados.
Paralelamente, el Socialismo Democrático deberá lidiar con la gestión del Presidente. Y aquí se produce una serie de causas y efectos bastante curiosos. En el proceso pasado, se acudió a la mala gestión presidencial (y a su programa de Gobierno) como un argumento para rechazar, y según las encuestas, tuvo efecto.
Por segunda vez, el Presidente amarrará, quiéralo o no, su gestión a la posibilidad de terminar con la Constitución del 80. Si se mantiene la alta tasa de desaprobación, se acuñará un exitoso mensaje comunicacional que vincule la firma del Presidente a la nueva Constitución con su paupérrima gestión.
Pero para mejorar los números, deberá renunciar a sus aspiraciones “transformistas” y plegarse a las ideas que son más propias de la derecha. A su vez, deberá contener las iniciativas populistas que dañan a la economía, pero son apetecidas por gran parte de la población.
Niños, víctimas de la corrupción ideológica
Los niños desertan de la educación. Si van, no hay clases por la inseguridad (tomas en Santiago o terrorismo en La Araucanía). Si hay clases, en muchos casos, los corrompen. Para que estudien o para que no sean ideologizados, algunos padres deciden sacarlos. Es un círculo vicioso.
Los niños están expuestos a una ideologización corruptora. Es ideológica porque se sabe poseedora de la clave del verdadero ser de la persona y de la sociedad, pasando a ser la única interpretación completa y válida. Es corruptora, pues significa un deterioro de los valores y costumbres, y en el caso de los niños, de su inocencia.
La ideologización corruptora tiene dos corrientes principales, una política y otra de género. El adoctrinamiento político se manifiesta principalmente en las clases de historia y educación cívica, ocupadas como semilleros de ideas revolucionarias y legitimación para protestar violentamente por las más diversas causas. El adoctrinamiento de género ocurre en las clases de biología, de lenguaje y de educación sexual, en donde se inculca que la ciencia -al igual que el derecho- es un dato dúctil a la subjetividad, que lo inclusivo -y obligatorio- es ocupar los pronombres que cada uno decida y que la sexualidad depende, en última instancia, de la propia autopercepción. Ambos tipos de adoctrinamiento se aplican hoy en día, con diversa gradualidad e intensidad, en los establecimientos educacionales.
Dentro del adoctrinamiento de género, se enfatiza un pilar central: la concepción de una autonomía y libertad total sobre su propio cuerpo. Una consecuencia de esto es la relativización del consentimiento sexual por los menores de edad. En palabras de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero: “Todos los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber, que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho que a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento.”.
Pero quienes defienden estas posturas, amparados en los “estudios de género”, no se hacen cargo de las últimas consecuencias que tienen la aplicación de estas teorías. El último caso que sacudió al país fue el descubrimiento de dos tesis de la Universidad de Chile que promovían la pedofilia, amparándose en estos conceptos ideológicos.
Pero no es solo al interior de las escuelas en donde los niños están expuestos a una corrupción de su inocencia, sino que los lugares públicos también son motivo de preocupación. Basta repasar algunos eventos del año pasado: en marzo, el mural del Parque San Borja con imágenes de sexo explícito elaborado por el colectivo artista erótico OjoPorno, y la propuesta de norma constitucional de la Convención sobre el derecho a una única educación sexual integral enfocada en el placer y desde la primera infancia; a fines de agosto, el acto por el Apruebo en Valparaíso que terminó con un show familiar de transformistas denigrando de forma obscena la bandera frente a los niños presentes; o en diciembre, la performance en el GAM “Cuerpa roja”, promocionado “¿Quieres explorar el potencial del cuerpo? Este es un estreno de diseño en movimiento y corporalidad, que explora en identidad, género y las posibilidades de un nuevo ser”.
Todos estos hechos fueron ampliamente difundidos y conocidos, pero que, a lo largo del año, ocurrieron una y otra vez.
La cultura, la educación y la política borran con el codo lo que escriben sobre la protección de los niños, de modo que estos, una y otra vez estarán expuestos a ser ideologizados. Los padres y apoderados son cada vez más conscientes de esta marea que avanza dentro y fuera de sus hogares, pero en vez de recibir apoyo, se destruye legislativamente la patria potestad y su obligación de educar a sus hijos.
El calvario para llegar a una nueva Constitución
El proceso para tener una nueva Constitución consta de varias etapas y los políticos recién terminaron la primera. Las conversaciones y decisiones que se han ventilado anticipan un proceso bastante más complejo y controlado. Pero ese afán de impedir fisuras que posibiliten un Rechazo 2.0 abre nuevas dudas y deja cabos sueltos. Aun con el acuerdo, las contingencias surgen en cada etapa y cada una afectará, en mayor o menor medida, el resultado del plebiscito de salida.
Firmado el acuerdo, se elaborará el proyecto de reforma constitucional, tal como en 2019. Tendrá el desafío de tener, en un tiempo acotado, una discusión sobre las 12 detalladas bases que establecen un mínimo protegido.
Lo anterior no es menor, pues existirá una mayor posibilidad de judicialización del proceso. Por otro lado, en una de las sesiones de la Mesa Técnica de 2019 se afirmó que, ante un fracaso del proceso, sería necesario un nuevo acuerdo político para seguir con el proceso constitucional. Pues bien, si fracasa el segundo proceso, ¿existirá un tercer acuerdo político? ¿Esta segunda oportunidad, es la última o siempre se podrá invocar el comodín del plebiscito de entrada del 25-O? Por último, ¿el proyecto de reforma contará con una norma similar al inciso final del artículo 142 de la Constitución vigente y una promesa de cerrar el tema, cualquiera sea el resultado?
Redactado el proyecto de ley, el Congreso deberá abocarse, rápidamente, a su tramitación. Pero la elección del presidente de la Cámara de Diputados o del Fiscal Nacional en el Senado no son señales que aseguren su aprobación.
El sabor de ser el voto decisivo ha sido probado por demasiados, independientes y partidos nuevos o quebrados, y sin duda lo harán valer. ¿Garantías de ordenar coaliciones, bancadas o partidas? Pocas o ninguna: retiros del 10%, acusaciones constitucionales, estados de excepción, plebiscito de salida y elecciones administrativas constituyen importantes precedentes. Por otro lado, ¿se respetará el acuerdo o existirán proyectos de ley que alteren las reglas del juego como ya ocurrió? Hasta el momento se ha denunciado esos errores, pero ¿se incluirán en el proyecto de reforma?
Aprobada la reforma por el Congreso, el camino se bifurca: nombramiento de los expertos para que trabajen en un anteproyecto y de los árbitros del proceso, y elección de los consejeros constitucionales.
La soberanía popular será bypasseada, y no solo por excluir un plebiscito de entrada. Ya conscientes del problema que generó no tener un control estricto y cercano sobre las candidaturas, los partidos evitarán malas sorpresas y propondrán pocos e intachables nombres. Nosotros, el pueblo, no seremos expuestos a listas interminables de candidatos, ya que los partidos nos harán el trabajo, presentando un ramillete de opciones cuidadosamente elegido y revisado. Por supuesto, un requisito para el trabajo, aparte de la docilidad, será no ser bueno para el show.
La Comisión Experta elaborará un anteproyecto, aunque nada se dice en el acuerdo sobre el reglamento, procedimiento e insumos que ocuparán, salvo el quorum de 3/5, y habrá que esperar la decisión del Congreso.
El Comité Técnico de Admisibilidad tendrá su primer trabajo, si es que 10 expertos recurren a él. Sin embargo, se trataría de un órgano que revisaría la compatibilidad con las bases constitucionales una vez votadas, y no presentadas, como pareciera que sugiere su nombre. Convendría aclarar que también tendrá facultades para resolver las reclamaciones por vicios formales o si se mantendrá la acción del artículo 136 del proceso anterior.
Para abril de 2023, los expertos tendrán a la vista la integración del Consejo Constitucional y es probable que la votación de las normas cruciales se retrase para un momento posterior a esa fecha.
Si bien los integrantes del Comité y la Comisión son designados por el Congreso en proporción a las fuerzas parlamentarias, el Consejo puede resultar integrado con una proporción favorable a las fuerzas políticas que no gozan de una gran representación parlamentaria. PDG y Republicanos analizarán la fórmula que les garantice una mayor representación en el Consejo, considerando su influencia en el norte y sur de Chile, respectivamente.
Pero Amarillos y Demócratas siempre pueden sorprender. Electos los convencionales y aprobado el anteproyecto por los no expertos, el trabajo tomará un rumbo cínico y monótono. Lo esencial ya estará decidido, por lo que las modificaciones que se aprueben no serán sustanciales y los expertos tendrán su poder de veto al final del proceso. En esta etapa, el control de los partidos será mayor para evitar a toda costa episodios como el de Rojas Vade o Elsa Labraña, o normas maximalistas, absurdas o impertinentes que auguren el enojo de los votantes. Basta que exista un solo episodio, y ni siquiera tan grave, para echar todo el trabajo por la borda.
La vara de paciencia de la ciudadanía, en medio de una crisis de seguridad y economía, será alta y no estará dispuesta a aguantar que se rían en su cara… por segunda vez.
Redactado y aprobado en su totalidad el proyecto de Constitución por los consejeros, antes del plebiscito de salida, la Comisión Experta lo revisará. Si no les gusta o lo consideran “refundacional” o “neoliberal”, pero a la ciudadanía (o a las encuestas) sí, ¿Se atreverán a realizar modificaciones profundas y oponerse a lo decidido por los consejeros o escucharemos una nueva versión de “La ley lo arreglará”?
Cuidados Paliativos
Les dejamos a continuación esta carta de Rosario Corvalán de nuestro Equipo Legislativo, publicada en La Tercera el 24 de junio.
Señor Director:
El pasado 22 de junio se aprobó en general, en el Senado, el proyecto de ley sobre cuidados paliativos. Si bien reconocemos que este proyecto necesita ser mejorado, celebramos este avance pues dicho proyecto es sumamente necesario.
Los cuidados paliativos son realmente una respuesta integral frente a la enfermedad del paciente: consideran no solo el alivio sino la prevención del sufrimiento, no solo el aspecto físico sino también el espiritual, no solo al paciente sino también a su familia. Sin embargo, actualmente los cuidados paliativos son un derecho solo para los pacientes con cáncer, no hay suficiente presupuesto ni suficiente personal capacitado para otorgar dichos cuidados.
De forma paralela se tramita un proyecto de ley de eutanasia, que permite que el paciente pueda “elegir” terminar o no con su vida, pero éste ni siquiera considera los cuidados paliativos como requisito para acceder a la eutanasia.
Esperamos que el proyecto de cuidados paliativos sea aprobado rápidamente, pero debemos ser claros: la aprobación de los cuidados paliativos universales no puede ser una excusa para apoyar un proyecto de ley de eutanasia. Al contrario: este proyecto debe verse como la alternativa correcta frente al sufrimiento humano, la realmente compasiva y realmente respetuosa de la dignidad de toda persona humana, sin importar su edad o su enfermedad.
Rosario Corvalán
Equipo Legislativo, Comunidad y Justicia
Matrimonio Igualitario
Dejamos a continuación esta carta de Rosario Corvalán de nuestro Equipo Legislativo, publicada el 10 de junio en la Tercera, en respuesta a la carta del académico Gonzalo Quintana publicada en el mismo medio.
Señor Director:
Es fácil refutar un argumento cuando se lo distorsiona. En su carta de ayer, Gonzalo Quintana pretende hacerse cargo de la postura de quienes nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se equivoca al “citar” nuestra postura. Quintana tilda de sesgado y limitado el decir que “el objetivo principal del matrimonio es la reproducción”. Acto seguido, menciona algunas ideas que suponen que sostenemos que el único fin del matrimonio es la reproducción, cuando en realidad el matrimonio no tiene un único fin.
Luego, dice que este argumento sería sesgado porque “no es necesario estar casado para formar una familia”, como si eso de algún modo refutara que uno de los objetivos principales del matrimonio es la procreación. Además, señala que un matrimonio que no procrea puede adoptar. Por supuesto. Y esa adopción tiene como objetivo recrear el vínculo que existía entre el niño y sus padres biológicos, por lo que se dice que la adopción es una “filiación de imitación”. Quintana convenientemente olvida ese punto.
Finalmente, hace una enumeración exhaustiva de problemas actuales de las parejas heterosexuales, pero olvida mencionar qué relación podría tener esta constatación de hechos con la conveniencia o no de legislar sobre matrimonio entre personas del mismo sexo.
Para que los debates puedan ser fructíferos es esencial citar la postura contraria de modo fidedigno, si no, las discusiones se tornan caricaturescas y poco serias.
Rosario Corvalán
Equipo Legislativo Comunidad y Justicia
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Foto de Canva
Así funciona el mercado
Les dejamos a continuación la columna de Vicente Hargous, Investigador de nuestra Corporación publicada el 21 de mayo en El Mostrador.
―«Lo que pasa es que no sabes economía: así funciona el mercado». Respuesta usual de los paladines del neoliberalismo frente a quienes osan criticar el mecanismo principal que mueve las estructuras de su sistema: la usura. Una burda falacia ad hominem (tildar de ignorante al disidente) seguida de otra más elaborada, cuya frecuencia revela los puntos ciegos de la derecha liberal y la estrechez de visión de ella para comprender fenómenos sociales, al procesar toda su complejidad con códigos económicos (similar a la ceguera de la izquierda progresista para comprender la centralidad de la familia en el orden social).
―«La economía es así: todas las inversiones usan intereses». Eso es falso; también existen, por ejemplo, inversiones mediante compras de acciones. Pero más allá de ese detalle, la economía no lo resuelve todo. Ella tiene, desde luego, un lugar en esta discusión: describe ciertos procesos sociales, es decir, estudia lo que de hecho suele ocurrir en las conductas económicas (libres) de las personas, ciertas tendencias, con modelos de predicción matemáticos. Este conocimiento es real, pero incompleto, pues toda acción humana, voluntaria, puede ser justa o injusta. Los economistas afirman la tendencia a que los acreedores actúen de una manera determinada si se les prohíbe cobrar intereses más altos a los pobres (el «interés por riesgo», usura que clama al Cielo por su aberrante injustificación), pero de ahí no se sigue ―ni es posible que se siga― que lo que de hecho ocurre sea justo. De esta manera, que el interés tenga un impacto económico nada dice de su licitud: lo esencial a cada acción humana en materias económicas está definido por la justicia o injusticia del intercambio (no sólo de la «justicia social», tan repudiada por los liberales, sino por estricta justicia conmutativa).
―«Esta es una cuestión técnica: así funciona el sistema económico»: ¿y el narcotráfico? Contribuye a la libre circulación de los bienes, ¿es ético por eso? un narco puede comprar autos, casas, viajes y muchos bienes, que contribuirían a fomentar la producción económica… genera beneficios sociales, pero ¿cuánto daño genera a la familia, a la juventud y a la salud física y mental de las personas? Son cosas distintas, pero el argumento que se usa en el caso del préstamo a interés también se podría usar para justificar el narcotráfico.
―«Así es la economía: el interés por riesgo es necesario para que funcione»: ¿y la esclavitud no era necesaria en la Antigüedad? Es verdad que la economía chilena en su estado actual debe permitir la usura para presentar de manera competitiva sus portafolios de inversión, pero la esclavitud también era central en cualquier economía de la Antiguedad: las galeras funcionaban con esclavos remeros, las construcciones de ciudades y carreteras también usaban esclavos, al igual que la extracción de materias primas y un largo etcétera. Prohibir la esclavitud habría significado un encarecimiento de costos y una pérdida considerable de posición frente a otras naciones o ciudades, es decir, una pérdida económica (y más aún, prohibirla de la noche a la mañana habría llevado a un verdadero colapso económico)… pero eso, ¿justifica la esclavitud? ¿Dónde quedaría, así, la dignidad de la persona? El caso de la esclavitud no es idéntico al del préstamo a interés, por supuesto, pero de hecho se ha buscado justificar la esclavitud en otras épocas por razones económicas.
Esta falacia economicista ―«así funciona, así es, así se hace»― es una muestra de la conocida falacia naturalista, según la cual se extrae una conclusión normativa (un imperativo) a partir de premisas descriptivas. La pregunta no es si, de eliminarse una práctica injusta ―la usura―, se encarecen o no los costos o si hay pérdidas, sino si estamos frente a una economía humana. Al igual que con la esclavitud, es necesario retroceder paulatinamente hasta que la usura sea prohibida una vez más, para que tenga lugar una auténtica restauración del orden social y, usando las palabras del Papa Francisco, de una economía verdaderamente humana.
El baile de los que sobran
Les dejamos a continuación la columna de Rosario Corvalán de nuestro Equipo Legislativo publicada el 20 de mayo en La Tercera.
Con convencionales constituyentes electos, se puede empezar a especular cómo será el panorama de los próximos meses en el ex Congreso. Es claro que hay un sector que comienza este “diálogo” en desventaja; la derecha y la centro derecha – por llamarlas de algún modo – no lograron ni el tercio necesario para oponerse a la voluntad de los dos tercios restantes (y ese propósito era ya bastante mezquino).
Ante este escenario ¿qué les queda? Una alternativa es sentarse a mirar. Tomar una buena butaca en el ex Congreso y, como en un circo romano (o en un circo ruso o chileno), presenciar casi a modo de público lo que se haga y deshaga, sin posibilidad alguna de proponer u oponerse.
Otra opción sería, para subirse al carro (¿de la victoria?), ceder en algunos puntos de modo tal de estar de acuerdo con quienes obtuvieron la mayoría en esta Convención, y así contribuir también a la conformación del texto. No vaya a ser que se los tilde de reaccionarios.
Creo que hay una opción algo más sensata. No debe verse como una opción intermedia entre ambas, sino simplemente distinta, sin ser espectador ni camaleón. El espectador podría cumplir el rol de ser un vocero de lo que está pasando en la Convención (“¡hoy se incumplió el reglamento!”, “¡hoy se dejó fuera tal o cual derecho!”), y el camaleón podría cumplir el rol de, al final del proceso, decir que “la derecha también contribuyó en la redacción de la Constitución”.
La tercera vía sería entender que hay ciertos aspectos en los que se puede negociar, y ciertos aspectos en los que no. Para eso, los convencionales de esta minoría llamada derecha, deberán entrar con claridad sobre aquello, comprendiendo que, si lo que se busca es que esto sea una instancia democrática, la democracia -como decía un gran profesor de la Universidad- “es algo más que contarnos” (algo más que contarnos, restarnos, dividirnos, corregirnos…en fin, aplicar la compleja fórmula del sistema proporcional).
Estos mínimos no negociables no son sinónimos de “no discutibles”. Se pueden discutir e incluso con la honestidad intelectual suficiente no solo para persuadir sino para ser persuadido. Pero si ello no se logra, si ni estos ni aquellos se mueven, en conciencia, de su postura original, no podrá transarse un derecho por otro, un artículo por otro (“apruébame esto y te doy los votos para esto otro”… por no decir “redáctame bonito el derecho a propiedad y cedo el derecho a la vida”).
Especialmente en la parte orgánica de la Constitución, habrá muchísimos temas de definición prudencial, de gran relevancia, por cierto, pero con diversas formas de ser “aterrizados”. En lo que respecta a derechos fundamentales y ciertas bases de la institucionalidad, no parece haber demasiado espacio para grises. Más bien, parecen aquí aparecer los “mínimos no negociables”; el derecho a la vida –sobre el que se fundan todos los demás–, a la libertad de enseñanza, a la educación, a la libertad de conciencia y de religión, la familia como núcleo fundamental de la sociedad (o una expresión similar) y el matrimonio como aquella institución en que se funda la familia, a la salud, a la igualdad ante la ley. “¿Y qué sentido tendrá no ceder ni un poquito en estos temas, si somos minoría?” Al menos tendrá más sentido que negociar en temas por los que, precisamente, se luchó por llegar a ese escaño.